El juzgado de La Línea archiva la denuncia del inspector jefe de la Policía Nacional en la Verja de Gibraltar contra sus superiores

Algeciras/La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de La Línea de la Concepción ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la denuncia presentada el 22 de noviembre de 2024 por el inspector jefe de la Policía Nacional D.B., responsable del puesto fronterizo de Gibraltar, por el supuesto incumplimiento del Código de Fronteras Schengen a la hora de controlar la entrada en España de los ciudadanos de la colonia británica.

La jueza Alba Serrano, decana de los juzgados linenses, justifica su decisión en un auto, emitido con fecha 12 de marzo y al que ha tenido acceso Europa Sur, que toma como base los argumentos expuestos en un informe elaborado al respecto por la Policía Nacional, en concreto, por la Jefatura Provincial de Operaciones de la Comisaría de Cádiz.

Dicho informe, según recoge el auto, sostiene literamente: “Desde que Reino Unido abandonó la Unión Europea, el 01/02/2020, existe una excepción dispuesta a los gibraltareños (titulares de [Identity Card] ID roja) de no sellar sus pasaportes en sus tránsitos por el Puesto de Control de La Línea de La Concepción”.

“Estas medidas transitorias adoptadas por las autoridades gubernamentales españolas, y prescritas por la Unidad Central de Fronteras”, apunta el auto de la jueza con referencia al citado informe, “se ajustan al Código de Fronteras Schengen, que permite la aplicación de criterios de flexibilidad en determinadas circunstancias, y también se encuentran avaladas por la Decisión del Consejo por la que se autoriza la apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo entre la Unión europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por otra, con respecto a Gibraltar, de fecha 20/07/2021”.

La jueza apunta a renglón seguido que estas medidas, de acuerdo al informe de la Jefatura Provincial de Operaciones, “se seguirán aplicando mientras se llevan a cabo las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido; todo esto atendiendo a la especialidad del cruce diario de personas por el puesto de La Línea, sus connotaciones socio-económica y a que los ciudadanos gibraltareños no constituyen un riesgo de inmigración clandestina”.

“No existe acuerdo internacional alguno que determine un régimen jurídico diferente del régimen general, aplicable al control del paso fronterizo de La Línea de la Concepción” — Pablo Antonio Fernández - Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Sevilla

Los controles en la Verja a los llanitos, como a los ciudadanos británicos no residentes en la Roca, subraya la Policía Nacional, incluyen la comprobación del titular del documento y del documento mismo, "además de grabarse la entrada o salida del pasajero en la base de datos policial".

“Esta operación, como hemos dicho, se lleva a cabo igualmente con los ciudadanos gibraltareños titulares de ID roja. Por tanto, se lleva a cabo el control fronterizo, tal y como exige el Código de Fronteras Schengen, y no existe por tanto brecha de seguridad alguna”, subraya el auto, con referencia al informe policial.

Vuelos derivados a Málaga

El auto judicial, de acuerdo al mismo informe, recoge también las peculiaridades del sistema de control de pasaportes que se hace a los pasajeros de los vuelos de Gibraltar derivados a Málaga, dándolos igualmente por válidos.

La jueza manifiesta también que el puesto fronterizo de Gibraltar tiene “dependencia orgánica” de sus mandos y que “las líneas de actuación, en cuanto al control en la entrada y salida de territorio nacional de los ciudadanos extranjeros, vienen marcadas por la Unidad Central de Fronteras, quien además fiscaliza las actuaciones que se llevan a cabo en todos puestos, y corrige aquellas prácticas que contravengan el Código de Fronteras Schengen”. “El inspector jefe D.B. conoce perfectamente estas instrucciones”, aclara, “puesto que está destinado en el Puesto Fronterizo de La Línea de la Concepción” desde septiembre de 2021.

Serrano concluye que los hechos denunciados responden, “de un lado, a cuestiones administrativas y políticas; de otro, a cuestiones que habrán de dilucidarse, en su caso, en la jurisdicción social, por ser extremos que han tenido lugar en el ámbito laboral y que atienden al mismo”. “El denunciante”, añade, “hace referencia a otras muchas cuestiones que están dentro del ámbito interno de la Policía Nacional y que, por ende, deberán depurarse dentro del mismo”.

Recurso ante la Audiencia

Los representantes legales de D.B. han anunciado a esta redacción la presentación de un recurso contra la decisión provisional de la instructora, bien de reforma ante el mismo juzgado, bien directamente de apelación ante la Audiencia de Cádiz.

Una de las bases de su recurso será que la citada Decisión del Consejo sobre el control de pasaportes a los gibraltareños, como se indica de forma expresa en el documento aprobado por la Comisión Europea en 2021, es un acto jurídicamente no vinculante previsto en el Tratado de Roma y, por tanto, carente de fuerza legal. “Es un instrumento de acción indirecta destinado a la elaboración de legislación en los Estados miembros”, apuntan fuentes vinculadas al mando policial.

Reino Unido, incluyendo Gibraltar, no participó en el reglamento que permite agilizar el paso por los puestos fronterizos

Otra de la bases del recurso será el informe elaborado en calidad de experto, amicus curiae, por Pablo Antonio Fernández, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Sevilla, y que el inspector jefe aportó en paralelo a su denuncia. En sus conclusiones, Fernández pone de relieve que “no existe acuerdo internacional alguno que determine un régimen jurídico diferente del régimen general, aplicable al control del paso fronterizo de La Línea de la Concepción”. Es decir, que el Código de Fronteras Schengen debería aplicarse en el puesto fronterizo de Gibraltar sin la excepción a la que alude el informe de la Policía Nacional.

“Ni los 4 Memorandos de Entendimiento (MOU) acordados entre España y el Reino Unido el 29 de noviembre de 2018, ni el acordado entre las mismas partes el 31 de diciembre de 2020 tienen naturaleza jurídica, de acuerdo con la definición de acuerdo internacional no normativo de nuestra Ley de Tratados Internacionales y Otros Acuerdos Internacionales. Por tanto, desde el punto de vista jurídico solo tienen valor político u orientativo para el establecimiento de políticas”, asegura el catedrático.

“Es verdad que la UE ha establecido normas para que en los puestos fronterizos terrestres (caso de La Línea de la Concepción), aun siendo frontera exterior de la UE, pueda generarse un tráfico fronterizo menor. A ello la normativa europea le dedica el Reglamento (CE) nº 1931/2006 sobre normas relativas al tráfico fronterizo menor en las fronteras terrestres exteriores de los países de la UE y modificaciones al Convenio de Schengen (DOUE L/29 de 3 de febrero de 2007). Sin embargo, el Reino Unido, incluyendo Gibraltar, no participó en la adopción del citado Reglamento, y no está vinculado ni sujeto a su aplicación”, concluye Fernández.