La mediación judicial, un recurso útil para acercar posturas

El ordenamiento jurídico de España cuenta, desde este enero, con la nueva ley de eficiencia procesal, la denominada como Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Se trata de una norma muy esperada por los profesionales que escogimos especializarnos en mediación, por cuanto creemos firmemente en los múltiples beneficios que el uso de este sistema puede traer a todos los que recurran a ella.

La mediación es un recurso de acceso al sistema de justicia en el que las partes, con ayuda de una persona mediadora debidamente formada, trabaja en un espacio seguro, en paridad de condiciones, mediante herramientas como la escucha activa y la empatía, para lograr un acercamiento de las posturas desde la voluntariedad, imparcialidad, confidencialidad y neutralidad. El próximo 21 se conmemora el Día Europeo de la Mediación.

Los tiempos van cambiando y es imprescindible la actualización, como no puede ser de otra forma, y la administración de justicia lleva muchos años sin ser abastecida suficientemente de presupuestos mínimamente adecuados ni actualizada. Ha sido parcheada, taponada, cercenada de fondos, de funcionarios y de activos. Los jueces del Campo de Gibraltar llevan años gritando de forma contundente por la carencia de fondos y de efectivos, sin ser escuchados. El daño no solo afecta a nuestra comarca, sino a toda España, con diferentes sesgos según las disponibilidades de fondos de las distintas comunidades autónomas.

La ciudadanía se queja de la falta de escucha por parte de la administración de justicia, de falta de atención y de información. La mediación es un buen vehículo para paliar estas carencias, pero lógicamente deben destinarse recursos suficientes para que su aplicación genérica sea una realidad y pueda desarrollar todo su potencial real. Con esta ley se pretende una ambiciosa reforma que estará abocada al fracaso si no se dota de los recursos suficientes para llevarla a la práctica.

En nuestra comarca contamos con un Punto de Información para la Mediación en Andalucía (PIMA) en funcionamiento desde 2020. Existe un aumento significativo de la demanda de este servicio que se produce gracias a la difusión que hacemos desde el propio PIMA. Esta difusión abarca desde la atención en la puerta de los juzgados, la atención en las oficinas judiciales, en los centros de salud, ambulatorios, salud mental y el hospital o para la atención en las asociaciones del Tercer Sector. Igualmente incluye la atención en los centros escolares y la educación de adultos. No hemos dudado en difundir la mediación, tanto en atención directa a la ciudadanía en puntos neurálgicos de la ciudad, como a través del Ayuntamiento de Algeciras, la Subdelegación del Gobierno o el Colegio de Abogados.

A través de la Junta de Andalucía, y de su máximo exponente en materia de justicia, José Antonio Nieto, se está haciendo una gran labor con la implantación de los PIMA para, de forma transversal, canalizar la entrada de sesiones informativas en las ocho provincias andaluzas, así como en las ciudades de Algeciras y Marbella.

En segundo lugar, con la creación del Servicio de Mediación Penal en Adultos (SEMPA), cuyos resultados están siendo espectaculares y continúa adelante en su proyecto.

Esta nueva ley permite satisfacer necesidades para una ciudadanía que está deseosa de su entrada en funcionamiento. Pero para ello será imprescindible una dotación de recursos sin precedentes a escala nacional, especialmente mayor en las zonas judiciales más desfavorecidas, entre las que se encuentra el Campo de Gibraltar.