Juan Franco estima que las nueva sede de los juzgados de La Línea estará operativa en 2027
Aún deben resolverse algunas cuestiones urbanísticas antes de que la Junta de Andalucía pueda iniciar la licitación y ejecución de las obras
El Tribunal Supremo confirma la ilegalidad de la obra de los juzgados de La Línea
El alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, estima el municipio podría disponer de su nueva sede judicial en 2027. El regidor ha mantenido este miércoles una reunión en la sede de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía para abordar la situación del antiguo edificio del hospital municipal, en la calle Doctor Gómez Ulla, cedido a la Junta para que instale en este espacio los nuevos juzgados.
Durante el encuentro se trataron aspectos clave sobre el estado registral y catastral del inmueble, así como cuestiones urbanísticas que aún deben resolverse. Según explicó el alcalde, los técnicos municipales ya están trabajando en los trámites requeridos y la próxima semana se celebrarán nuevas videoconferencias para revisar los avances y despejar dudas pendientes.
El objetivo es que, una vez concluidos estos procedimientos, la Junta de Andalucía pueda iniciar la licitación y ejecución de las obras que permitan adaptar el edificio a las necesidades judiciales del municipio.
Franco confía en que estas gestiones culminen con la apertura de la sede en 2027, ofreciendo a los linenses unas instalaciones modernas, accesibles y adecuadas a la actividad judicial actual. La nueva sede supondrá un salto significativo en la mejora de los servicios al ciudadano y la modernización de la infraestructura judicial en la ciudad.
El traslado de la sede judicial de La Línea obedece a una sentencia de la sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que confirma otra dictada por la Sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz que consideraba contrarias a derecho las obras ejecutadas en las actuales dependencias judiciales. La sentencia obliga al propietario del local a restituir el local a su estado original, lo que impediría su uso como sede judicial, ya que supondrá la eliminación de las escaleras y los ascensores que comunican la planta baja con la entreplanta y reducirá sensiblemente la superficie ocupada por los juzgados. De esta manera la Junta, con la ayuda del Ayuntamiento, se vio obligada a buscar una nueva ubicación.
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