Los curas del Campo de Gibraltar perseguidos por el franquismo en 1969

La Iglesia católica se convirtió en la gran legitimadora del régimen franquista, su complicidad con la dictadura, tanto durante la Guerra Civil, a la que calificó de "Cruzada", como durante buena parte del tiempo que duró la dictadura, es incuestionable. Sin dudas, fue la institución que con mayor vehemencia colaboró en la legitimización y construcción de una dictadura en pleno siglo XX. Una de las primeras felicitaciones que recibió Franco, tras su victoria en la Guerra Civil fue la enviada por el papa Pío XII, el 14 de abril de 1939:

“Levantando nuestro corazón al Señor, agradecemos sinceramente, con V. E., deseada victoria católica España. Hacemos votos porque este queridísimo país, alcanzada la paz, emprenda con nuevo vigor sus antiguas y cristianas tradiciones, que tan grande le hicieron. Con esos sentimientos efusivamente enviamos a V. E. y todo el noble pueblo español, nuestra apostólica bendición. PÍO PAPA XII.”

Sin entrar a profundizar en el tema, un punto de inflexión sería el Concilio Vaticano II (1962-1965), que marcaría una ruptura con el nacionalcatolicismo franquista, e impulsaría un cambio de paradigma de la Iglesia, donde sectores de esta, desde la propia institución en España, comenzarían a oponerse a los valores de la dictadura franquista. El concilio provocó un distanciamiento Iglesia-Estado y fortaleció la disidencia de curas progresistas, a pesar de que Franco intentó presentar el régimen como fiel a los principios conciliares. El Concilio exigió a España el abandono de la confesionalidad estatal y la promoción de la libertad religiosa, lo que culminó con la Ley de Libertad Religiosa de 1967, forzando al régimen a una cierta imagen de modernidad. Los desencuentros entre la Iglesia y el Estado comenzaron en la década de los sesenta, aunque una parte de la jerarquía siguió siendo intensamente franquista.

En el Campo de Gibraltar, la vigilancia por parte del aparato represivo del estado franquista a algunos curas fue un hecho cotidiano. Sacerdotes muy conocidos de la comarca fueron vigilados estrechamente por la Brigada de Investigación Social, más conocida como Brigada Político-Social, la policía política secreta que existió en España durante la dictadura de Francisco Franco, encargada de perseguir y reprimir a todos los movimientos de la oposición al franquismo.

En Algeciras, Sebastián González Araujo y el padre Cruceyra

En marzo de 1968, Sebastián González Araujo, arcipreste de Algeciras, comunicaba como era preceptivo, al gobernador Militar del Campo de Gibraltar, que la Junta Diocesana de Acción Católica, iba a realizar una serie de conferencias a cargo del equipo del profesor Joaquín Ruiz Jiménez.

En los informes militares, se analiza como los organizadores estaban preparados para continuar las reuniones en el interior de una iglesia si se hubiese intervenido prohibiéndolas, y que los organizadores buscaban sobre todo el escándalo político. Incluso el responsable de orden público de Algeciras le comunicaba al Capitán General de la II Región Militar, Manuel Chamorro Martínez, que este ciclo de conferencias a cargo del equipo de Ruiz Jiménez, en lugar de consistir en las clásicas conferencias cuaresmales, “tomaron un tinte totalmente politizado que ha producido cierto envalentonamiento entre las personas de tendencias opuestas al régimen dictatorial”. A este ambiente político religioso creado por tales conferencias, le achacaba la actitud del clero en las procesiones, ya que solo asistía a la misma el sacerdote que lleva la dirección de los rezos, distanciándose visiblemente de las autoridades políticas civiles y las nutridas comitivas militares. Los demás componentes del clero que querían verla, lo hacían desde los balcones de casas particulares.

Parece que el obispo de la diócesis, Antonio Añoveros, pretendió con este ciclo de conferencias influir indirectamente en sus sacerdotes y feligreses en favor de un grupo político determinado. El arcipreste fue sustituido al poco tiempo por el párroco de la Iglesia del Carmen, Francisco María Cruceyra Sánchez, que, según los informes militares, “aunque no se había distinguido excesivamente mostrando posturas radicales, desde que fue nombrado en el citado cargo está extremando una postura pública de discrepancia política”, y se le conocían contactos con “elementos subversivos” como Juan José del Águila Torres que fue detenido cuando repartía propaganda clandestina de las Comisiones Obreras.

Al padre Cruceyra se le ocurrió publicar en Área una columna semanal que sería censurada con la acusación de “tendencias demagógicas”, aunque pudo publicar tres artículos. El día 10 de enero publicaría en ese mismo periódico ¿Sueldo o limosna?, que daría lugar a comentarios por Ceferino Smith en la revista Vox de Gibraltar. En la columna del día 24 del mismo mes, el padre Cruceyra se reafirmaba en su actitud crítica ante la situación de los trabajadores. Los artículos censurados eran los que estaban previsto publicar los días 7 y 14 de febrero de 1969.

En La Línea, Dámaso Piña Fernández y José Ramón Pérez Perea

"En esta ciudad se ha venido distinguiendo por su actitud violenta y hostil el Sacerdote Dámaso Piña, al que secunda también el sacerdote José Ramón Pérez Perea". Así comienza el informe militar dedicado a estos dos sacerdotes. Según dicho informe “obedecían gustosamente a consignas concretas de su jerarquía, lo que producía un daño importante debido a las circunstancias sociales tan singulares que se dan en esta ciudad”.

A partir de las conferencias cuaresmales de mayo de 1969 de ambos sacerdotes la vigilancia será mayor, incluso enviando notas informativas al director General de Seguridad. Especial hincapié tuvo la misa del día 26 de mayo, en la que relató un hecho ocurrido en La Línea, dando a entender que el agresor era un miembro de las Fuerzas Armadas. En el mes de diciembre se interceptó correspondencia subversiva procedente de un sacerdote relacionado con otros de origen vasco.

En Tarifa, Antonio Troya Magallanes y Juan Cejudo

"El párroco de la Iglesia de San Mateo, Antonio Troya y su coadjutor Juan Cejudo, durante las homilías que predican en sus misas atacan siempre en forma demagógica las actuales estructuras de la sociedad". Con esta rotundidad encabezaba el informe la Brigada Político Social.

En enero de 1968, comentando el discurso de fin de año del jefe del Estado, Francisco Franco, el padre Troya manifestó que no era cierto que se cumpliera en España las normas sobre libertad que el Papa promulga en la Encíclica Populorum Progressio. Y el 9 de junio, al comentar el asesinato del senador Kennedy, dijo que en España también se asesinaba, si no personalmente, sí empobreciendo a las masas y avasallándolas moralmente. También osaba manifestar públicamente su disconformidad con el nombramiento de obispos. Afirmaba que en España los obreros eran víctimas de los mayores abusos autoritarios y administrativos, pero que Jesucristo está al lado de los pescadores y campesinos de Tarifa, lo que, a juicio de las autoridades franquistas, inducía a los “necesitados del pueblo a endurecer su postura frente a las autoridades”.

También era acusado de la organización de un acto religioso, con la colaboración del padre Dámaso de La Línea, donde se distribuyeron unos impresos con el himno El pueblo gime de dolor. Incluso era tachado de muy peligroso cuando en su homilía del 20 de octubre, comentó que en España el presupuesto de las Fuerzas Armadas superaba los de Educación y Ciencia y Agricultura juntos.

El detenido Antonio Gil García y el apoyo de la iglesia

En marzo de 1969, Antonio Gil García era detenido por aparecer como autor de la difusión en La Línea de propaganda comunista. La comisaría de policía de La Línea comunicaba a las autoridades militares que el tiempo que estuvo el detenido en comisaría, se personaron en ella con la intención de saber los motivos de su detención o visitarle, varios sacerdotes. El párroco de la Iglesia de San Bernardo, José Pérez Perea. Carlos Vidal López de Arbina Echevarría, coadjutor de la iglesia de San Pio X. Juan Antonio Valenzuela García, acompañado de otro sacerdote que no se ha podido identificar. Diego Sánchez Vázquez, párroco de la Iglesia de la Colonia. Javier, al parecer coadjutor de la iglesia de San Pedro, y Jesús Casado Benito párroco de la iglesia del Carmen.

Los informes hacen también referencia a concejal del ayuntamiento de La Línea, Juan Fernández Corrales, que además de concejal era presidente de sindicato local del ramo de la construcción, y pretendió que el detenido fuese nombrado enlace sindical de la empresa “Colomina”, que era la que realizaba las obras de construcción de viviendas en el polígono “El Junquillo”, donde el detenido estaba trabajando a pesar de que su profesión era la de peluquero, los informes insistían en que con toda seguridad lo que pretendía era estar en contacto con la masa obrera y poder desarrollar mejor sus actividades subversivas. El franquismo provocó que no consiguiera el cargo, y poco después fue despedido de dicha empresa.

Su pertenencia a la HOAC, Hermandad Obrera de Acción Católica, organización clave en el movimiento obrero del franquismo, y la aparición de su detención en la prensa de Gibraltar, en el Gibraltar Chronicle del 29 de marzo de 1969, hicieron que Antonio Gil fuese trasladado a la prisión de Algeciras, y acusado de ser el autor de los folletos que habían aparecido por debajo de las puertas de algunas casas de La Línea, junto a él se detuvo a otra persona que quedó pronto en libertad.

La presencia del obispo Antonio Añoveros en el Concilio Vaticano II, y su participación directa en dicho Concilio Vaticano, es sin duda el eslabón con la comarca de estos curas, y su interés por el apoyo a los más desfavorecidos y su oposición creciente al régimen franquista.