El listado de proyectos en los ámbitos social, formativo y de infraestructuras que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobará hoy miércoles con el fin de paliar los efectos del Brexit en el conjunto de la comunidad autónoma incluye un amplio epígrafe específico dedicado a las necesidades del Campo de Gibraltar, en el que figuran medidas largamente reclamadas por los alcaldes, agentes sociales y colectivos de la comarca.

No hay plazos fijados para la ejecución de todas las propuestas ni tampoco una memoria económica definida de costes ante la presente incertidumbre presupuestaria, pero el documento demuestra para el Ejecutivo autonómico de PP y Cs su voluntad de no dejar en el olvido a los campogibraltareños. “Sin Presupuestos Generales del Estado, estamos solos ante el peligro”, subrayaron ayer a Europa Sur fuentes conocedoras del documento, en cuya redacción han participado prácticamente todas las consejerías.

Hoy por hoy, si nadie logra hacer desistir a Boris Johnson de sus propósitos, el próximo 31 de octubre será el último del Reino Unido como miembro de la UE y, a partir de esa fecha y con las cartas existentes sobre la mesa, se abrirá un abismo. ¿Cómo serán las relaciones entre uno y otro lado de la Verja? ¿Servirán de algo los memorandos de entendimiento firmados al respecto entre Londres y Madrid? ¿Cuál será la repercusión económica en la comarca?

La Junta tiene nulas competencias para dar respuesta a todas esas cuestiones y otras muchas, pero sí cuenta con ámbitos de actuación claves para amortiguar los efectos de la revolución que previsiblemente acarrearía un Brexit sin acuerdo: políticas activas de empleo, educación, infraestructuras del transporte, bienestar social y vivienda son algunos de ellos.

Las fuentes consultadas indican que entre las propuestas del plan andaluz de contingencia del Brexit figuran el diseño y construcción del tranvía de la Bahía de Algeciras (un proyecto auspiciado por la Mancomunidad de Municipios en el pasado mandato), la mejora de la carretera del Zabal en La Línea (de unos 3 kilómetros entre Santa Margarita y la Atunara, que este año ha contado con tan solo 15.000 euros) y la culminación de las mejoras de las sedes judiciales de la comarca, algunas de las cuales presentaban, al menos hasta bien poco, una situación deplorable.

Entre los compromisos más destacados del Gobierno andaluz está también la ampliación de los cursos de formación profesional dual –muy demandados, en concreto, por la patronal y activados ya en gran medida con cargo a la ITI– dirigidos a cubrir las ofertas de empleo específicas realizadas por las empresas de la comarca, así como nuevos y mejores equipamientos educativos.

El plan hace referencia a inversiones en los centros de mayores, al impulso de la residencia de tiempo libre de El Burgo (La Línea) y a mejoras en materia de vivienda, ámbito en el que la Junta cuenta con un amplio y abandonado parque residencial en régimen de alquiler.

A todo ello se sumará una suerte de “fondo de contingencia” para atender a cuestiones que requieran una atención especial, estén o no incluidas en los programas esbozados anteriormente.

No aparecen, en cambio, medidas en materia fiscal. Las fuentes consultadas aducen que la Unión Europea restringe la aplicación de rebajas impositivas en y para territorios concretos, como es el caso del Campo de Gibraltar, porque quebrantaría el principio de igualdad.