Los cuatro depósitos judiciales dejan de prestar servicios a la Junta por impago

Los cuatro empresarios que titulan los depósitos judiciales del Campo de Gibraltar llevan desde el pasado 1 de agosto sin prestar sus servicios a la administración andaluza. Alegan que la Consejería de Justicia, titular de las competencias en Andalucía, les adeuda varios millones de euros por el coste de la custodia de bienes -principalmente vehículos de motor- que se acumulan en sus instalaciones.

Los empresarios perjudicados por esta situación son Villalobos Asistencia, Grúas Ayudauto, Grúas Prieto y Grúas Arquería, las tres primeras radicadas en Algeciras -aunque poseen instalaciones en otros municipios, como Los Barrios- mientras que la última se encuentra en San Roque. Grúas Arquería, según señaló su propietaria a este diario, ya ha tenido que cerrar y despedir a 12 trabajadores como consecuencia de la asfixia económica. El resto de empresarios asegura mantener un nivel mínimo de ingresos y plantilla porque, además de la custodia judicial, realizan labores de asistencia en carretera a particulares.

El origen de la deuda hay que buscarlo dos décadas atrás, cuando estas cuatro empresas comienzan a prestar el servicio de depositarios judiciales sobre todo tipo de vehículos, como turismos, furgonetas, motos o lanchas, así como el de custodia de vehículos robados o situaciones similares. Al principio, aseguraron, el volumen de negocio dependiente de la administración era del orden del 10%. Actualmente, el 90% de los bienes que entran en sus instalaciones procede de intervenciones policiales, a un ritmo de unas 120 actuaciones al mes entre las cuatro empresas, cuyo volumen de almacenamiento alcanza los 70.000 metros cuadrados. En estos momentos, los vehículos intervenidos desde primeros de agosto se encuentran en diferentes dependencias policiales, a la espera de un lugar definitivo.

Los empresarios detallaron que cuando el volumen de efectos custodiado comenzó a ser importante, empezaron a estudiar de qué manera cobrar sus honorarios, del orden de tres euros diarios por vehículo. Junto a la acumulación de vehículos sin reclamar -por encontrarse los procesos abiertos-, los empresarios detallaron que, cada vez más, había retirada de vehículos sin coste por ser, por ejemplo, procedentes de robos.

En 1997, las competencias en materia de Justicia son transferidas a la Junta de Andalucía y, en 2002, todas las empresas del sector en Andalucía firmaron un acuerdo donde, según su versión, se establecían los criterios que debían cumplir los expedientes para ser cobrados. "A partir de ahí, empezamos a movernos para cobrar por bienes que llevaban más de una década en las instalaciones, pero una vez cumplidos dichos requisitos, nos informan de que hay más, entrando en una espiral de burocracia que es prácticamente imposible cumplir. Cuando está todo listo, devuelven el papeleo con algún requerimiento más y vuelta a empezar", detallan los empresarios.

En 2007, el presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, Lorenzo del Río, inició un expediente gubernativo para vaciar las instalaciones y así detener el engrosamiento de la deuda. Entre 2007 y 2009 se destruyeron 4.300 bienes en la comarca tras ser tomadas fotografías en caso de ser necesarias para un proceso judicial.

Aunque el inventario se puso casi a cero, los pagos por custodia siguen sin recibirse, además de los recibidos desde esa fecha, según los cuatro empresarios. "Podemos estar tres o cuatro años detrás de un expediente para, al final, no cobrarlo porque no se acoge a los supuestos de sobreseimiento, insolvencia, absolución o rebeldía", explicaron.

"Hemos mantenido varias reuniones, otras tantas aplazadas, y nos encontramos en la misma situación que en diciembre de 2007, con una deuda millonaria sin cobrar a pesar de que la Junta se comprometió a hacer un calendario de pagos. Compañeros de Málaga sí han cobrado parte de la deuda", criticaron. La última reunión, prevista para el pasado 24 de julio, fue anulada un día antes, según los empresarios, ante lo cual tomaron la decisión de no recibir en sus instalaciones más efectos hasta que, al menos, haya un compromiso de pago en firme.