Vía Augusta
Alberto Grimaldi
La conversión de Pedro
La reciente ratificación por parte de Marruecos del Tratado de Alta Mar (BBNJ, por sus siglas en inglés) abre una nueva etapa en la gobernanza de los océanos y tendrá efectos notables en un espacio tan estratégico como el Estrecho de Gibraltar. Este acuerdo internacional de la ONU, que entrará en vigor el 17 de enero de 2026 tras alcanzar el número mínimo de adhesiones, establece un marco global para proteger la biodiversidad marina en aguas internacionales, con medidas como la creación de áreas marinas protegidas, evaluaciones de impacto ambiental más estrictas y una mayor cooperación transfronteriza.
El Tratado de Alta Mar pretende establecer un marco legal para proteger y gestionar de forma sostenible la vida marina en aguas internacionales, es decir, más allá de las zonas de jurisdicción de los países. Permite la creación de áreas marinas protegidas y establece normas para las evaluaciones de impacto ambiental, la investigación científica y el reparto equitativo de los recursos genéticos marinos. Como hito clave, contempla proteger el 30% de los océanos para 2030.
Aunque el Estrecho no forma parte de las aguas de alta mar —se reparte entre jurisdicciones españolas y marroquíes—, sus ecosistemas están íntimamente conectados con los corredores marinos que el tratado busca preservar. La implicación de Marruecos en este nuevo marco legal puede traducirse en más exigencias medioambientales, nuevas obligaciones para proyectos marítimos y mayor presión para coordinar la gestión con España.
El texto necesitaba ser ratificado por al menos 60 naciones y el último país en hacerlo ha sido Marruecos, aunque posteriomente se han adherido Sierra Leona, San Vicente y Granadinas y Sri Lanka. De este modo, está previsto que el tratado entre en vigor el próximo 17 de enero de 2026. España es uno de los países europeos que más ha defendido este acuerdo y de hecho fue el primero de la UE en ratificarlo a primeros de febrero de este mismo año en la sede de la ONU en Nueva York, donde recientemente la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, participó en el acto de adhesión del país a la Coalición Pioneros por los Océanos, el grupo de países que apoya la moratoria de explotación de los fondos marinos.
El Tratado sobre Biodiversidad Biológica Marina en áreas fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ por sus siglas en inglés) o Tratado de Alta Mar busca gestionar de manera sostenible la presencia humana en aguas internacionales, las que están oficialmente fuera de la jurisdicción de cada Estado, que suponen aproximadamente dos tercios de la superficie oceánica. Proteger la biodiversidad, reducir lo máximo posible el impacto medioambiental, impulsar la cooperación internacional en tecnologías marinas y trabajar en favor del llamado "objetivo 30x30" -la protección del 30 % de los mares para 2030- son las metas principales de esta ambiciosa normativa que pretende garantizar la buena salud del mayor ecosistema del planeta.
El tratado requiere que se realicen evaluaciones de impacto ambiental para las nuevas actividades propuestas en alta mar. Esto es crucial para prevenir proyectos que puedan ser perjudiciales o contaminantes. Además, establece normativas para prevenir proyectos contaminantes, incluyendo el vertido de residuos y otras sustancias que puedan degradar los ecosistemas marinos.
Con el tratado, actividades como el tráfico marítimo, las obras portuarias, las prospecciones o los proyectos de infraestructura que puedan tener repercusiones en ecosistemas ligados a alta mar estarán sujetas a controles reforzados. En un punto de tránsito internacional como el Estrecho, esto puede significar evaluaciones ambientales más rigurosas y mayor transparencia en los proyectos de desarrollo.
Además, el acuerdo fomenta la cooperación regional, lo que podría impulsar mecanismos conjuntos entre España y Marruecos en ámbitos como la vigilancia ambiental, la regulación de la pesca o la gestión de la contaminación. En el caso de España, el 21% del territorio marítimo ya está protegido bajo las figuras de Áreas Marinas Protegidas o como espacios de la Red Natura 2000. Este mismo año el Gobierno anunció la tramitación de cinco zonas más que elevarán la protección a más del 25%.
La entrada en vigor del tratado podría tener consecuencias concretas en varios proyectos en marcha o en estudio en la zona debido a los criterios más estrictos fijados por la ONU en el Tratado de Alta Mar:
El Estrecho de Gibraltar, con su riqueza biológica y su posición estratégica como puerta entre el Mediterráneo y el Atlántico, se convierte así en un espacio especialmente sensible para la aplicación de las nuevas reglas internacionales. La participación de Marruecos en el Tratado de Alta Mar añade un elemento más a la necesidad de una gestión conjunta, equilibrada y sostenible de la zona, que garantice tanto el desarrollo económico como la preservación de sus ecosistemas.
La ratificación del tratado por Marruecos, que cuenta con una norma más laxa en materia medioambiental, puede marcar un punto de inflexión en la forma de planificar el futuro del Estrecho de Gibraltar, donde cada decisión tendrá que medir no solo su impacto local, sino también sus repercusiones en el marco global de los océanos.
La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, celebró la ratificación del llamado Tratado de Alta Mar como un "hito histórico". "La entrada en vigor del Tratado sobre la Biodiversidad Marina es un hito histórico. Demuestra el poder del multilateralismo, ahora que nos dirigimos a Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ahora hacemos un llamamiento a más países para que se sumen al movimiento y garanticen la protección universal de nuestros océanos", dijo la mandataria europea a través de un mensaje en redes sociales.
El BBNJ fue aprobado por la ONU en septiembre de 2023 con la firma de 115 países, con el objetivo de proteger la biodiversidad de los océanos fuera de la jurisdicción nacional de cada país, un espacio que supone el 61% del océano. Además, el tratado busca alcanzar el objetivo de protección del 30% de la biodiversidad marina para 2030, como recoge el Convenio de las Partes sobre la Diversidad Biológica de diciembre de 2022, conocido como el Marco Mundial para la Biodiversidad de Kunming-Montreal.
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