Año 2025. La Verja ya no existe. Una red de vías de entrada y salida entre La Línea y Gibraltar ocupa el espacio donde una vez estaban los edificios aduaneros del paso fronterizo. Un coche a toda velocidad enfila el acceso desde la avenida Príncipe de Asturias y entra en el Peñón. El vehículo de la Policía Nacional que lo persigue desde alguna parte de la comarca o de la Costa del Sol se detiene en La Línea. No puede entrar. El delincuente ha huido. 

Este caso hipotético no ha ocurrido porque la Verja sigue en pie, pero es uno de los que trae de cabeza a los negociadores del tratado que regirá la relación de Gibraltar con la Unión Europea tras el Brexit, que parten con la idea de derribarla y se han encontrado con que generaría graves problemas de seguridad en la comarca que intentan solventar. El caso inventado podría plantearse a la inversa. ¿Qué ocurre si la Royal Gibraltar Police persigue a un delincuente y escapa hacia España?

En la primera semana de mayo se produjo una reunión técnica en el aeropuerto de Gibraltar entre responsables policiales de uno y otro lado para avanzar en acuerdos para gestionar este y otros problemas de seguridad, situados al margen del control de personas, que ya no existiría como tal en ese emplazamiento, sino que se trasladaría al puerto y al aeropuerto del Peñón, tal y como estableció el Acuerdo de Nochevieja suscrito por España y Reino Unido en 2020 y que sirve de base para la negociación del mencionado tratado sobre la futura relación del Peñón con la Unión Europea (UE), especialmente su vecinos de La Línea y el Campo de Gibraltar.

Tras caer la Verja se produciría entre las dos ciudades un flujo de ciudadanos a través de una línea imaginaria. Según ha podido conocer Europa Sur de fuentes cercanas a esas conversaciones, la complejidad es enorme y dificulta la firma del propio tratado de tal forma que se plantea establecer un acuerdo-marco normativo de actuación en el que se profundice con el tiempo. Es decir, un sistema que permita arreglar los problemas conforme vayan ocurriendo y del que las policías vayan aprendiendo con el tiempo, una vez que ya están en la nueva situación. 

En principio, si la Policía Nacional va persiguiendo a un delincuente y este atraviesa esa 'línea imaginaria' que le llevaría a Gibraltar, para detenerlo las autoridades españolas tendrían que solicitar su extradición. Y además, a Reino Unido, no a Gibraltar, porque España no lo reconoce como Estado. En juego en cada caso estarían tres jurisdicciones, la española, la inglesa y la gibraltareña, lo que abriría un proceso burocrático que podría tardar meses, quizás más de un año, lo que anularía su eficacia. Cómo solventar este escollo para fijarlo en un articulado es "prácticamente imposible", según las mismas fuentes.

El Acuerdo de Schengen establece varias figuras como la asistencia policial, la vigilancia fronteriza, la persecución en caliente y las entregas vigiladas que son muy complejas de aplicar en la Verja de Gibraltar, por no decir imposibles.

El entorno de la Verja de Gibraltar.

Otro punto de discordia más conocido es la posible presencia de policías españoles en el puerto y aeropuerto de Gibraltar si se produce la anunciada supresión de la Verja tras el Brexit, para lo que habría que alcanzar un acuerdo para la extensión de Schengen. Se trata de una de las medidas que la Comisión Europea (CE) incluyó en su "propuesta global" para alcanzar un acuerdo con Reino Unido. La CE y España proponen que Frontex colabore en un periodo inicial de cuatro años, pero consideran imprescindible que haya agentes españoles, según explicó el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares.

Reino Unido y Gibraltar, en cambio, no quieren que policías uniformados de España controlen los dos accesos a la Roca por mar y aire porque entienden que sería un paso atrás en la soberanía del Peñón que reclama España. La última solución que han propuesto es que los agentes estén, pero en un lugar poco visible y tras un cristal oscuro.   

Gibraltar no es parte del territorio del Reino Unido como Estado. Es considerado por Londres como un territorio británico de ultramar (British Overseas Territory) y como tal se ocupa de sus relaciones exteriores y de su defensa. El resto depende de un régimen interno de organización con cierta autonomía basado en la Constitución gibraltareña de 2006. Entre ellos, su sistema judicial, clave en el nuevo sistema de seguridad si cae la Verja. La Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de España lo consideran un territorio no autónomo pendiente de descolonización.

Para que el control de personas y mercancías -la puerta entre el Espacio Schengen y Gibraltar- se sitúe en el puerto y en el aeropuerto, antes que nada, ambas partes deben alcanzar un acuerdo que garantice unas reglas equitativas de competencia (level playing field) en ambos territorios. Es decir, Gibraltar tiene que acogerse a los estándares de la Unión Europea en materias como las ayudas de estado, empleo, medio ambiente, en materia fiscal o la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación terrorista. Además, especifica, debería asegurar que el Puerto de Gibraltar compite justamente con otros europeos, “en particular el de Algeciras, incluyendo, entre otros, los servicios de bunkering”. Pero, sobre todo, la UE demanda que Gibraltar aplique disposiciones relevantes de la legislación europea en materia de bienes como el código aduanero, la relacionada con impuestos (incluido el IVA), la de cooperación administrativa o aquella relativa a los estándares exigidos a los productos en el Mercado Único. También se prevé introducir disposiciones relativas al intercambio de información para prevenir el tráfico de drogas, el contrabando y el fraude fiscal.

La CE plantea que se asegure la aplicación en Gibraltar de un sistema impositivo alineado con el español, de manera que se minimice el diferencial de precio, especialmente “para el alcohol, combustibles y productos del tabaco”, con el objetivo de prevenir la desviación del comercio y el contrabando.