El tratado permitirá a la Policía Nacional española pasar a Gibraltar cuando persiga o vigile a un delincuente

Una de las cuestiones más complejas que planteaba la caída de la Verja de Gibraltar era si podía facilitar el paso de delincuentes que huyan de las fuerzas de seguridad y atraviesen de La Línea al Peñón o viceversa. Es decir, qué ocurriría si, por ejemplo, la Policía Nacional persigue a alguien como sospechoso de un delito y esa persona cruza hacia territorio gibraltareño aprovechando que ninguna barrera lo detiene. La respuesta está en el nuevo Tratado de Gibraltar, que establece por primera vez que España y Reino Unido trabajarán de manera más estrecha que nunca para que la desaparición de la frontera física no origine un problema para la seguridad.

El texto final -que iniciará en breve su proceso de ratificación- no solo incluye por primera vez la posibilidad de realizar operaciones policiales y patrullas conjuntas, sino de que los agentes gibraltareños y españoles continúen sin interrupción con persecuciones en uno u otro territorio. "Los agentes del Reino Unido, en lo que respecta a Gibraltar, o del Reino de España que persigan a una persona sorprendida en flagrante delito o participando en uno de los delitos enumerados en el anexo 8 podrán continuar la persecución, de conformidad con el acervo de Schengen pertinente, en Gibraltar o en España, respectivamente. Lo mismo se aplicará cuando la persona perseguida se haya fugado de la prisión preventiva o mientras cumple una pena privativa de libertad", se lee en el artículo 56, que dejan en manos de España y Reino Unido los "acuerdos administrativos" que regirán estas situaciones.

Estos delitos son variados. Van desde el terrorismo, el crimen organizado y el asesinato, al robo armado, la explotación sexual infantil, violación, el incendio provocado, los delitos informáticos, la falsificación de moneda y documentos, hasta la piratería, la corrupción y el soborno, pasando por el fraude, la estafa, la extorsión, el chantaje y blanqueo de capitales, entre otros.

El artículo 54 establece que las autoridades competentes, como la policía y aduanas, podrán intercambiar información relevante para la prevención y persecución de delitos, la lucha contra la delincuencia organizada, el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la seguridad pública. La normativa incluye la posibilidad de compartir datos sobre personas buscadas, desaparecidas y objetos, así como de usar esa información en procedimientos judiciales, siempre respetando las leyes nacionales de cada parte.

Además, el artículo 55 permite a los agentes españoles y gibraltareños continuar con las vigilancias en la comarca o la Roca en el marco de una investigación penal, siempre que sea una persona presuntamente implicada en la comisión de los delitos enumerados en el anexo 8 o a un ciudadana que pueda ayudar a identificar o localizar a un delincuente. La operación se realizará de conformidad con el acervo de Schengen pertinente, en Gibraltar o España, respectivamente. Esta medida queda también sujeta a acuerdos administrativos bilaterales que establecerán las modalidades prácticas y la cooperación operativa que se aplicará.

El tratado también promueve una comunicación directa y efectiva entre los cuerpos policiales, mediante líneas y enlaces de comunicación, y establece operaciones conjuntas, incluidas patrullas mixtas, con participación de agentes de ambas jurisdicciones, según los artículos 57 y 58. Estas operaciones podrán incluir acceso a bases de datos nacionales e internacionales, así como protección y asistencia mutua durante el desempeño de sus funciones.

Otros aspectos destacados incluyen la transferencia de datos de pasajeros (PNR) a las autoridades españolas, controles policiales reforzados en la zona fronteriza y la aplicación de ciertas disposiciones del Derecho de la Unión Europea en Gibraltar.

El Gobierno de Gibraltar afirma que entre las mejoras en la seguridad que traerá la implementación del tratado entre Reino Unido y la UE se encuentran la instalación de cámaras de reconocimiento facial y la realización de patrullas conjuntas con los agentes españoles en la zona más cercana a La Línea.

En una coimparecencia en el Parlamento gibraltareño, Picardo explicó que se prevé reforzar la presencia policial en la frontera terrestre y el aeropuerto, con 20 agentes adicionales y personal civil de apoyo. Estas medidas incluirán formación obligatoria en seguridad fronteriza, armas de fuego, protección pública y manejo de incidentes graves.

Además, se realizarán inversiones en equipos y tecnología, incluyendo mejoras en vehículos, sistemas informáticos y la infraestructura de seguridad. Las cámaras de reconocimiento facial se instalarán al norte de la pista del aeropuerto y se extenderán hacia la ciudad, permitiendo identificar y vigilar a personas en tránsito.

En cuanto a la cooperación internacional, Gibraltar realizará patrullas marítimas conjuntas con las autoridades españolas, utilizando un barco proporcionado por el Gobierno. Esto forma parte de un enfoque integral que combina vigilancia tecnológica y patrullas operativas para proteger el territorio y garantizar la seguridad transfronteriza.

Picardo subrayó que, aunque algunos detalles sobre equipamiento y operaciones permanecen confidenciales, los esfuerzos avanzan rápidamente mediante reuniones regulares entre policía, Gobierno y contratistas especializados.