La mayoría de municipios del Campo de Gibraltar no tiene al día sus planes contra incendios forestales

La sucesión de incendios forestales este verano en el Campo de Gibraltar —tres en lo que va de agosto, uno de ellos con desalojos en Tarifa y otro declarado esta semana en Los Barrios— ha reabierto el debate sobre la preparación de los municipios frente a este tipo de emergencias. La asociación Verdemar–Ecologistas en Acción ha denunciado que la mayoría de los ayuntamientos de la comarca incumple su obligación legal de contar con planes locales de Emergencia por Incendios Forestales (Pleif) actualizados.

Según datos recopilados por el colectivo, de los ocho municipios campogibraltareños, solo Los Barrios mantiene en vigor un plan homologado y actualizado (2021), que a día de hoy se encuentra en fase de actualización para el próximo periodo. En Algeciras existe un plan parcial, pero sin revisión completa, ya que no abarca todo su término municipal, mientras que en San Roque (2017) y Jimena de la Frontera (2011) los documentos están desfasados.

Tarifa únicamente dispone de un plan de emergencias genérico, pero no de un Pleif, y Castellar de la Frontera y San Martín del Tesorillo carecen de planes homologados, si bien Castellar está trabajando en ello y es uno de los asuntos que llevará a Pleno antes de finalizar el año.

Caso aparte es La Línea de la Concepción. Según la normativa autonómica, todas las localidades del Campo de Gibraltar —excepto La Línea— están ubicadas en zonas calificadas de máximo riesgo de incendio. Esto significa que el municipio no tiene la obligación legal de contar con un Pleif, a diferencia del resto de localidades de la comarca.

“Se trata de un incumplimiento legal y de una grave irresponsabilidad institucional”, denuncian desde Verdemar, recordando que la normativa andaluza obliga a elaborar, aprobar y revisar periódicamente estos planes, esenciales para prevenir incendios y coordinar medios de extinción.

La asociación advierte de que la falta de planes efectivos compromete tanto la conservación de los espacios naturales de la comarca —como los parques naturales de Los Alcornocales y del Estrecho— como la seguridad ciudadana. “Miles de vecinos residen en zonas de interfaz urbano-forestal, con viviendas, explotaciones agrícolas y ganaderas expuestas. Sin planes actualizados, la población queda en situación de vulnerabilidad en caso de emergencia”, subraya el colectivo.

Matices sobre Algeciras

En el caso de Algeciras, el Ayuntamiento recuerda que aprobó en 2021 la actualización de su Pleif para el cuatrienio 2021-2024. En la documentación oficial a la que ha tenido acceso Europa Sur aparecen como puntos de abastecimiento de agua para medios aéreos la cantera de Los Guijos y la pantaneta del Monte de la Torre. Sin embargo, Verdemar ha cuestionado la operatividad real del plan tras el incendio del pasado 11 de julio en las inmediaciones de Botafuegos, cuando los helicópteros recurrieron a la laguna de la Huerta de las Pilas para cargar agua, un enclave de alto valor ambiental que la asociación reclama proteger.

El Ayuntamiento de Algeciras matiza esas críticas y recuerda que el 16 de mayo de 2025 se celebró una reunión de coordinación presidida por el primer teniente de alcalde, Jacinto Muñoz, para llevar a cabo la octava revisión del Pleif, que regirá para el cuatrienio 2025-2028. En esta cita participaron ediles de distintas áreas, técnicos municipales, responsables de empresas concesionarias y el subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar, con el objetivo de garantizar la operatividad del plan. El documento, activo entre el 1 de junio y el 15 de octubre, incluye planes de autoprotección para poblaciones aisladas e instalaciones en áreas de riesgo, además de detallar la red de infraestructuras y recursos disponibles en la ciudad para apoyar las labores de detección y extinción.

Funciones y ejemplos de los Pleif

Ante esta situación, los conservacionistas exigen a los ayuntamientos y a la Junta de Andalucía que publiquen un listado oficial del estado de los Pleif en la comarca, que actualicen los documentos caducados y que garanticen medios humanos y técnicos suficientes para la prevención y respuesta rápida. “No podemos permitir que, en plena crisis climática y en una de las zonas más castigadas por los incendios forestales, los ayuntamientos miren hacia otro lado y no cumplan con su obligación de proteger a sus vecinos y a su entorno natural”, recalcan.

Los Pleif tienen funciones esenciales como prever la estructura organizativa y los procedimientos de actuación en caso de incendio, coordinarse con otras administraciones, zonificar el territorio según riesgos, definir las infraestructuras y recursos disponibles, crear Grupos Locales de Pronto Auxilio, fomentar la autoprotección ciudadana y establecer protocolos de información a la población. El ejemplo de Los Barrios es el único que cumple totalmente con lo establecido, según Verdemar. Su Pleif, elaborado por el técnico municipal de Protección Civil, fue aprobado tras recibir el informe preceptivo de la Delegación Provincial de Medio Ambiente y homologado por la Comisión de Protección Civil de Andalucía.

La Fiscalía entra en escena

La preocupación por la falta de planes locales no se limita al Campo de Gibraltar. La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, dirigida por Antonio Vercher, ha abierto una investigación a nivel nacional para determinar la relación entre la ausencia de planes de prevención y la peor oleada de incendios de los últimos 30 años en España. El fiscal ha encomendado al Seprona recabar información sobre si los municipios afectados por los peores fuegos disponían de estos documentos, obligatorios por ley.

Vercher ha recordado en un escrito remitido a todos los fiscales provinciales que la carencia o aplicación deficiente de estos planes puede ser determinante en la magnitud de los incendios, y advierte de que en los casos más graves podría llegar a plantearse la exigencia de responsabilidades penales a las administraciones incumplidoras. Además, señala que la obligación no solo recae en los ayuntamientos: desde 2022 las comunidades autónomas deben elaborar planes anuales de prevención, aunque el Gobierno central aún no ha aprobado el real decreto con los criterios comunes. Fuentes del Ejecutivo aseguran que la norma verá la luz “en pocas semanas”.