La Unión de Fiscales Progresistas pide el apoyo de sus socios para hacer frente a la multa al ex fiscal general del Estado

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha lanzado una campaña de colaboración entre sus asociados para "el abono de las responsabilidades económicas derivadas" de la condena del Tribunal Supremo (TS) contra el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, que además de dos años de inhabilitación incluye el pago de una multa de 7.200 euros y de una indemnización de 10.000 euros, por revelar secretos de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Así lo ha comunicado este lunes la UPF a través de una nota de prensa, en la que insiste en que la campaña es "de carácter estrictamente voluntario y solidario".

La asociación, a la que perteneció García Ortiz, ha manifestado su defensa "desde el inicio" de la inocencia del ex fiscal general. Una defensa que, ha dicho, "seguirá defendiendo en todos los foros jurídicos e institucionales", pues la actuación del que fuera jefe de la Fiscalía "tuvo como único objetivo la defensa de la dignidad del Ministerio Fiscal".

"Mientras se activan y se seguirán activando los mecanismos legales para combatir una condena que consideramos injusta, la asociación entiende que no puede permanecer indiferente ante el impacto personal y familiar que una sanción penal de estas características produce", ha señalado.

Por ello, la UPF ha detallado que su iniciativa "no responde a una obligación, ni a una imposición corporativa, ni a una lógica económica, sino a un gesto libre, individual y voluntario de solidaridad profesional y humana".

Y ha añadido que se trata "de una expresión de apoyo entre compañeros y compañeras de una misma carrera que comparten una función constitucional, una vocación de servicio público y el compromiso con el Estado de derecho".

Cabe recordar que esta asociación también ha promovido una campaña de recogida de firmas para el indulto a García Ortiz, entendiendo que se trata de "una necesidad democrática". Dicha campaña ya cuenta con más de 15.000 firmas.

El Supremo ordenó ejecutar la sentencia

El Supremo ordenó el pasado 12 de diciembre la ejecución de la sentencia, reclamando a García Ortiz que ingrese las cantidades fijadas por el tribunal en la cuenta de depósitos y consignaciones del TS, según un auto al que accedió Europa Press.

Además, ordenó librar "copia de la presente resolución a la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado, junto con testimonio de la sentencia, a los efectos oportunos".

García Ortiz renunció al cargo el pasado 24 de noviembre, cuatro días después de conocerse el fallo --que se adelantó sin la sentencia por miedo a las filtraciones-- y quedó cesado formalmente el 9 de diciembre. Teresa Peramato, fiscal experta en la lucha con la violencia de género, ya ha tomado posesión como nueva fiscal general del Estado.

Según las fuentes fiscales, será la Inspección Fiscal la que determine el impacto del fallo en el estatus de García Ortiz como fiscal.