El gobierno local de La Línea piensa seguir dando la batalla para lograr la celebración de un referéndum en el que se preguntaría a los vecinos si quieren constituirse como ciudad autónoma.

Será en el Pleno municipal a celebrar el próximo 12 de diciembre donde el alcalde, Juan Franco, llevará como propuesta la presentación ante el Tribunal Supremo de un recurso contencioso administrativo contra la decisión del Consejo de Ministros de rechazar dicha consulta popular, según ha adelantado el regidor a Europa Sur.

El pasado 25 de octubre, el Consejo de Ministros determinó que "el asunto que se proyecta someter a consulta popular supera claramente el carácter local y trasciende del puro interés vecinal al centrarse sobre una cuestión de interés nacional de trascendencia constitucional".

Además, el Gobierno recordó que el artículo 149 de la Constitución Española establece como competencia exclusiva del Estado la "autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum" y que la norma solo permite hacer consultas populares sobre asuntos que solamente competen a lo municipal y local "que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la Hacienda local".

Juan Franco: "El Gobierno soslaya que lo que queremos es saber qué piensan los vecinos sobre la celebración del referéndum”

Franco mantiene, sin embargo, que la decisión del Ejecutivo “soslaya que lo que queremos es saber qué piensan los vecinos sobre la celebración del referéndum”. El regidor asevera que llegará "hasta donde haga falta" para defender la celebración de la consulta popular. “No nos queda otro remedio ante la falta de inversiones del Gobierno y la amenaza del Brexit, porque si no se llega a un acuerdo con Reino Unido tendremos de facto un cierre de la Verja y, como consecuencia, una situación que puede ser catastrófica para la economía linense”, subraya el regidor. La consulta popular es “una alternativa constitucional”, manifiesta Franco.

El Consistorio de La Línea ha formulado un anuncio de demanda ante el Supremo para formalizar, en el plazo de dos meses, el recurso contencioso administrativo. “Hay que ver qué órgano es competente para decidir sobre la presentación del recurso, si el Pleno municipal o el alcalde, en función de cuál de ellos debe acordar la celebración de la consulta”, aclara Franco.