Nos queda la Justicia

Sostiene el Ministerio del Interior a través de terceros que el control de paso de los ciudadanos de Gibraltar hacia España se desarrolla conforme a la norma: "Confirmamos que la situación en la frontera cumple la legislación y no se está produciendo ningún problema de seguridad", relató esta semana de forma lacónica un portavoz ministerial a El Correo Gallego, periódico de prestigio, aunque alejado por razones obvias de la realidad del Campo de Gibraltar. Lástima que el departamento de Grande-Marlaska cierre a cal y canto los canales de comunicación desde Madrid con este periódico y otros medios; mala táctica es volver la espalda a los periodistas que tratan a diario los asuntos que conciernen a la comarca, más aún cuando el ministro ha buscado eco para sus opiniones en esta cabecera cada vez que se ha presentado como candidato al Congreso por la provincia de Cádiz.

No sabemos, por tanto, si la fuente ministerial desconoce el contenido del Código de Fronteras Schengen -en concreto, los artículos 6 y 11, sobre los requisitos de entrada en la UE y el obligado sellado de pasaportes, respectivamente- o si insinúa que España ha dejado en suspenso la aplicación de la norma comunitaria en la Verja, de igual forma que ya lo hacen, aunque por motivos muy distintos, Alemania, Holanda, Austria, Francia, Suecia, Eslovenia, Dinamarca y Noruega, país este que, aun no siendo parte de la UE, está integrado en Schengen a través de sus estados vecinos.

Todos esos países hacen uso de sus atribuciones para no aplicar Schengen conforme a lo previsto en el tratado por el fue aprobado el código. Sin embargo, en cualquier caso, si esas fueran las referencias que maneja el Gobierno de España para hacer lo propio, debe tenerse en cuenta que los ejecutivos de los países citados anteriormente han paralizado la aplicación de Schengen con luz y taquígrafos, no de tapadillo, y en muchos casos por periodos determinados de antemano.

Además, la decisión de esos ocho estados obedece a motivaciones totalmente contrarias a las que Interior parece insinuar: ninguno de ellos hace la vista gorda y deja de aplicar las normas de frontera para que ciudadanos de terceros países entren sin más en la UE, sino que han endurecido los controles sobre quienes tratan de entrar en sus territorios -no ya desde fuera de la Unión, sino a través de las fronteras interiores de esta- a fin de minorar la presión migratoria y el riesgo del terrorismo islamista.

A nadie cabe duda de que la solución sería un acuerdo de igual a igual que permita acabar de una vez por todas con la Verja y con las injustas colas a ambos lados, al igual que con el contrabando de tabaco, el dumping fiscal, las pensiones de miseria de los trabajadores transfronterizos, los vertidos de aguas contaminadas al Mediterráneo, las emisiones atmosféricas contrarias a las directivas europeas, los rellenos ilegales que se pasan por el forro toda normativa ambiental y los submarinos nucleares averiados, pero, entretanto, no se puede poner en un brete a la Policía Nacional y al resto de Cuerpos y Fuerzas de seguridad españolas para que, sin órdenes por escrito, se salten la ley bajo el mantra de no enturbiar las relaciones bilaterales.

Para aclarar la cuestión, queda encomendarnos a que los Juzgados de La Línea desvelen si admiten a trámite, o no, la denuncia presentada por el inspector jefe de la Policía Nacional en el puesto fronterizo de Gibraltar por el incumplimiento del Código Schengen en ese punto estratégico del mapa. En medio del aquelarre en el que se ha convertido la política española, donde el borreguismo se hace pasar por lealtad y el engaño por ingenio, a muchos solo nos consuela la fe en la Justicia. Eso sí, a largo plazo.