El Defensor de Pueblo ha mostrado sus discrepancias con la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras a la hora de haber tramitado la Evaluación Ambiental del dragado del Mar de Isidro tras una denuncia presentada por la federación vecinal Fapasca. El Defensor entiende que el documento tenía que haberse solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y no a la por entonces Consejería de Medio Ambiente, por lo que en su resolución advierte de que estará pendiente de que los certificados los expedirá la Dirección General de Diversidad. 

Según el documento remitido a Fapacsa, la APBA pidió expresamente a la Consejería de Medio Ambiente el certificado de no afección a la Red Natura 2000 y tácitamente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, mientras que el Defensor entiende que según la jurisprudencia constitucional, "corresponde a la Administración General del Estado los informes de afección a las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) del Estrecho Oriental". 

"La APBA debería asegurarse de que los certificados se expiden por el órgano competente para ellos y solicitarlos a la Dirección General de Biodiversidad, no a otros órganos. Las omisiones advertidas podrían subsanarse ahora, a la vista de los cambios estructurales habidos en el Ministerio, lo cual no ha sido atendido por la APBA", indica el Defensor del Pueblo. 

El escrito indica que al no haber sido posible una resolución de la APBA "adecuada a la propuesta formulada por el Defensor, el asunto se incluirá en el informe anual a las Cortes Generales y da por finalizadas las actuaciones con la Administración". El Defensor también ha iniciado actuaciones con la Demarcación de Costas de Andalucía-Atlántico para comprobar su el expediente se ha remitido a la Dirección General de Biodiversidad.