Cinco agentes de la Policía Real de Gibraltar comparecen ante el juez por mala conducta
Los acusados están implicados en una presunta agresión captada en video en 2019 que salió a la luz durante una investigación interna
Cuatro agentes de la Policía de Gibraltar, ante el juez por un caso de agresión

Gibraltar/La Corte de Magistrados de Gibraltar acogió este lunes la primera comparecencia de cuatro agentes en activo y un ex miembro de la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police, RGP), acusados de un delito de mala conducta en el ejercicio de sus funciones públicas. Los cinco implicados están vinculados a una presunta agresión ocurrida en 2019 que quedó registrada en video.
Los comparecientes ante el tribunal fueron el sargento L. G., de 34 años; el sargento D. F., de 43 años; los agentes C. T., de 28 años, y C. C., de 36 años; además del ex agente A. G., de 51 años. Durante la vista judicial del lunes, ninguno de los acusados presentó alegaciones sobre los cargos que se les imputan.
Según informó la RGP en un comunicado oficial, el caso se destapó tras una investigación interna desarrollada por el Departamento de Normas Profesionales del cuerpo policial, que comenzó en noviembre de 2023. Los investigadores descubrieron un video datado en 2019 mientras realizaban pesquisas sobre un asunto diferente. En dichas imágenes, según la información facilitada por la policía, "se ve a una persona siendo agredida".
Las autoridades judiciales ahora buscarán determinar el grado de implicación de cada uno de los agentes en los hechos registrados en el video, así como evaluar su actuación durante el incidente. Como medida cautelar, los cuatro agentes que siguen en activo han sido suspendidos temporalmente de sus funciones mientras se desarrolla la investigación interna.
El caso ha sido derivado al Tribunal Supremo de Gibraltar, donde está previsto que el proceso judicial comience el próximo 25 de mayo. El delito de mala conducta en el ejercicio de funciones públicas constituye una grave violación del código deontológico policial y podría acarrear severas consecuencias tanto profesionales como penales para los implicados.
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