La Línea

La Audiencia Provincial considera contrarias a derecho las obras en la sede de los juzgados de La Línea

  • La sentencia obliga a restituir el local a su estado original a su propietario, que recurrirá ante el Supremo

La sede de los juzgados de La Línea La sede de los juzgados de La Línea

La sede de los juzgados de La Línea / Jorge del Águila

La Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Algeciras ha estimado íntegramente la demanda que presentó la comunidad de propietarios del edificio Real Velada, cuyos bajos y entreplanta albergan la sede de los juzgados de La Línea, y ha declarado contrarias a derecho las obras ejecutadas por la propietaria de los locales, que ha confirmado a Europa Sur que presentará un recurso de casación en la sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

La sentencia obliga a la propietaria de los locales a devolver el edificio a su estado original en lo que afecta a la estructura, forjados, fachadas de la entreplanta, patios interiores y laterales y bajantes afectados por las obras, que fueron necesarias para que el edificio pudiera acoger los juzgados y el Registro Civil. 

Se trata de un nuevo auto sobre estas obras, que además tienen una sentencia a favor de la empresa propietaria de los locales, inmobiliaria Casarloji, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Algeciras, que desestimó una denuncia de la comunidad de propietarios contra el decreto de Alcaldía por el que se concedió la licencia de primera utilización del local. 

La Audiencia Provincial declara contrarias a derecho las obras porque considera que todos los elementos arquitectónicos señalados por la comunidad de propietarios como comunes, los patios, los elementos estructurales como forjados y viguetas, los bajantes y las fachadas de la entreplanta, efectivamente lo son.

La comunidad de propietarios ya ha solicitado la ejecución provisional de la sentencia de primera instancia, que también les dio la razón, y en los próximos días solicitará la ejecución de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial.

La ejecución de la sentencia impediría el uso de los locales como sede judicial, ya que supondrá la eliminación de las escaleras y los ascensores que comunican la planta baja con la entreplanta y reducirá sensiblemente la superficie ocupada por los juzgados.

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