El juicio por la quiebra de la Sociedad Municipal de Comunicación (Somdeco), empresa municipal que gestionaba la Radiotelevisión de La Línea, ha sido fijado para este miércoles, 9 de junio, a las 10:00 de forma telemática tras casi una decena aplazamientos en algo más de un año. El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz se hizo cargo del concurso de acreedores presentado por la entidad y deberá decidir si este fue culpable (como estima la Fiscalía) o fortuito, como defiende el administrador concursal.
Estaba previsto que el juicio se celebrara en abril de 2020, pero entonces fue suspendido debido al estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus. Desde entonces se han vuelto a fijar varias fechas, pero no se ha celebrado por distintos problemas. Los trabajadores afectados esperan que se celebre de una vez por todas, ya que de la calificación del concurso depende que cobren las cantidades que se adeuda a los trabajadores desde noviembre de 2011, cuando el Ayuntamiento echó el cierre a la empresa.
Al juicio están citados como encausados los antiguos miembros del consejo de administración de Somdeco, cuando en septiembre de 2011 se celebró la junta general extraordinaria en la que se inició el proceso de disolución de Somdeco: Gemma Araujo, como alcaldesa y presidenta del consejo; Francisco Espada, liquidador de la sociedad (ambos del PSOE), y los vocales Asunción Barranco (PSOE), María Teresa García Mellado (PP), Ángel Villar (PA) y Ceferina Peño (por entonces en IU). También participó en esa sesión el edil popular Juan Francisco García Medina, fallecido en 2012. El fiscal ha solicitado que todos ellos paguen a los acreedores con su patrimonio personal la cantidad que no se cubra con la liquidación de la sociedad al estimar que tuvieron "culpa grave" de la insolvencia de la empresa, cuya deuda asciende a 1.327.261,54 euros.
El fiscal pide responsabilidades a los miembros del consejo de administración por dos motivos principales: la suspensión de pagos a Somdeco por parte del Ayuntamiento, que era el que sustentaba la radiotelevisión municipal, y el hecho de que el concurso de acreedores no se solicitó hasta tres años después de la junta extraordinaria en la que se decidió la disolución de la sociedad. Esta postura coincide con la de la defensa de los extrabajadores de Somdeco, mientras que el administrador concursal considera que el concurso se produjo de forma fortuita al no detectar indicios de una mala gestión.
El Ministerio Fiscal aprecia en estos consejeros y en el Ayuntamiento, como administrador de hecho, "culpa grave que ha influido decisivamente en la agravación de insolvencia" de la empresa pública. El fiscal ha propuesto cinco años de inhabilitación para cada uno de los consejeros para administrar bienes ajenos, la pérdida de cualquier derecho sobrevenido contra la masa activa de Somdeco y que se les condene a pagar a los acreedores concursales "personalmente, el importe de los créditos que no resulte cubierto por la liquidación de la masa activa generados desde el cese de la actividad" de la empresa, hecho que tuvo lugar el 7 de noviembre de 2011.
El fiscal estima que el consejo de administración presidido por Araujo, hoy diputada en el Congreso por el PSOE, incumplió el artículo 164.1 de la Ley Concursal, una de las causas para calificarlo como culpable por la "generación y agravación del estado de insolvencia mediando dolo o culpa grave del deudor". En su escrito de oposición, la exalcaldesa indicó que fue miembro del consejo de administración "solo unos minutos" porque a renglón seguido se nombró un liquidador de la sociedad municipal.
En el caso de Somdeco el deudor era el Ayuntamiento de La Línea, que financiaba "casi de forma exclusiva" el funcionamiento de la sociedad. "Cuando dejó de hacerlo en 2013, la empresa dejó de tener viabilidad, y pese al acuerdo en la junta general extraordinaria del 1 de septiembre de 2011, en la que se acordó la disolución y liquidación, esta no se produjo de forma efectiva, continuando el incremento de las deudas de la sociedad porque no se produjo la solicitud del concurso hasta el 22 de octubre de 2014".
Al no haberse solicitado el concurso hasta después de más de tres años, la deuda se incrementó en más de 100.000 euros hasta situarse en 1.327.261,54 euros. Tampoco se presentaron las cuentas en el Registro Mercantil desde el ejercicio de 2009 ni se auditaron las cuentas, como estaba obligada la administración de Somdeco, empresa de la que era responsable del Ayuntamiento.
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