La Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar considera necesario que España mitigue el impacto que tendrá sobre el Puerto de Algeciras la entrada del sector del transporte marítimo en el mercado de derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2) a partir del próximo año 2021.

El sistema planteado por la Unión Europea, con las reformas normativas en marcha para controlar y gravar las emisiones, supone una evidente grieta que permite “escapar” fácilmente del control a través del Puerto de Tánger-Med, en Marruecos. Una situación que supone un riesgo de desvío y deslocalización de tráficos portuarios para Algeciras, principalmente los de transbordo, tal y como publicó Europa Sur el lunes. 

"Las normativas medioambientales son bienvenidas pero siempre las tienen que cumplir los mismos. No solo en este caso y en esta materia. En el Estrecho de Gibraltar confluyen cuatro regímenes fiscales diferentes y el nuestro es el peor. Con el medio ambiente pasa lo mismo, las condiciones de Europa son las más duras", reflexiona Carlos Fenoy, presidente de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar. 

Para Fenoy, los pagos por el CO2 que deberán afrontar las navieras que completen sus asignaciones vendrán a encarecer la actividad en el Puerto de Algeciras. "Aunque es cierto que los buques son cada vez más eficientes, los que recalan en Algeciras son cada vez más modernos, también es cierto que cuando la normativa entre en vigor supondrá un elemento que distorsionará la competitividad de Algeciras frente a Tánger-Med, por apenas 14 kilómetros de distancia", agrega Fenoy. 

La Cámara de Comercio plantea que, llegado el momento de la transposición nacional de la normativa comunitaria, las autoridades españolas articulen "mecanismos para la corrección en Algeciras". Entre ellos, sugiere Fenoy, una bonificación a las tasas para compensar "siempre que sean barcos eficientes". 

Confianza en Aesba

Para la Asociación de Empresas de Servicios de la Bahía de Algeciras (Aesba), las grandes navieras como las que escalan en Algeciras antepondrán el medio ambiente a la cuenta de resultados sin que Marruecos suponga un factor de riesgo para el desvío de tráficos.

"Ya tenemos un ejemplo. El deshielo ha permitido abrir nuevas rutas marítimas en el Ártico que suponen un ahorro de trayecto y combustible. Navieras como CMA CGM, Maersk o Hapag Lloyd no las van a utilizar para evitar la contaminación", explica Manuel Piedra, presidente de Aesba. 

Piedra considera que ante la entrada del sector marítimo en el comercio de derechos de emisión de dióxido de carbono, primará igualmente la responsabilidad social y el respeto al medio ambiente ante la posibilidad de evadir el control en Tánger-Med, donde no se aplicará la normativa de la UE. 

"Estamos viendo que grandes navieras como CMA CGM mantienen su apuesta por el Puerto de Algeciras aún con la competencia de Marruecos. Rompo una lanza por las navieras que también trabajan en el sentido de utilizar motores híbridos, de gas o con bajo nivel de azufre. Están apostando por el medio ambiente más que por la cuenta de resultados. Y en este caso espero que también lo demuestren", subraya Piedra. 

El presidente de Aesba incide en que la Unión Europea ha favorecido el desarrollo de Marruecos como socio estratégico. "Europa debe ser poner el puño sobre la mesa y si apoya el desarrollo del norte de África, también debe sumarse a las normas y reglas del juego ambientales y sociales, que haya una equiparación", concluye. 

Control del CO2

Las reformas legislativas ya en marcha darán pie al establecimiento de unos techos de emisión de carbono para todas las navieras que operen en Europa con buques de más de 5.000 toneladas de arqueo bruto.

El sistema ya monitoriza la generación de CO2 en los trayectos desde o hacia cualquiera de los puertos de la UE, dado que las compañías deben llevar obligatoriamente desde enero de 2018 un inventario de cuánto emiten en sus desplazamientos. A medio plazo y apoyado en este sistema de toma de datos, las navieras deberán pagar por cada tonelada de exceso sobre las asignaciones recurriendo al mercado de derechos de emisión; una especie de bolsa de valores en la que las compañías pueden vender y comprar toneladas de CO2 para regularizar y ajustar sus cuentas.

Las navieras que no sean capaces de adaptarse a la descarbonización de su flota o agoten sus asignaciones gratuitas tendrán que recurrir al mercado de derechos de emisión. En agosto de este año, cada tonelada de CO2 se paga a razón de unos 26 euros en los principales agentes de subasta.

Los puertos de la Unión que se encuentren alejados de terceros países o con otros Estados de la UE en su entorno no tendrían, en principio, afección en su actividad. No así en el Estrecho, donde las navieras dispondrán de un Puerto de recalada ajeno a este sistema al que podrán recurrir las compañías que hayan agotado sus cupos de emisión o, sencillamente, que opten por Tánger-Med como muelle estratégico de transbordo para ahorrarse la declaración del CO2 en las rutas Asia-Europa y poder dedicar sus cupos de emisión a rutas sin puertos alternativos. O para dedicar sus cupos a la importación y exportación en el Espacio Económico Europeo.