El Gobierno volverá a actuar con "firmeza" si Torra no cumple la ley

El Gobierno asegura que Torra debe "valorar el riesgo"

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha advertido este viernes de que si Quim Torra, tras ser investido president de Cataluña, en caso de que lo sea, incumple la ley, el Ejecutivo "volverá a actuar exactamente igual" con "firmeza y serenidad".

Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha asegurado que el Ejecutivo no "dudará en volver a actuar con firmeza" si se produce una situación como la ocurrida anteriormente que llevó a la aplicación del artículo 155 en Cataluña. "Más claro agua", ha enfatizado.

Elsa Artadi, Quim Torra y Eduard Pujol. / EFE

Según el ministro, cuando se incumple la ley, la Constitución o el Estatuto, el Gobierno ya ha dado muestras de que actúa con "firmeza" y prueba de ello es la situación en la que se encuentran las personas que incumplieron la ley y "están respondiendo ante los tribunales".

No ha querido especular sobre lo que "va a hacer o decir" Torra cuando ni siquiera se sabe aún si va a ser investido, pero Méndez de Vigo ha insistido en que debe cumplir la ley y ha recordado que el candidato fue vendedor de seguros para afirmar que "cualquier vendedor seguros valora riesgo de las cosas que dice o hace".

De momento, según Méndez de Vigo, lo único que el Gobierno sabe de Torra es que es un candidato propuesto por "un fugado de la Justicia" (Carles Puigdemont) que está en Berlín, por lo que prefiere esperar a "ver que sucede" antes de pronunciarse sobre si tiene el perfil adecuado, pero ha dado por hecho que todos han podido aprender de la experiencia y saben que el investido tiene que cumplir la Constitución y el Estatuto.

Ha recordado que el Gobierno ha defendido siempre la necesidad de nombrar un candidato "viable", que cumpla los requisitos que establece la ley para ser investido y ha expresado su deseo de que, sea quien sea, el nuevo president responda a los intereses de todos los catalanes y no sólo a los de una parte como ocurrió con el anterior porque su primera labor tendrá que ser "la de coser el enfrentamiento entre catalanes". "Que sea el presidente de todos" porque "en Cataluña hay mucha gente que quiere ser catalán, español y europeo", ha dicho.

Según el Ejecutivo, la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña se mantendrá vigente hasta que "tome posesión un nuevo Gobierno salido de las elecciones en Cataluña" porque así lo establece "meridianamente claro" el acuerdo aprobado en el Senado por PP, PSOE, Cs, Foro Asturias, UPN y Coalición Canaria.

Por último, el ministro ha dejado clara la disposición del Ejecutivo al diálogo "dentro de la ley": "Si se produce la investidura, si hay nuevo president y si hay levantamiento del 155, también nos gustaría que se entrara en una fase de diálogo y lealtad institucional", ha subrayado. EFE

Se mantendrá el control mensual de la financiación

Una vez finalice la aplicación del artículo 155 en Cataluña, acabará la intervención de las cuentas de la comunidad pero se mantendrá el control mensual del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y de sus fondos de financiación.

El pasado 15 de septiembre, el Gobierno decidió intervenir las cuentas de la Generalitat y asumir el pago de los servicios esenciales en Cataluña. Así, el Estado dejó de enviar nuevas transferencias a Cataluña para pagar los servicios públicos fundamentales y pasó a abonar directamente estos servicios a los proveedores.

Esta intervención cesará en el momento en el que tome posesión el nuevo Govern, pues forma parte de las medidas de aplicación del artículo 155, ha indicado Méndez de Vigo.

No ocurre lo mismo con la decisión que adoptó el Ejecutivo en noviembre de 2015 de aumentar los controles y condicionar el desembolso del FLA a una serie de requisitos para garantizar la prestación de los servicios públicos en defensa del interés general.

Entre los requisitos, que siguen en vigor y continuarán más allá del cese de la aplicación del 155, según Méndez de Vigo, se establece la obligación de destinar de forma prioritaria los recursos recibidos del Estado (FLA y sistema de financiación) al abono de facturas de los servicios públicos.

Además, el interventor de la comunidad debe remitir a Hacienda una actualización mensual de toda la ejecución del presupuesto de la administración catalana, de sus empresas y organismos y facilitar mensualmente un certificado con toda la información de los pagos realizados en el mes anterior, para garantizar su cumplimiento. Otro requisito para Cataluña era el de interconectar su registro contable con el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe), para conocer y permitir la trazabilidad de todas las facturas, simultáneamente a su apunte en el registro.