La Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía (Ustea) ha exigido a la Junta de Andalucía el cierre de los centros educativos de la provincia de Cádiz durante al menos tres semanas, medida prorrogable dependiendo de la evolución de la situación epidemiológica por la incidencia de la Covid-19.

“Desde Ustea hemos defendido siempre que la docencia presencial es insustituible, sobre todo porque la docencia telemática se deja a una parte del alumnado por el camino. Pero también hemos defendido siempre que esa presencialidad debe darse con las máximas garantías sanitarias para alumnado, personal docente y no docente”, han explicado.

Ustea afirma que no se han tomado medidas realistas por parte de la Consejería y recuerda que desde la Junta de Personal Docente no universitario de Cádiz que presiden, pidieron que se retrasara la vuelta a las aulas hasta finales de enero por la situación tan delicada de la provincia debido a la coincidencia de una ola de frío intenso, la tercera ola de contagios y la nueva cepa británica. “Una petición similar, por cierto, a la que formularon municipios especialmente golpeados por la pandemia, como La Línea o Los Barrios. La respuesta, como es sabido, fue negativa”, añaden.

Denuncian que “frente al discurso público del gobierno andaluz sobre los centros educativos como espacios muy seguros, tanto nuestra afiliación como el profesorado en general, así como numerosas familias, nos están haciendo llegar datos que apuntan a que la incidencia de la pandemia en las aulas está siendo muy preocupante”. La situación no ha dejado de agravarse en las últimas semanas, y es que los centros tienen confinados no solo a parte de su alumnado, sino también a la plantilla docente y el personal, lo que hace su funcionamiento imposible.

Desde Ustea han hecho hincapié en denunciar la situación que vive La Línea, con una ausencia del 90% del alumnado por miedo a los contagios, y reclaman la actitud del consejero de Educación, Javier Imbroda, hacia las familias linenses. Ya que, según el sindicato, “su respuesta a esas familias, que están optando por no llevar a sus hijas e hijos a los centros educativos preocupadas por su seguridad ha sido la amenaza de apertura de expedientes de absentismo.”

El sindicato defiende que la única opción viable en esta tercera ola es el cierre de todos los centros educativos de la provincia y explican que la ausencia de esta medida responde a una lógica instalada en la sociedad “los colegios e institutos como los lugares donde dejar a hijas e hijos mientras se atiende a las ocupaciones sobre todo laborales.” Añadiendo que “el cierre de los centros educativos conllevaría la paralización de la producción y por lo tanto de la economía, lo que lo convierte en una medida difícilmente asumible en un sistema que antepone la economía a la salud”.

“Hay que contrarrestar públicamente esa lógica defendiendo que los centros educativos son espacios para el aprendizaje y la formación, no para facilitar la conciliación. El cierre o no de los mismos ha de decidirse exclusivamente en base a criterios pedagógicos y sanitarios”, sentencian desde Ustea.