Es una reivindicación que viene de antiguo: si para algo deben servir los bienes incautados a los narcotráficantes debe ser para luchar contra el tráfico de drogas y los daños que provoca en los territorios más afectados por esta lacra. Ese es el argumento que las asociaciones contra la droga del Campo de Gibraltar, representadas por la Coordinadora Alternativas, han esgrimido hoy de nuevo ante la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, y la viceconsejera de Salud y Familias, Catalina García, para reclamar que se habilite una fórmula que permita a las entidades de ámbito local acceder al fondo de bienes decomisados, algo que por ahora solo está permitido a las asociaciones de ámbito nacional.

Este fondo se crea con los bienes, efectos e instrumentos decomisados por sentencia firme en procesos por narcotráfico para ser utilizado en labores prevención, investigación, persecución y represión estos delitos, prevención de toxicomanías, asistencia e inserción social y laboral de drogodependientes y cooperación internacional en la materia. Aproximadamente la mitad de la cuantía se destina a los cuerpos y fuerzas de seguridad y el resto a la labor contra la drogodependencia. Pero como recuerda el presidente de Alternativas, Francisco Mena, las organizaciones locales no pueden acceder a ese fondo, "hay que buscar una fórmula para que podamos hacerlo".

Ya ocurre así con los fondos procedentes del 0,7% del IRPF, la casilla de la declaración de la renta. Como ha recordado la ministra de Sanidad, se acaba de acordar una transferencia de 45 millones de euros a la Junta de Andalucía con cargo a ese fondo, para que la comunidad la reparta entre las entidades sociales. Pero al Gobierno le resulta imposible dar subvenciones directas a entidades de ámbito local, "ya hay varias sentencias al respecto del Tribunal Constitucional". 

La clave parece estar por tanto en la intermediación de la Junta de Andalucía y la viceconsejera de Salud se ha mostrado favorable a la propuesta, "es importante que los recursos se queden en el Campo de Gibraltar". 

Reunión celebrada en el edificio Nexus

Sería un paso adelante para unas entidades que pasan por momentos difíciles, en muchos casos relacionados precisamente con deudas acumuladas de la Junta de Andalucía desde hace largos años. A este respecto, Catalina García ha destacado que la Consejería ha revisado ya 24 de los 39 expedientes de subvenciones que se encontraban paralizados desde 2015 y, en cuanto a la Coordinadora Despierta, que tuvo que cerrar por los impagos, ha admitido que necesitará un plan concreto.

El Ministerio de Sanidad ha convocado hoy una reunión con las administraciones autonómica y local, los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, la judicatura y las entidades sociales para analizar los avances vividos en la lucha contra el narcotráfico y las drogodependencias. Después ha mantenido otra solo con las entidades sociales. Y además de recoger las impresiones de los convocados, la ministra ha destacado el trabajo realizado por el Gobierno central, que aprobó un plan de casi 1.000 millones de euros, "que lamentablemente todos no se pudieron poner en marcha al no aprobarse los presupuestos generales del estado, especialmente aquello que tiene que ver con las infraestructuras  necesarias para este puerto situado tan estratégicamente, el principal del país". "Estamos trabajando todo el que no se hable de esta zona por la problemática del narcotráfico, sino por su actividad económica".

La delegada del Plan Nacional sobre Drogas, Azucena Martí, ha recordado que ya recogió información en una ocasión anterior, "ahora estamos viendo los avances que ha habido. Son necesarias políticas para restituir la seguridad ciudadana, pero también para la reinserción social, la cualificación, el empleo. Y lo educativo con la población infantil y adolescente". Para ello se seguirá el ejemplo del trabajo realizando en otras comunidades, como Galicia.

En ese sentido se ha expresado también la viceconsejera de Salud, que ha reclamado una "actuación conjunta de todas las administraciones". El Gobierno de la Junta "pretende una acción transversal que soluciones los problemas de base de educación, de empleo, de bienestar social, ahí va a trabajar la Junta -que tiene las competencias- de una manera contundente", ha destacado.