La ultraderecha se queda sola en la denuncia contra España en el Parlamento Europeo por el incumplimiento de Schengen en Gibraltar

La ultraderecha se queda sola en el respaldo político a la petición de que el Parlamento Europeo investigue el supuesto incumplimiento del Código de Fronteras Schengen (CFS) en el paso fronterizo de Gibraltar por parte del Gobierno de España. La solicitud se fundamentaba en una denuncia de D. B., ex inspector jefe responsable de los controles en la Verja, actualmente, suspendido de empleo y sueldo, y fue impulsada por el Grupo Patriotas por Europa, integrado entre otros por Vox. El caso quedó cerrado en la Eurocámara la pasada semana con los votos del Partido Popular, los socialistas, los verdes y los liberales.

La noticia la reveló el eurodiputado Jorge Buxadé con un tono crítico hacia los populares: "Esta semana, otra vez, el Partido popular se ha unido en Bruselas a toda la izquierda para rechazar mantener abierta e investigar la no aplicación de Schengen en Gibraltar como habíamos pedido desde @PatriotsEP y @VOX_Europa_ apoyando la denuncia formulada por un español de a pie".

La denuncia sigue, sin embargo, su camino en la Comisión Europea (CE), que la admitió a trámite el pasado mes de marzo. Fue realizada por vía telemática el día 12 de ese mes y toma como base la que presentó el 22 de noviembre de 2024 ante los juzgados linenses contra sus mandos por los mismos motivos, archivada de forma provisional y pendiente de recurso. En la respuesta de la CE, realizada a través de la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior con fecha del 25 de marzo, se indica que “será examinada por los servicios de la Comisión a la luz del derecho de la Unión Europea aplicable en la materia”.

Dos son los artículos del Código de Fronteras Schengen que, a juicio de D.B., se estarían incumpliendo por parte de España al permitir que los ciudadanos de Gibraltar entren en el espacio de la UE sin los requisitos de paso que sí se exigen a los residentes de terceros países: el artículo 6, sobre las condiciones de entrada -portar pasaporte en vigor, justificar el objeto de la visita y las condiciones de la estancia prevista, así como demostrar medios de subsistencia- y el 11, relativo al sellado de los documentos de viaje, a fin de tener un control exacto sobre el tiempo que cada ciudadano de un tercer país pasa en territorio Schengen, el cual, como norma general, no puede exceder de 90 días en un periodo de seis meses.

A juicio del inspector jefe, ante la ausencia de instrucciones por escrito por parte de sus superiores para llevar a cabo controles laxos a los llanitos, como ocurre en la práctica diaria, los policías nacionales podrían estar incurriendo en responsabilidades de carácter penal por no aplicar la normativa europea.

“Cada Estado miembro es responsable de la transposición, aplicación y ejecución del derecho de la Unión Europea en su ordenamiento jurídico interno. Solo los tribunales nacionales pueden, en su caso, condenar a un Estado miembro a indemnizar a los particulares por las infracciones del derecho de la Unión Europea que les sean imputables. Ellos tienen el poder de dictar órdenes a la administración y de anular una decisión nacional”, especificó la CE en su respuesta, firmada por Angelina Gros Tchorbadjiyska, jefa de unidad.

“La Comisión Europea”, explica esta en su contestación a la denuncia, "ha asumido la tarea de supervisar la aplicación, la ejecución y el cumplimiento de la legislación de la Unión Europea. Cuando un Estado miembro incumple el Derecho de la Unión Europea, la Comisión puede incoar un procedimiento de infracción y, en caso necesario, remitir el asunto al Tribunal de Justicia. Corresponde a la Comisión decidir si actúa o no, y de qué manera, en respuesta a una denuncia relativa a una infracción del derecho de la Unión Europea”.