El jefe policial apartado de la Verja pide por escrito a la CE que aclare si hay un acuerdo para eximir a los gibraltareños del Código Schengen

El inspector jefe de la Policía Nacional D. B., que desde el pasado mes de febrero permanece apartado de sus funciones al frente del puesto fronterizo entre La Línea y Gibraltar, ha solicitado por escrito este martes a la Comisión Europea (CE) que aclare si existe un acuerdo para eximir a los gibraltareños del sellado de pasaportes al que obliga el Código de Fronteras Schengen mientras dure la negociación del tratado sobre el Peñón. Si es así, pregunta dónde y cuándo fue publicada esta excepción a la norma. Si no lo es, solicita que inste al Gobierno de España a que retome su aplicación.

D.B. tiene abiertos cinco expedientes disciplinarios por sus superiores, el último por una falta "muy grave" y otra "grave", por haber ordenado sellar el pasaporte del ministro principal de la colonia británica, Fabián Picardo, a su paso por la Verja, y por desobedecer órdenes de la comisaria jefa de la Comisaría de La Línea, María José Martínez.

El jefe policial dirige su escrito a Angelina Gros Tchorbadjiyska, coordinadora de Schengen dentro de la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior de la Unión Europea (UE), que complementa el que le remitió el 12 de marzo de 2025. En esa carta, D. B. denunciaba la ausencia de controles sistemáticos de las condiciones de entrada de los ciudadanos de terceros países prescritas en el artículo 6 del Código de fronteras Schengen y la falta de sellado de los documentos de viaje, tal como establece el artículo 11 de dicho reglamento, en el caso de los ciudadanos británicos residentes en Gibraltar en el paso fronterizo de La Línea entre España y Gibraltar. También denunciaba la falta de controles sistemáticos de los pasajeros aéreos que, debido a vuelos desviados, necesitan transitar por tierra a través del paso fronterizo de La Línea desde o hacia el aeródromo de Gibraltar hacia o desde aeropuertos españoles (casi siempre, el Pablo Ruiz Picasso de Málaga).

El inspector jefe de la Policía Nacional afirma que el conocido como Código de Fronteras Schengen es parte del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2016 y como recoge el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, tiene un alcance general. Es decir, es obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro, por lo que "la Comisión está obligada a velar por su cumplimiento".

"Como agente de fronteras, que tiene por obligación cumplir y hacer cumplir la ley, he de estar amparado por el principio de seguridad jurídica, entendido como conocer qué norma he de cumplir y hacer cumplir en cada momento y de esa manera evitar la actuación arbitraria del Estado", continúa el documento. "No solo me afectaría a mí particularmente, sino que afectaría al resto de Estados miembros que podrían encontrarse en su Estado con personas en situación irregular que hicieron su entrada en el Espacio Schengen por el puesto fronterizo de La Línea de la Concepción", apostilla. Además, añade, afectaría a la seguridad jurídica de los propios viajeros, que según el paso fronterizo por el que efectúen su entrada o salida del Espacio Schengen, "tendrán que cumplir unos requisitos u otros, que en algún caso ni siquiera se encuentran recogidos en norma, publicada, alguna".

Según D.B., el derecho a la seguridad jurídica es "un principio general del Derecho de la Unión Europea, reconocido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y fundamental para garantizar que las personas puedan prever razonablemente las consecuencias jurídicas de sus actos y confiar en la estabilidad del ordenamiento jurídico". En ese punto de la carta cita dos publicaciones de medios gibraltareños. En una de ellas, del Gibraltar Chronicle, se citan "medidas provisionales vigentes a la espera del resultado de las negociaciones del tratado" por las que "los residentes de Gibraltar pueden cruzar tras mostrar sus pasaportes y documentos de identidad rojos, pero sin que se les selle la entrada ni la salida del espacio Schengen”. En otra, de la GBC, se da por hecha la existencia de "medidas de transición fronteriza acordadas por la UE, España, el Reino Unido y Gibraltar”.

Según estas informaciones, existiría un acuerdo entre UE, España, Reino Unido y Gibraltar cuyo contenido sería contrario a lo dispuesto por el Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2016 (Código de Fronteras Schengen) y que "otorgaría un privilegiado trato a los ciudadanos gibraltareños, mejor estatus que el de un ciudadano originario de un Estado miembro, a la hora de realizar un cruce fronterizo", explica el jefe policial.

"Como quiera que para que una norma se cumpla lo primero que ha de hacerse es publicarla, se solicita se indique donde y cuando han sido publicadas dichas medidas de transición fronteriza acordadas por la UE, España, el Reino Unido y Gibraltar”, pregunta el inspector jefe, que relata que el hecho de que no se hayan publicado le ha ocasionado "considerables perjuicios en forma de sanciones disciplinarias en base a un supuesto incumplimiento de dichas medidas de transición”.

De no existir o no haber sido publicadas solicita a la CE que cumpla con su obligación de garantizar que la legislación de la UE se aplique correctamente en todos los Estados miembros y se inste al Estado Español a aplicar correctamente el vigente Código de Fronteras Schengen en el paso fronterizo de La Línea.

"Las medidas disciplinarias se me han aplicado en un flagrante incumplimiento de la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión y su transposición al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción", advierte.

Para cerrar el escrito, D. B. explica a Angelina Gros Tchorbadjiyska que, esta semana, miembros del Parlamento Europeo visitan "esta zona del Estrecho de Gibraltar" para "comprobar la creciente presión" a la que son sometidos los agentes encargados de hacer cumplir la ley. "Mal se puede hacer frente al crimen organizado y la delincuencia transnacional creciente en esta zona, si partimos de un inestable marco jurídico de la UE, que cambia y se aplica a conveniencia de un Estado miembro, mientras quien está obligado a velar por su cumplimiento mira hacia otro lado", concluye.