Los funcionarios españoles recibirán un incremento salarial del 11% hasta 2028

El Ministerio de Función Pública y los sindicatos UGT y CSIF -CCOO está aún pendiente de valorarlo- han cerrado un acuerdo plurianual para subir los salarios de los más de tres millones de funcionarios un 11% en el periodo 2025-2028, que se distribuirá en un alza del 2,5% para este año; del 1,5% para 2026, con un variable adicional del 0,5% vinculado a la evolución del IPC; del 4,5% para 2027 y del 2% para 2028, según han informado fuentes sindicales.

La subida de este año, del 2,5%, se abonará en diciembre con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Para 2026, lo que se ha acordado es un incremento salarial fijo del 1,5%, al que se añadiría medio punto más si la inflación a final de año iguala o supera la subida fija del 1,5%. En caso de ser así, ese 0,5% adicional se abonaría en el primer trimestre de 2027 con efectos retroactivos. El de 2026 es el único incremento que contará con una parte fija y variable, todos los demás serán exclusivamente fijos.

Aunque para el conjunto de 2025-2028 la subida pactada es del 11%, los sindicatos estiman que, por el efecto arrastre de los distintos incrementos salariales de cada año, el aumento salarial acumulado que experimentarán los empleados públicos en esos cuatro años rondará el 11,5%. El Ministerio se ha limitado a informar de que se ha alcanzado "un principio de acuerdo con dos de las principales centrales sindicales, UGT y CSIF, y está a la espera de que CCOO también forme parte del mismo". "Dicho acuerdo supone un gran avance para los servidores públicos y también garantiza el poder adquisitivo de los empleados públicos hasta 2028", añade el ministerio.

Recuperación del poder adquisitivo

Este acuerdo plurianual representa un importante hito para el sector público español, que venía reclamando mejoras salariales tras años de contención presupuestaria. Según fuentes cercanas a la negociación, la distribución escalonada de las subidas busca equilibrar las necesidades de los trabajadores públicos con la sostenibilidad de las cuentas del Estado. El incremento del 2,5% para este 2025 supone un primer paso significativo que rompe con el estancamiento salarial de ejercicios anteriores, cuando los funcionarios vieron cómo sus retribuciones apenas se actualizaban al ritmo de la inflación.

Los representantes sindicales han subrayado que estos incrementos resultan especialmente importantes en el actual contexto económico. "Los empleados públicos han sufrido una pérdida acumulada de poder adquisitivo que este acuerdo comienza a revertir", han señalado desde UGT. Por su parte, desde CSIF defienden que el acuerdo salarial alcanzado es "el mejor posible en las actuales circunstancias políticas" y supone, por un lado, acabar con la congelación salarial que estaban sufriendo los funcionarios este año y la recuperación de un 2,9% del poder adquisitivo que había perdido el colectivo.

"CSIF suscribe este acuerdo por una cuestión de responsabilidad y compromiso con los empleados públicos. Hemos conseguido el mejor acuerdo posible teniendo en cuenta las dificultades que atraviesa el país, la inestabilidad política, el bloqueo presupuestario y las limitaciones económicas de la Unión Europea y la OTAN por el gasto en defensa", apunta el sindicato que preside Miguel Borra.

Mejoras en condiciones laborales

El acuerdo no se limita exclusivamente a incrementos salariales, sino que incorpora además diversas mejoras en las condiciones laborales de los funcionarios. Entre las más destacadas figura la eliminación de la tasa de reposición, una medida largamente reivindicada por los sindicatos que permitirá a las administraciones reponer todas las bajas que se produzcan sin las restricciones actuales, lo que contribuirá a rejuvenecer unas plantillas públicas con una elevada edad media.

Otro de los puntos relevantes es la agilización de los procesos selectivos, que pretende reducir los tiempos entre la convocatoria y la incorporación efectiva de los nuevos funcionarios. Este aspecto resulta crucial ante la necesidad de cubrir vacantes en numerosos departamentos de la Administración. Asimismo, el pacto contempla el refuerzo de las plantillas de atención al público, un área que ha experimentado una notable sobrecarga en los últimos años, especialmente tras la pandemia, cuando muchos servicios presenciales se vieron afectados.

Fuentes del Ministerio de Función Pública han explicado que estas medidas responden a un análisis detallado de las necesidades de modernización de la administración pública española. "Queremos una administración más ágil, mejor dotada de recursos humanos y que ofrezca un servicio óptimo a la ciudadanía", han señalado desde el departamento que dirige José Luis Escrivá. La reducción de la temporalidad es otro de los objetivos prioritarios, con el compromiso de situar la tasa por debajo del 8% en todas las administraciones públicas antes de finalizar 2028.

Contexto económico del acuerdo

El contexto económico en el que se ha alcanzado este acuerdo está marcado por una paulatina recuperación tras los efectos de la crisis provocada por la pandemia. Los técnicos del Ministerio de Hacienda han calculado que el impacto presupuestario de estas subidas salariales rondará los 15.000 millones de euros para todo el periodo 2025-2028, una cantidad que deberá ser asumida tanto por la Administración General del Estado como por las comunidades autónomas y entidades locales, en función de sus respectivas plantillas.

Expertos en economía pública consultados valoran positivamente el carácter plurianual del acuerdo, que permite una mayor previsibilidad tanto para las administraciones como para los propios funcionarios. "Un horizonte de cuatro años otorga estabilidad a las cuentas públicas y evita la incertidumbre de negociaciones anuales que suelen generar tensiones", explica Carlos Martínez, profesor de Economía Aplicada. No obstante, algunos analistas advierten sobre la necesidad de vincular estas subidas a mejoras en la productividad y eficiencia de los servicios públicos.

En comparación con otros países europeos, este acuerdo sitúa a España en una posición intermedia en cuanto a actualizaciones salariales del sector público. Francia aprobó recientemente incrementos del 3,5% para sus funcionarios en 2025, mientras que Italia mantiene congelados los sueldos públicos. Alemania, por su parte, aplicará subidas escalonadas similares a las españolas, aunque con un porcentaje acumulado ligeramente inferior, del 10% para el mismo periodo.

Seguimiento y garantías de cumplimiento

Para garantizar la efectiva aplicación de todas las medidas acordadas, las partes han pactado constituir una comisión de seguimiento que velará por el cumplimiento de lo firmado. Esta comisión deberá constituirse en un plazo máximo de 15 días desde la firma del acuerdo y contará con representación tanto de la Administración como de las organizaciones sindicales firmantes. Entre sus funciones estará la de evaluar periódicamente la implementación de las subidas salariales y demás mejoras laborales contempladas en el pacto.

CSIF ha subrayado que el acuerdo "no es un cheque en blanco" y que velará por su cumplimiento "en tiempo y forma", reservándose "todas las medidas para asegurar su efectiva ejecución". Los representantes sindicales han advertido que estarán vigilantes ante cualquier intento de dilatar o incumplir lo pactado, y no descartan movilizaciones si fuera necesario para defender los derechos de los empleados públicos.

La firma definitiva del acuerdo está prevista para las próximas semanas, una vez que CCOO finalice su proceso interno de valoración y decida si se suma o no al pacto. Fuentes cercanas a este sindicato indican que están analizando con detalle los términos del acuerdo y consultando con sus bases antes de tomar una decisión final. Su incorporación dotaría al acuerdo de mayor respaldo, al representar a las tres principales centrales sindicales del sector público español.

El calendario de aplicación de las subidas comenzará de inmediato, con el abono del incremento correspondiente a 2025 en la nómina de diciembre, incluyendo los atrasos generados desde enero. Para ejercicios posteriores, las actualizaciones se aplicarán desde el mes de enero de cada año, salvo el componente variable de 2026, que de cumplirse las condiciones previstas, se abonaría en el primer trimestre de 2027 con carácter retroactivo.