La Audiencia Provincial de Madrid ha remitido un exhorto al Juzgado de Instrucción número 1 de San Roque en el que se ordena al empresario linense Manuel Gavira, propietario de Promaga, el ingreso en prisión en el plazo de 10 días naturales. Gavira fue condenado por la sala de lo Penal del Tribunal Supremo a 30 meses de cárcel como autor responsable de cinco delitos contra la Hacienda Pública en grado de tentativa. La pena también contempla cinco multas por un total de 7.775.290 euros y la responsabilidad personal subsidiaria de dos meses por cada una de las cinco penas de multa que resulte impagada.

Gavira puede elegir el centro penitenciario en el que ingresar, aunque tiene la opción de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y de pedir la suspensión de la condena, lo que demoraría varios días el ingreso en prisión en caso de que no prospere la reclamación. Además del exhorto que ordena su ingreso en la cárcel, también se le ha requerido el pago de la multa a la que fue condenado, por valor de casi 8 millones de euros.

Fuentes conocedoras del caso confirmaron a este diario que en caso de que el empresario, que tiene su domicilio en Sotogrande, no atienda el requerimiento de ingresar en prisión, se le ha advertido de que será conducido por los cuerpos y fuerzas de seguridad.

La sentencia por la que Gavira ingresará en prisión procede de un recurso presentado por el propio empresario y por la Abogacía del Estado a otra dictada el 18 de diciembre de 2017 por la Sección vigésimo tercera de la Audiencia Provincial de Madrid, en la que se condenaba al empresario a una pena de dos años de cárcel por un delito continuado de estafa agravada a la Hacienda pública en grado de tentativa. En el fallo, el Supremo estima el recurso de casación interpuesto por la Abogacía del Estado y también estima en parte el recurso de casación presentado por Gavira. Aunque el tribunal lo absuelve del delito continuado de estafa en grado de tentativa, lo condena como autor responsable de cinco delitos contra la Hacienda Pública en grado de tentativa, lo que acarrea una pena mayor que los 24 meses iniciales.

Gavira fue condenado en diciembre de 2017 por el uso de empresas, algunas creadas ex profeso, para intentar cometer un delito continuado de estafa a la Hacienda pública de unos 17 millones de euros. Esa sentencia consideraba como hechos probados que el empresario realizó aportaciones simuladas de bienes inmuebles desde Promaga a otras sociedades del grupo entre los meses de marzo y junio de 2011 con el fin de obtener indebidamente la devolución del IVA. El empresario reclamó por este concepto unos 17 millones de euros que la Agencia Tributaria no le reconoció. La conclusión del tribunal fue esas empresas se constituyeron “únicamente para dar apariencia de legalidad sobre un IVA que podía ser repercutido y que más tarde sería reclamado por el acusado”.

Los bienes que se transfirieron a estas sociedades de forma simulada eran de naturaleza rústica, por lo que la entidad que realizaba la transmisión debía renunciar a la exención del IVA. La empresas eran Conjunto Sur SL, Las suites de San Roque Club, Pueblo 2A de San Roque Club, Class One logística y gestión y Future 2011 proyectos y promociones. La sentencia señala como indicios relevantes de la conducta delictiva del acusado el hecho de que ninguna de estas sociedades tuviera actividad mercantil alguna, sino que el único fin declarado era la adquisición de los inmuebles aportados por Promaga SA.