El Tribunal Supremo rechaza el recurso de Ábalos y confirma la investigación por el chalet de La Alcaidesa
Trama Koldo
La Sala de Apelación avala dividir la causa sobre presuntas irregularidades en obra pública y mantiene el avance de la pieza principal sobre los contratos de material sanitario, mientras crece el foco sobre operaciones inmobiliarias de lujo vinculadas al ex ministro
El efecto Ábalos dispara el precio de los chalés en La Alcaidesa un 21,8% en el segundo trimestre del año
La Sala de Apelación del Tribunal Supremo ha respaldado este miércoles la decisión del instructor Leopoldo Puente de desgajar la investigación sobre las presuntas adjudicaciones irregulares de obra pública dentro del conocido caso Koldo. Entre los aspectos más polémicos que permanecen bajo lupa se encuentran operaciones inmobiliarias vinculadas al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, como el controvertido chalet de La Alcaidesa, a caballo entre los términos municipales de La Línea y San Roque, y el alquiler de la vivienda de su expareja, Jésica Rodríguez, que la Guardia Civil considera posibles pagos en especie de la trama.
El de La Alcaidesa se trata de un chalet de lujo de 300 metros cuadrados, construido sobre una parcela de 750 metros, distribuido en seis habitaciones y tres cuartos de baño. Ubicado al borde de Sotogrande, a apenas 400 metros de la playa, el inmueble cuenta con un amplio salón con aire acondicionado, gran terraza, jardín, piscina, tres plantas y aparcamiento para cuatro coches. Según la UCO, Ábalos llegó a intentar alquilar la vivienda, que finalmente fue comprada por la empresaria Carmen Pano para él, como presunto soborno vinculado a la concesión de una licencia de venta de hidrocarburos. Durante meses realizó un casting de propiedades por la costa mediterránea, acompañado por su subordinado Koldo García y el presunto conseguidor Víctor de Aldama, hasta decidirse por la residencia de La Alcaidesa.
El informe de la UCO detalla que la búsqueda comenzó en abril de 2020, coincidiendo con los contratos millonarios de mascarillas adjudicados a De Aldama durante la pandemia. Los agentes destacan que, pese a las afirmaciones de Ábalos sobre un alquiler abortado, existen múltiples evidencias de que el ex ministro hizo uso real del chalet hasta noviembre de 2021, llegando incluso a intentar gestionarlo para obtener rentas. Incluso surgieron problemas con el suministro eléctrico: cuando Ábalos visitó la vivienda en noviembre de 2021, no había luz. La situación obligó a coordinar con Koldo García y Aldama para un enganche “temporal” mientras se legalizaba el suministro, lo que la UCO interpreta como prueba de que el inmueble operaba como un soborno encubierto.
La Sala de Apelación desecha las explicaciones de Ábalos respecto al chalet de La Alcaidesa, una operación inmobiliaria que el instructor señala como presunto pago en especie de la trama
El propio Ábalos había recurrido la apertura de esta pieza separada, alegando que las pesquisas sobre obra pública no estaban suficientemente justificadas y cuestionando la validez de varias pruebas, incluidas grabaciones y documentos obtenidos mediante técnicas de investigación excepcionales. Sin embargo, el Supremo rechaza de plano estos argumentos y subraya que las alegaciones de Ábalos “nada tienen que ver” con la decisión de Puente de avanzar a dos velocidades en la investigación: mientras la obra pública está en fase inicial, la pieza sobre la compra de material sanitario sigue su curso.
En la pieza principal, el instructor propuso juzgar a Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama, enfrentándose los dos primeros a hasta 30 años de prisión, mientras para Aldama se solicitan siete años por su confesión que destapó la presunta trama. La Sala de Apelación también rechaza las críticas de Ábalos sobre la credibilidad de Aldama y sobre los informes de la UCO que apuntan a ingresos desconocidos gestionados en su favor.
“Tiempo habrá para valorar sus afirmaciones y su concordancia con el resto del material probatorio que se va acumulando”, apunta la resolución, que advierte de que la lectura del informe del 3 de octubre dificultará mantener afirmaciones concluyentes sobre su inocencia.
La decisión del Supremo reafirma así la continuidad de las investigaciones sobre la trama, dejando claro que los supuestos beneficios inmobiliarios y los sobres con dinero intervenidos siguen en el epicentro del caso, mientras la justicia avanza hacia la apertura de juicio oral.
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