La resurrección del OCON Sur y otras medidas

La escena tuvo lugar el pasado viernes, entrada la madrugada, en las marismas Carboneros de Chiclana de la Frontera. Dos agentes de la Guardia Civil se vieron obligados a apartarse precipitadamente de la carretera para evitar ser atropellados por un coche a toda velocidad que, poco después, se acabaría empotrando en la terraza de un bar de carretera, El Campito. Por fortuna, esta vez, los guardias salieron indemnes y pudieron contarlo. Episodios tan peligrosos como este se vienen repitiendo desde hace aproximadamente una década como consecuencia de la espiral de violencia con la que se emplean las mafias de la droga, las cuales se han expandido y ganado peso a lo largo de todo el litoral andaluz y del Algarve, además de por el Guadalquivir.

Ante este panorama, son mayoritarios los sindicatos y las organizaciones policiales que reclaman la resurrección del Órgano de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico (OCON Sur) para luchar de manera más efectiva contra el tráfico de estupefacientes y el contrabando de tabaco. También lo ha hecho esta semana el PP, bajo promesa de activarlo en caso de alcanzar el Gobierno de España.

El balance del OCON Sur: 350 operaciones, 13.411 detenciones y más de 1.300 toneladas de droga incautadas, principalmente, hachís

Aquel grupo operativo, impulsado en 2018 por el ministro Grande-Marlaska nada más aterrizar en Interior y creado por el general de la Guardia Civil Manuel Contreras, estaba formado por agentes escogidos por sus méritos en el seno de la Benemérita. Durante cuatro años llevaron a cabo espectaculares macrooperaciones y restablecieron de paso el principio de autoridad en las calles de muchos barrios.

Con un balance francamente positivo -unas 350 operaciones, 13.411 detenciones y más de 1.300 toneladas de droga incautadas, principalmente, hachís- Interior disolvió el OCON en 2022 bajo el argumento oficial de que los principales clanes de la droga habían quedado descabezados y porque se hacía necesario “modificar los métodos de trabajo", para afinar quizá más las investigaciones, si bien a nadie escapa que a la desaparición de la unidad contribuyó de forma decisiva la investigación en torno al hoy teniente coronel Oliva, pendiente aún de enjuiciarse.

Sea como fuere, el debate en torno a la oportunidad o no de recuperar el OCON Sur o un grupo policial análogo -con capacidad de actuar con agilidad por todo el territorio bajo un mando único- sigue latente. Las opiniones difieren al respecto dependiendo del mando de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, del juez o del fiscal al que se consulte, aunque todos vienen a coincidir en varios denominadores comunes a la hora de proponer iniciativas en torno a cómo combatir a las redes criminales de la droga.

Más medios humanos y materiales

La primera y más evidente de las medidas es reforzar con más medios humanos y materiales a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, trabajando en una mejor coordinación de todas ellas y con inversiones a la par que lo hacen las mafias.

También hay que mejorar la Justicia. Desde hace años, los jueces y fiscales del Campo de Gibraltar y de otros puntos vienen alertando de que los tribunales se han convertido en un cuello de botella donde los procedimientos se atascan. Algunas de las consecuencias son una tasa de pendencia en aumento, un número cada más elevado de investigados en prisión provisional a la espera de que se desarrollen las instrucciones y rebajas en las penas cuando hay condena a causa de las dilaciones indebidas en los procesos. Tampoco ayudan el lamentable estado de algunas sedes judiciales -caso de Marzales, sede lo Penal en el Campo de Gibraltar- y los retrasos en la construcción de las futuras sedes judiciales, especialmente las de Algeciras y San Roque.

A todo esto, hay que preguntarse qué fue de la promesa de declaración del Campo de Gibraltar como "zona de especial singularidad", a fin de poder primar económicamente y con puntos de promoción extra a los agentes de la ley que trabajan en la comarca. ¿O fue solo una promesa electoral? Lo mismo ocurre con los jueces y fiscales del Campo de Gibraltar, situados en una escala profesional inferior a la de sus compañeros de Cádiz o Jerez, cuando su carga de trabajo es, a todas luces, igual o superior a la de aquellos.

Medidas legislativas

También hay consenso a la hora de abordar medidas legislativas de forma urgente con el fin de endurecer las penas contra los narcos y los contrabandistas. Entre otras cosas, para que sea delito y no una falta administrativa la posesión, el transporte o el almacenamiento de petacas de combustible. No debería ser necesario esperar a que tenga lugar una desgracia para que el Gobierno o un grupo parlamentario presenten una iniciativa de reforma del Código Penal a ese respecto.

Lo mismo cabe decir sobre tabaco de procedencia ilícita, que en cantidades relativamente pequeñas comporta tan solo la imposición de una multa que nunca se paga. Si fuera delito y llevase consigo pena de prisión, otro gallo cantaría. Y menos negocio para Gibraltar.

Inversión social

Finalmente, inversión social, con buena cabeza: en la educación de los más jóvenes para que su intelecto se forme y sepan huir de tentaciones y del dinero fácil, en prevención ante las drogodependencias, en tratamientos para quienes han caído y quieren salir del pozo, en atención social para dar alternativas a las familias más desfavorecidas, en apoyo a las ONG que se parten el alma y entran en las calles que pocos se atreven a pisar. Y hacerlo a manos llenas, con determinación y sin condescendencia. Con el convencimiento de que solo actuando simultáneamente desde diversos frentes a través de un plan integral podremos evitar que, pasada otra década, tengamos que llegar a conclusiones como las expuestas.