Pisos para todos,

El precio de la vivienda en España está desquiciado por el desajuste entre una oferta insuficiente y una demanda incapaz, un esquema de encarecimiento de cualquier bien en la relación de intercambio en un mercado, tanto en uno libre como en otro que esté moderado por la intervención gubernamental. La demanda inversora o por pura necesidad excede y multiplica a la oferta de viviendas, particularmente en las urbes de cierta dimensión y en las doradas zonas costeras. Por ende, nada tienen en común la demanda de un individuo asalariado con la de quien invierte aquí o allí sin fronteras. La inmigración es, en esto, un factor secundario frente al empuje del turismo, que constituye un notorio multiplicador de los precios. En la oferta, el coste rampante de los materiales constructivos y de la mano de obra, junto con la falta de suelo residencial, desincentiva a las promotoras y edificadoras, empresas a las que no les salen los números y que racionalmente se inhiben.

La demanda aspirante a casa es varias veces mayor que la oferta. El precio resultante de ese desequilibrio resulta prohibitivo para los particulares de a pie y sin músculo familiar. Un mercado promisorio para quien cuenta con ahorro o patrimonio; no digamos de los fondos planetarios, intrazables y apátridas. Una mayoría débil frente a una minoría poderosa. Se trata de la clásica dialéctica entre el libre mercado y la necesidad de tener unas paredes donde habitar. Con un Estado canino: es una gran ausente la promoción pública en el sector, sea de protección fiscal y financiera, sea gratuita. El derecho a la vivienda es un desiderátum constitucional cada día más ajeno a los ciudadanos. La liberación vigilada del suelo se antoja clave. Los alquileres desquiciados son una natural consecuencia de un mercado de insoportable imperfección. Inflacionario patológicamente en la España de aluvión; mortecino en la “vaciada”.

En una continua e improductiva sucesión de frentes electorales, asistimos a la enésima edición de trolas sobre la creación de viviendas por parte de los partidos. Promesas infames que quedan en nada, porque nada es lo que no se puede conseguir. El Gobierno anuncia un Fondo Soberano que va a crear chiquicientas casas nuevas, hasta 15.000 al año con una dotación de 23.000 del ala... ¿De dónde saldrán? ¿De fondos europeos no consumidos? ¿O del tararí que te vi mitinero y programático? ¿Quién auditará esos propósitos sobre unos Presupuestos crónicamente inexistentes? Parole, parole, cantaba Mina.

Nada nuevo: las cada vez más dilatadas eras de campaña prometen humo acerca del acceso a la vivienda, hecho quimera de usar y tirar. Por la oposición aspirante, pero, sobre todo, por quien, ostentando el poder, no hizo apenas nada mientras pudo. Con el debido control público, liberar suelo terciario para hacerlo residencial es clave. No expropiar, no prometer mentiras. La vivienda debe ser el objeto de un gran pacto competencial y nacional que incluya a los constructores. Y no la nueva carnaza ávida de votos y cainita de una política antipatriota. Antidemocrática, si preferimos decirlo así.