La estiba asegura que Fomento acepta su propuesta para negociar el modelo

El sindicato mayoritario en el sector de la estiba, Coordinadora Estatal de Estibadores Portuarios, aseguró ayer que el ministerio de Fomento ha aceptado la plataforma propuesta por los representantes de los trabajadores, como base para la negociación de la respuesta al Tribunal de Luxemburgo. Esta propuesta se basa en la voluntariedad de las empresas a pertenecer a las Sociedades de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP). Como se recordará, dicha Corte condenó a España porque las obligaciones que impone la Ley de Puertos a las empresas estibadoras para operar constituyen una restricción a la libertad de establecimiento.

Coordinadora difundió ayer en un comunicado que tal decisión se la comunicó el secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes, Julio Gómez-Pomar, al coordinador general de Coordinadora Estatal de Estibadores Portuarios, Antolín Goya, en una reunión en Madrid, que es la segunda desde que comenzaran las negociaciones para responder a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Según Coordinadora, durante el encuentro, al que también asistieron representantes de los demás sindicatos de la estiba, el presidente de Puertos del Estado y abogados de esta institución y de Fomento, se acordó consensuar la propuesta con la patronal, la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco), para lograr una posición común y que el documento final satisfaga, además de a Europa, a todo el sector español. El sindicato anunció que en estos días Goya invitará a los representantes de la patronal a tener un primer encuentro para unificar criterios y lograr un documento consensuado.

La plataforma ha sido ideada por Coordinadora y aceptada por el resto de sindicatos, está basada en dos puntos. Desde Coordinadora explicaron que plantea, por un lado, el mantenimiento de las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP), porque los representantes de los trabajadores sostienen que el Tribunal de Luxemburgo condenaba a España por las obligaciones que impone la Ley de Puertos, no por las sociedades en sí. El segundo punto es la preferencia de contratación de los trabajadores portuarios.

Así, según Coordinadora, se ha aceptado que no sea obligatorio para las empresas pertenecer a una SAGEP. Los sindicatos proponen que el Gobierno articule bonificaciones a las empresas que decidan entrar en su accionariado para que sea más atractivo formar parte de ellas, antes que aplicar otras fórmulas.

En cuanto a los trabajadores, plantearon en su plataforma su protección mediante el Convenio 137 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en cuyo artículo 2 consta que "la política nacional deberá estimular a todas las partes interesadas a que, en la medida de lo posible, se asegure el empleo permanente o regular de los trabajadores portuarios". De esta forma, los trabajadores portuarios que consten en los registros tengan preferencia de contratación frente a otros. El Convenio 137 de la OIT data de 1973 y España lo ratificó en abril de 1975.