La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha recibido más de 450 solicitudes de ayuda de profesionales del sector pesquero y marisquero afectados por la presencia y proliferación del alga invasora rugulopterix okamurae en el litoral de Andalucía.

Estas peticiones se refieren a la segunda convocatoria promovida por la Junta para hacer frente a una situación que "ha sobrepasado a un sector clave para la economía de la comunidad autónoma y que, desgraciadamente, no está recibiendo apoyo por parte del Gobierno central", según la consejera Carmen Crespo.

El alga fue detectada por primera vez en el área del Estrecho de Gibraltar hace ahora una década. Desde entonces, la colonización se ha extendido. En el caso de la comarca, son suceptibles de recibir estas ayudas una flota superior a los 50 buques.  

"A pesar de que no es competencia de esta Consejería, estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para ofrecer ayuda a los pescadores que se están viendo terriblemente afectados por esta especie invasora que, además de dificultar la pesca, está provocando daños en las artes pesqueras", ha agregado Crespo.

Las embarcaciones especialmente afectadas por esta circunstancia son las dedicadas al trasmallo y el palangre, y entre los solicitantes de las ayudas se incluyen los encargados de la explotación de buques pesqueros andaluces de todas las modalidades y los responsables de embarcaciones de marisqueo con puerto base en las provincias de Cádiz y Málaga.

Crespo ha lamentado que, si bien el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico cuenta con una estrategia ante la proliferación del alga asiática, desde el departamento nacional de Pesca no se ha puesto en marcha aún ninguna iniciativa de apoyo a los profesionales del mar afectados.

Las dos convocatorias abiertas por la Junta de Andalucía suponen la movilización de casi 2,5 millones de euros, según Crespo, quien ha solicitado oficialmente una reunión a la secretaria general de Pesca del Ministerio, Alicia Villauriz, para analizar la posible adopción de nuevas medidas encaminadas a proteger a un sector estratégico para la economía española y andaluza, como la pesca.