España se sumó este domingo a una lista de países de la que orgullosamente se había venido jactando de no pertenecer: la de quienes han salido al rescate de alguna entidad financiera ante los problemas de liquidez del sistema bancario global. A cuatro días del inicio de la cumbre del G-20, el Ejecutivo decidió ayer conceder un aval del Tesoro de hasta 9.000 millones de euros para que el Banco de España cubra las necesidades de liquidez de Caja Castilla-La Mancha (CCM).

Esta medida de respaldo público se produce tras el fracaso de las negociaciones para la fusión de CCM y la malagueña Unicaja, iniciadas hace mes y medio. Además, es la primera actuación de rescate tras el estallido de la crisis global hace 20 meses. Y la primera de una entidad en España desde la intervención de Banesto a finales de 1993.

Pedro Solbes, vicepresidente económico, aseguró que la entidad de ahorro manchega “es solvente, tiene un patrimonio neto positivo y no tiene ningún agujero patrimonial que haya que tapar con dinero público a modo de nacionalización”. Resaltaba así la diferencia entre este proceso y los seguidos en EEUU, Reino Unido, Francia, Bélgica o Alemania, donde el Estado sí que ha pasado a controlar mayoritariamente el capital de distintas entidades.

“Se trata de un problema de liquidez que se soluciona con este aval, por lo que la situación que atraviesa hoy la caja es mejor que la del domingo. La caja va a cumplir todas sus obligaciones con sus clientes y ahorradores”, aseguró a modo de advertencia tranquilizadora.

El monto del aval es, en cualquier caso, mucho más elevado que las cifras que se habían filtrado sobre las necesidades económicas de la caja: un máximo de 3.000 millones. Solbes explicó que ese aval del Tesoro por 9.000 millones sale de los 100.000 millones que el Gobierno aprobó el año pasado para respaldar las emisiones de deuda de bancos y cajas españoles, lo que les facilitaba la obtención de liquidez en los mercados internacionales. “Es una cifra maximalista que esperamos que no haya que utilizar. La cantidad inicial con la que empezaremos a trabajar estará entre los 2.000 y los 3.000 millones. Pero es mejor ser prudentes y trabajar con suficiente margen”.

El saneamiento de Banesto, el último gran caso de intervención de una entidad financiera antes de éste, tuvo un coste de 1.168 millones. Este caso fue el más voluminoso de los 27 en los que el Fondo de Garantía de Depósitos ha actuado desde 1978. Desde 1993 sólo ha habido dos intervenciones: Credipas y Eurobank.

Solbes también hizo balance de lo ocurrido con esta caja para explicar el porqué de este rescate público. “El Banco de España ha estado trabajando con CCM por sus problemas de liquidez durante todo 2008. Los gestores llevaban meses buscando una solución en el ámbito privado utilizando el apoyo del Fondo de garantía de Depósitos. Pero ha habido dos gestiones en este sentido que han fracasado [una de ellas la de Unicaja, aunque no la citó] y el Banco de España ha considerado que no era conveniente hacer un tercer intento”. En cualquier caso, “seguimos pensando que la solución a casos como éste debe de producirse en el ámbito privado”.

Más allá de CCM, el también ministro de Economía contestó a varias preguntas en el sentido de qué perspectivas maneja acerca de la salud del sistema financiero. “En estos momentos no hay ninguna otra entidad en las mismas circunstancias”. Pero añadió que la “enorme” solidez del sistema financiero español “no lo hace inmune si la situación se alarga”.

El vicepresidente quiso también restar importancia a esta intervención, pese a ser la primera de entidad desde el estallido de la crisis hace 20 meses. “Es un hecho aislado y con una significación muy limitada ya que esta caja representa menos del 1% de los activos del sistema financiero español”. Los activos de CCM a cierre de 2008 ascendían a 27.339 millones de euros. Solbes llegó a afirmar que es una actuación “singular, pero de un carácter más simbólico que económico por su peso en el sector financiero”.

Unas horas antes de la reunión del Ejecutivo, el Banco de España había convocado en su sede de Madrid a la cúpula directiva de CCM. El ente supervisor que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez había decidido el sábado por la mañana destituir a todo el consejo de administración de CCM, encabezado por su presidente, Juan Pedro Hernández Moltó.

En su lugar ha nombrado a tres inspectores que administrarán ahora la entidad. Fernández Ordóñez se ofreció ayer para comparecer ante el Parlamento y explicar la intervención. El Gobierno avanzó que la caja seguirá operando “con absoluta tranquilidad” y que los nuevos gestores tendrán que “clarificar las cuentas”. Solbes añadió que no cree que haya que hacer “nada más” respecto a los ya ex gestores y sus posibles responsabilidades.