Los tres acusados por el fraude de la estiba asumen sus delitos con condenas de prisión rebajadas

Minutos antes de las 10:00 de este lunes hicieron acto de presencia en la sede de la Audiencia de Cádiz, en Algeciras, los tres acusados que iban ser juzgados por delitos de estafa continuada por vender de forma fraudulenta a 55 personas falsos puestos de trabajo en la estiba del puerto de la ciudad. Sin embargo y en apenas dos horas, el caso quedó sustanciado y el juicio que iba a tener lugar a lo largo de toda la semana, suspendido. La Fiscalía y las defensas habían llegado días atrás a un acuerdo de conformidad por el que Ángel Fernández, José Manuel C. P., alias Cafelito, y David C. M. -padre e hijo, ambos estibadores-, asumen plenamente la comisión de los hechos que se les atribuyen a cambio de una rebaja sustancial de las penas. Las acusaciones particulares se adhirieron al pacto.

En el caso de Ángel Fernández -hijo del ex político del PP Luis Ángel Fernández y de una asesora de este partido- y de José Manuel C. P., las condenas son de cuatro años de prisión, multas de tres meses a razón de 6 euros diarios y el pago de indemnizaciones a sus víctimas que superan el millón de euros por sendos delitos de estafa agravada y continuada. Inicialmente, la pena de prisión para ambos era de seis años. La misma condena se solicitaba para el tercero de los acusados, David C. M., cuya pena final es de dos años de cárcel por estafa continuada, si bien al ser inferior a 250.000 euros, no tiene carácter de agravada. También deberá hacer frente al abono de la multa y de las indemnizaciones correspondientes.

El acuerdo entre las partes personadas en el procedimiento culmina unas diligencias judiciales iniciadas el 15 de mayo de 2018 a instancias de la Policía Nacional -en concreto por el Grupo 1 de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (Udev), del Grupo 4 de Blanqueo de Capitales (Udyco) de Algeciras y de la Udyco de Cádiz- ante la evidencia de que diversas personas estaban llevando a cabo la venta de puestos de trabajo como estibadores, saltándose los cauces legales de contratación, y de que detrás de estas operaciones había redes del narcotráfico interesadas en asentarse en el Puerto de Algeciras.

En ese contexto fue cuando se dio con la existencia de los ahora condenados, quienes desde 2008 y hasta sus detenciones en 2018, según la Fiscalía, se dedicaron "de forma ininterrumpida, a extender el rumor de que tenían potestad para conseguir que, las personas que previamente les abonaran el precio convenido, fueran contratadas de forma definitiva para un puesto de trabajo en el sector de la estiba en el puerto de Algeciras".

"Crearon así en determinados círculos la falsa creencia de que tenían ese poder con el ánimo de captar a personas que les abonaran las cantidades de dinero pedidas, promesa que, en realidad, no tenían ninguna intención de cumplir, al carecer de poder alguno para hacerlo. Este dato sin embargo no era conocido por las personas que aceptaron sus propuestas”, señalaba el escrito de acusación.

En la investigación quedó constancia de que Ángel Fernández ofreció también puestos de trabajo, a cambio del cobro de comisiones, en la empresa municipal de Algeciras Actividades de Limpieza y Gestión SA (Algesa), de la que su padre fue consejero delegado al ser en esos años primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Algeciras.