Ayuntamiento El Consultivo ve inviable anular un aval de Los Barrios a un crédito de 5 millones impagado por GAMA

  • Los juristas valoran en un dictamen que tres instancias judiciales han fallado a favor del banco con la carta de garantía concedida por el exalcalde Juan Montedeoca

  • El actual gobierno buscaba revertir el aval por considerar que se emitió sin procedimiento

El escudo de Los Barrios sobre una rotonda en el casco urbano.

El escudo de Los Barrios sobre una rotonda en el casco urbano. / E. Fenoy

El Consejo Consultivo de Andalucía considera inviable anular con una revisión de oficio un aval otorgado por el exalcalde de Los Barrios Juan Montedeoca a una entidad bancaria por el que el Ayuntamiento barreño se convirtió en la garantía para un crédito de 5 millones de euros concedido a la extinta empresa municipal GAMA y que no fue devuelto.

Así consta en un reciente dictamen emitido por los juristas de la entidad, al que ha tenido acceso Europa Sur, que da respuesta a la consulta del actual gobierno barreño. El equipo municipal buscaba dar marcha atrás a la concesión de ese aval por estimar que se había hecho sin seguir un procedimiento adecuado y por un órgano no competente (el alcalde en lugar del Pleno). El dictamen es vinculante.   

La garantía de la póliza de crédito fue aportada mediante una carta de patrocinio (confort letter) emitida por el entonces alcalde barreño del PSOE a escasos días de las elecciones municipales de 2011. La carta tiene fecha del 29 de abril de 2011, mientras que los comicios locales de aquel año, que ganó el Partido Andalucista provocando el posterior relevo en la Alcaldía, se celebraron el 22 de mayo.

Los especialistas del Consultivo, en su labor para conceder argumentos jurídicos (o desestimarlos, como ha sido el caso) con los que apuntalar una posterior actuación del Consistorio a través del Pleno, analizan que la carta de patrocinio "es un instrumento de garantía de pago utilizado en el ámbito mercantil de construcción jurisprudencial". Según el Consultivo, no existe una regulación específica en nuestro ordenamiento jurídico.

Una sentencia del Tribunal Supremo esboza determinados trazos de este instrumento distinguiendo entre "cartas débiles y fuertes". Las últimas se consideran como contratos de garantía atípicos generadores de obligaciones. Así, prosigue el dictamen, las cartas de naturaleza débil serían meras recomendaciones mientras que las fuertes suponen "auténticas garantías con carácter vinculante para quien las emite". 

Para que una carta de patrocinio sea considerada fuerte, deben constar varios elementos, como la intención de obligarse por quien las emite, claridad en la obligación asumida, capacidad del firmante para obligar a la entidad a la que representa en un contrato semejante a la fianza, que el patrocinio se haya otorgado en el ámbito de las relaciones existentes entre la entidad patrocinadora (el Ayuntamiento, en este caso) y patrocinada (la sociedad municipal a la que se le garantiza el abono de la póliza de crédito, en el expediente examinado).

"Todas estas circunstancias concurren en la carta de patrocinio otorgada el 29 de abril de 2011. Por tal motivo, llegado el vencimiento del crédito, por la entidad financiera se procedió a reclamar ante la jurisdicción el pago a quien otorgó la garantía, el Ayuntamiento consultante", recuerda el dictamen.

El pago del crédito por parte del Ayuntamiento a favor del banco está reconocido por los tribunales en por tres instancias judiciales: por el Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Algeciras; en recurso de apelación por la Audiencia Provincial de Cádiz y por el Tribunal Supremo en recurso de casación y extraordinario por infracción procesal, esta última sentencia del 20 de diciembre de 2017 y que da firmeza al asunto.

"En este caso, se ha de indicar que siendo firme la resolución judicial que ha admitido la validez jurídica de la contratación municipal (la carta de patrocinio), no procede revisar de oficio la actuación previa a la misma ya que una eventual declaración de nulidad necesariamente conlleva como efecto típico la del acto posterior, la del contrato en sí mismo de garantía de pago. Y esto implicaría una expropiación del contenido de la sentencia judicial firme, lo cual es constitucionalmente improcedente al ser obligatorio el cumplimiento de la misma", consta en el dictamen. 

El Consultivo advierte que la finalidad de una revisión de oficio no es otra que dejar sin efecto un acto administrativo, con eficacia ex tunc (desde siempre) y no servir como plataforma para la depuración de responsabilidades, como aseguran los juristas que se había planteado la cuestión por parte del Consistorio. 

El dictamen agrega que la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece la posibilidad de conceder avales a sociedades mercantiles participadas por personas o entidades privadas en las que tengan una cuota de participación en el capital social no inferior al 30% (GAMA estaba participada al 100% por el Consistorio). El aval no podrá garantizar un porcentaje del crédito superior al de su participación en la sociedad.

"Las operaciones a que se refieren los dos apartados anteriores estarán sometidas a fiscalización previa y el importe del préstamo garantizado no podrá ser superior al que hubiere supuesto la financiación directa mediante crédito de la obra o del servicio por la propia entidad”, añaden.

Aunque, una vez expuestas estas dos consideraciones, los juristas del Consultivo no entran a valorarlas por considerar que la premisa de partida, la anulación de la póliza de garantía, no es procedente en sí misma dada la existencia de las sentencias firmes y de obligado cumplimiento sobre este crédito. 

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