Conflicto en la verja

Arias Cañete pretende endurecer las sanciones a las gasolineras flotantes

  • El Peñón dice que la ley ampara esas acciones y que la ONU reconoce sus aguas jurisdiccionales

El Gobierno español pretende endurecer las sanciones a los barcos que hagan de gasolineras flotantes en la Zona de Especial Protección (ZEC) en las aguas de la bahía de Algeciras próximas a Gibraltar, donde numerosos buques realizan esta práctica.

Tras reunirse con el sector pesquero en Barbate, el ministro de Agricultura y Pesca, Miguel Arias Cañete, explicó en rueda de prensa que al Gobierno "no le temblará el pulso" en sus decisiones sobre Gibraltar.

En esa ZEC, aprobada por el Gobierno en noviembre pasado, agregó Arias Cañete, "está prohibido el suministro de combustible a otros buques", y por ello, de acuerdo con la normativa comunitaria, se quiere cambiar la legislación española de sanciones ambientales para "endurecerlas" y actuar con "mucho más rigor" contra las empresas que tengan buques como gasolineras flotantes.

El ministro subrayó que el Gobierno seguirá tomando medidas legales "proporcionadas" después de que Gibraltar arrojara en la Babía de Algeciras bloques de hormigón con cilindros que rompen las redes de los pesqueros, algo que ha calificado como "aberrante" y un "delito ambiental", por lo que España ha presentado una denuncia ante la fiscalía y la UE.

Arias Cañete insistió en que el derecho internacional está del lado de España en las medidas con Gibraltar, y precisó que el Tratado de Utrecht no recoge que Gibraltar tenga aguas propias.

Además, indicó que van a seguir los controles en la frontera destinados a paliar el contrabando de tabaco de la colonia, que definió como un "anacronismo".

También justificó la imposición de una tasa de 50 euros que el Gobierno estudia para los vehículos que accedan al Peñón.

Por su parte, el Gobierno de Gibraltar seguró ayer, tras conocer el anuncio de Arias Cañete, que "no se tolerará ningún intento de interferir en la legalidad de operaciones de este tipo de operaciones dentro de las aguas territoriales británicas de Gibraltar".

El Gobierno del Peñón señala que "hasta la fecha no ha habido ningún intento de restringir las operaciones de toma de combustible en el mar", subraya que dichas operaciones que reclama como propias están amparadas legalmente, y afirma que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar delinea los límites de "las aguas jurisdiccionales británicas en Gibraltar".

Así, Gibraltar se vuelve a apoyar en dicha convención de la ONU para defender su jurisdicción sobre las aguas, y asegurar que "el aprovisionamiento de combustible dentro de esos límites es regido por las leyes de Gibraltar", las cuales "ya aplican todas las medidas pertinentes de la Unión Europea".

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