El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de La Línea ha emitido una sentencia en la que condena a la inmobiliaria Casarloji, propietaria del local en el que se encuentran los juzgados de la ciudad, a restituir a su estado anterior varios elementos comunes que se alteraron en la obra de adaptación del espacio sin permiso de los vecinos. Entre ellos están los cuatro patios interiores, que la promotora techó para llegar a la superficie mínima exigida para optar a los algo más de 1.900 metros cuadrados que exigía en el proceso de licitación la Consejería de Justicia e Interior. Esta sentencia, contra la que cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Cádiz, pone en peligro la continuidad de la sede judicial en este edificio porque la entrada principal cuenta con unas escaleras que deberían desaparecer para devolver a su estado original el patio que hay justo encima.

La demanda solo se ha estimado parcialmente, ya que en ella los vecinos estimaban que hay más elementos que deben restituirse. La titular del juzgado obliga a la propietaria del local a devolver a su estado original el patio lateral que da a la calle Feria y que da acceso interior al Juzgado número 2 y los cuatro patios interiores, que sirven para unir distintas dependencias. Actualmente están cubiertos con techos de aluminio y metacrilato y se derribaron fachadas para conectar toda la entreplanta del edificio.

Además, se tiene que cambiar el color de la fachada de la entreplanta para que sea el mismo de las viviendas. Y todos los ventanales de la entreplanta, que fueron construidos para adaptar el local a los juzgados, también deben eliminarse.

Los vecinos sostienen que otros elementos son contrarios a derecho, aunque no lo ha estimado el Juzgado. Son la instalación de un montacargas entre la entreplanta y la planta baja, que se construyó tras romper las viguetas secundarias del edificio, una escalera de emergencias que se instaló con este mismo método, la unión de la planta baja y los diferentes locales de la entreplanta en los metros que no invaden los patios comunitarios y el cerramiento de la pared que permitía el acceso de los vecinos a la entreplanta desde el portal número 2 del edificio.

La comunidad de propietarios ya contaba con una sentencia a su favor de la Audiencia Provincial, que en 2016 prohibió expresamente que se realizasen trabajos sobre los elementos comunes del edificio porque los vecinos no dieron su consentimiento a la propietaria del local. Sin embargo, en ese momento las obras ya estaban prácticamente listas y el local obtuvo la licencia municipal para funcionar como sede de los juzgados.