Nivelación de impuestos a ambos lados de la Verja, control español en el puerto y el aeropuerto de Gibraltar, inspección de los bienes que lleguen y cumplimiento de unos mínimos medioambientales, incluido el puerto del Peñón. La Comisión Europea está dispuesta a impulsar la eliminación del control fronterizo y la creación de un área de prosperidad compartida entre el Campo de Gibraltar y Gibraltar, pero sin rebajar los estándares de competencia y seguridad de la Unión Europea y el control de la zona Schengen. Y así lo establece en la Recomendación de Decisión del Consejo de Europa presentada este martes para la apertura de negociaciones entre la UE y Reino Unido, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que delimite la relación de Gibraltar con la UE y, por ende, con España, tras la salida de Reino Unido de la UE.

El mandato negociador elaborado por la Comisión para ser ratificado por el Consejo parte del acuerdo alcanzado entre España y Reino Unido la pasada Nochevieja. Concreta y desarrolla las condiciones a cumplir por el Peñón para llegar a ese momento de desaparición de la Verja, en un articulado que no ha gustado nada a la otra parte negociadora, que se ha apresurado a asegurar que no serviría como base de negociación.

El documento de directrices de negociación de la Comisión, al que ha tenido acceso Europa Sur, marca como objetivo establecer un acuerdo entre la Unión Europea y Euratom (Comunidad Europea de Energía Atómica), en una parte, y Reino Unido en la otra sobre Gibraltar “a la vista de sus especificidades y su especial relación con España”. El acuerdo que se plantea busca “un desarrollo económico y social equilibrado de Gibraltar y el área circundante, en particular el territorio de los municipios que forman parte de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar”. Para ello, debe asegurar un equilibrio de derechos y deberes y unas reglas de juego equitativas, advierte el mandato, que se marca como objetivo la remoción de las barreras físicas “a la circulación de personas y de bienes para contribuir a una prosperidad compartida en la región”.

Colas de vehículos y peatones en la entrada a Gibraltar.

Circulación de personas

En lo referente a la circulación de personas, el documento no deja lugar a dudas sobre la exigencia del control del puerto y aeropuerto de Gibraltar por parte de España, el punto que más fricciones levantó al final de la negociación del preacuerdo y días después de ser presentado. Al eliminar el paso fronterizo de la Verja, el control de entrada en la zona Schengen se traslada a esos puntos de acceso a Gibraltar y es España la responsable de garantizar que se cumple la normativa europea. Eso se traduciría en la realización de inspecciones de entrada y salida en nuevos puntos de paso fronterizo en el puerto y el aeropuerto, pero también la vigilancia fronteriza por parte española de las aguas adyacentes.

Para ello, prosigue la propuesta de la CE, el tratado deberá garantizar que los agentes fronterizos de España tengan la potestad de llevar a cabo esos controles, incluida la posibilidad de denegar el acceso, la recepción de las peticiones de protección internacional, arrestar a una persona o el uso de los sistemas tecnológicos. También, la obligación de las autoridades de Reino Unido de facilitar la extradición a España.

No obstante, la CE recuerda en su comunicado oficial que España ha manifestado su intención de solicitar asistencia de Frontex para el control fronterizo, la solución intermedia que permitió desbloquear el preacuerdo de Nochevieja. Y aclara que en lo que se refiere al control de las fronteras exteriores, en circunstancias en las que sea necesario un mayor apoyo técnico y operativo, cualquier estado miembro puede solicitar la asistencia de la agencia europea.

La Comisión Europea es clara: a España le corresponde el control fronterizo conforme a los criterios Schengen. El acuerdo deberá garantizar que los agentes aduaneros pueden efectuar los controles.

Se introduce asimismo una larga serie de salvaguardas en esta materia para “proteger la seguridad e integridad de la zona Schengen”. La propuesta europea establece que las personas residentes en Gibraltar tendrán derecho a un visado de 90 días cada 180 para la zona europea, sus pasaportes no serán sellados y no podrá serles denegada la entrada al Peñón. El resto de los británicos serán considerados ciudadanos de un país tercero, con las restricciones que ello conlleva. España tiene la obligación de retornar a aquellas personas que no cumplan los requisitos para entrar en la zona Schengen y revisará las solicitudes de asilo que se presenten en Gibraltar. Y también tendrá control sobre los visados.

El futuro acuerdo también establecerá normas para el intercambio de información en materia de seguridad, cooperación entre los cuerpos de España y Reino Unido con la realización de operaciones que crucen a ambos lados o la efectiva cooperación en materia judicial.

‘Level playing field’

Una de las cuestiones clave para la Unión Europea es garantizar unas reglas equitativas de competencia (level playing field) en ambos territorios. El acuerdo, advierte el texto, deberá tener como punto de referencia los estándares de la Unión Europea en materias como las ayudas de estado, empleo, medio ambiente, en materia fiscal o la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación terrorista. Además, especifica, debería asegurar que el Puerto de Gibraltar compite justamente con otros europeos, “en particular el de Algeciras, incluyendo, entre otros, los servicios de bunkering”.

Un estanco en la calle Real de Gibraltar.

Comercio y fiscalidad

El control aduanero y de la fiscalidad es otra de las grandes cuestiones a abordar en la negociación. La UE demanda que Gibraltar aplique disposiciones relevantes de la legislación europea en materia de bienes como el código aduanero, la relacionada con impuestos (incluido el IVA), la de cooperación administrativa o aquella relativa a los estándares exigidos a los productos en el Mercado Único. También se prevé introducir disposiciones relativas al intercambio de información para prevenir el tráfico de drogas, el contrabando y el fraude fiscal.

Para la reclamada nivelación fiscal que equipare ambos lados de la Verja, la CE plantea que se asegure la aplicación en Gibraltar de un sistema impositivo alineado con el español. Esa equiparación minimizaría el diferencial de precio, destaca la CE, especialmente “para el alcohol, combustibles y productos del tabaco”, con el objetivo de prevenir la desviación del comercio y el contrabando.

En cuanto a los impuestos directos, el acuerdo deberá garantizar la aplicación de los estándares globales y de la Unión en materias como transparencia e intercambio de información, así como que Gibraltar cumple los estándares de la UE en relación a la lucha contra la evasión fiscal.

La CE reclama que Gibraltar cumpla los estándares europeos en relación a la lucha contra la evasión fiscal

La entrada de bienes en la Unión Europea tendrá que ser revisada como en cualquier punto de la Unión Aduanera, expone el documento. Para ello, las inspecciones podrán ser realizadas en Gibraltar u otros puntos de entrada con la infraestructura adecuada. El tratado deberá establecer medidas para que los controles aduaneros que se lleven a cabo en Gibraltar se realicen por las autoridades españolas o, como mínimo, en conjunción con los cuerpos aduaneros en Gibraltar. Puerto y aeropuerto de Gibraltar deberán contar con oficinas aduaneras y las autoridades españolas deberán tener acceso permanente y en tiempo real a la información relevante en materia aduanera.

La propuesta de la CE también prevé que la Unión pueda tomar medidas unilaterales, incluido el restablecimiento de los controles, en caso de una insuficiente aplicación de las estipulaciones del acuerdo que se alcance o de falta de cooperación, irregularidades o fraude.

Trabajadores

La situación de los miles de trabajadores españoles que tienen su puesto de trabajo en Gibraltar también formará parte de las estipulaciones del acuerdo. La CE reclama que se asegure que los ciudadanos de la Unión residentes legalmente en España y los de Reino Unido residentes en Gibraltar (estos últimos a fecha de firma del acuerdo), tienen igualdad de derechos laborales.

Se prohibirá la discriminación por nacionalidad en relación al empleo y también se prevé que el acuerdo garantice la protección social a los transfronterizos.

Un avión despega del aeropuerto de Gibraltar

Aeropuerto

El uso del aeropuerto, otra materia de alto voltaje en las negociaciones entre España y Reino Unido, se incluye en las directrices de negociación, “sujeto al previo entendimiento” entre ambos países. La CE plantea la necesidad de que los servicios aéreos entre Gibraltar y la Unión sean prestados solo por transportistas de la UE y la necesidad de que el aeródromo opere en unas adecuadas condiciones de seguridad y medioambientales, además de en una competencia leal con los aeropuertos europeos.

Medio ambiente

En materia medioambiental, de nuevo el punto de referencia es la normativa europea. Las directrices de negociación enumeran una serie de campos en los que aplicarla: acceso a información ambiental, estudio del impacto ambiental, emisiones atmosféricas y calidad del aire, conservación de la biodiversidad, manejo de los residuos (incluido el Puerto de Gibraltar), ruidos, protección del medio ambiente marino (de nuevo incluyendo el puerto) o la prevención de riesgos por el uso de sustancias químicas.

Mecanismo financiero

Para promover la cohesión entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar, plantea la CE, deberá establecerse un mecanismo financiero para sufragar actuaciones de formación y empleo, por ejemplo. Ambas partes del acuerdo deberán proveer fondos.

El papel de España

La propuesta presentada este martes es un primer paso de la Comisión Europea. El Consejo de Europa será ahora el que deberá adoptar este proyecto de mandato, tras lo cual la Comisión podrá iniciar negociaciones formales con el Reino Unido. Estas se desarrollarán, asegura la UE, en contacto permanente con las autoridades españolas, como ya se había comprometido en el acuerdo de salida del Brexit, cuando se dio a España la última palabra sobre cualquier decisión acerca de Gibraltar.

De alcanzarse un acuerdo, este incluirá una estructura de gobernanza para garantizar su correcta implementación, con un órgano de supervisión formado por los países miembros, especialmente España. Y también se tendrá en cuenta la posición de España como estado miembro responsable de parte de la aplicación del acuerdo a la hora de tomar decisiones sobre este. Se revisará la aplicación al cabo de cuatro años, pero existe la posibilidad de que ambas partes lo rescindan en cualquier momento y la opción de suspender unilateralmente el acuerdo en determinadas circunstancias.