Han sido uno de los regalos estrella de las pasadas navidades y cada vez es más fácil cruzarse con alguno por las calles. Los patinetes eléctricos han llegado para quedarse por sus múltiples ventajas para la movilidad en las zonas urbanas. Sus pequeñas dimensiones y la comodidad de la impulsión por un motor no contaminante hacen de estos vehículos, a priori, un aliado perfecto para los desplazamientos.

La sociedad, una vez más, ha ido más rápido que la norma al adoptar en muy poco tiempo estos sistemas –cuyo precio parte desde los 150 euros– generando un mar de dudas legales sobre el uso correcto de los también llamados Vehículos de Movilidad Personal. ¿Es necesario casco y seguro? ¿Se puede circular con ellos por las aceras?

Es fácil ver de todo en la jungla del asfalto. Desde quien va perfectamente pertrechado con casco e incluso chaleco reflectante a quien circula despreocupadamente por zonas peatonales o incluso hablando por teléfono pese a que la estabilidad no es su punto fuerte.

La regulación de estos vehículos se encuentra en la instrucción 16/V-124 de la Dirección General de Tráfico (DGT), que remite a los ayuntamientos el establecimiento de las condiciones de circulación a través de unas ordenanzas, aunque el texto ya deja claro que no se trata de ni un peatón ni de un vehículo de motor. Por el momento, no están incluidos en el Reglamento de Circulación, que tiene rango de Ley, aunque se está reformando.

Por Vehículo de Movilidad Personal se entiende todo aquel que pueda marchar entre los 6 y los 25 kilómetros por hora. Por debajo de esa velocidad, son juguetes. Por encima, ciclomotores o sistemas análogos.

Una persona circula sin casco por el parque feria de Algeciras.

La instrucción transitoria establece criterios dirigidos a los usuarios, pero también a los ayuntamientos y a los agentes de las policías locales y de la autoridad hasta que se publique la normativa correspondiente que irá en la línea de lo que se está debatiendo en la Unión Europea. El texto aclara los comportamientos sancionables y que, como en cualquier otro vehículo, pasan por el uso del móvil, el alcohol, la velocidad o los cascos y auriculares.

La instrucción emplaza a los municipios a perfilar la norma en cuestiones como las paradas y estacionamientos o los seguros de responsabilidad civil.

En el Campo de Gibraltar, cuatro de los ocho municipios ya preparan ordenanzas municipales: La Línea, Algeciras, Tarifa y Castellar. El resto se debate entre el escaso uso de estos sistemas, como en Jimena, donde las cuestas limitan su proliferación, o las dudas sobre la viabilidad de unos textos sin un marco de referencia, como apuntan desde Los Barrios y San Roque.

Ayuntamientos

La instrucción de la DGT deja la pelota en el tejado de los ayuntamientos para ratificar el veto de los patinetes a las zonas peatonales o la obligación de contar con un seguro.

En La Línea, la redacción de un texto municipal es una cuestión prioritaria, según explica Bernardo Piña, concejal de Tráfico y Seguridad Ciudadana. En la ciudad el uso está ampliamente extendido, especialmente entre quienes entran o salen de Gibraltar para trabajar. “Cada vez se ve a más personas que aparcan su coche y sacan un patinete del maletero para entrar en Gibraltar. Ocupan menos que una moto, no piden seguro y no contaminan. Ya nos está doliendo la cabeza con las zonas peatonales”, reconoce Piña.

La ordenanza linense pondrá las mismas restricciones que a las bicicletas, especialmente en el acceso a zonas aceradas.

Algeciras, la ciudad más poblada de la comarca, también trabaja en el asunto, si bien desde el departamento que titula Jacinto Muñoz detallan que se aprovechará la revisión a fondo de la ordenanza local de tráfico para incluir a los patinetes. Sin un plazo determinado, el objetivo pasa por tener el texto en este año. Avanzan que se dará la mayor garantía a los peatones.

Tarifa ya anunció el pasado diciembre que trabajaba en una regulación municipal, mientras que en Castellar de la Frontera los técnicos evalúan la normativa de la DGT antes de proceder, si bien ya se está manos a la obra.

En el lado contrario, el de los municipios sin textos en redacción, el Ayuntamiento de Jimena carece de ordenanza y no lo considera un asunto prioritario. Aquí las cuestas disuaden.

San Martín del Tesorillo regulará la cuestión “porque cada vez se ven más”, apostillan desde el Ayuntamiento más joven de la comarca, inmerso en el proceso de redacción de más de treinta ordenanzas tras su segregación de Jimena.

En San Roque, al igual que en Jimena, las cuestas del casco y las limitadas dimensiones de las barriadas hacen que los patinetes no tengan una alta aceptación. Su concejal de Seguridad, Juan Manuel Ordóñez, se muestra proclive a esperar una norma más clara antes de actuar.

“¿Qué pasa si aprobamos una ordenanza y luego nos la echan para atrás?”, cuestiona Miguel Alconchel, alcalde de Los Barrios. “Hay muchas dudas aún. Somos partidarios de esperar a contar con un texto base de la Federación Española de Municipios. En Los Barrios el uso es aún muy residual”, justifica Alconchel para esperar.

Fiscalía

La ambigüedad legislativa también es seguida de cerca por la Sección de Seguridad Vial de la Fiscalía de Área de Algeciras, que encabeza Aurora Andrés. La sección se mantiene en coordinación con las jefaturas de la Policía Local para atender posibles dudas sobre la aplicación de la norma. “Falta una regulación a nivel nacional más completa. Aunque la instrucción de la DGT va centrando el asunto, faltan aspectos por regular. Y los ayuntamientos también deben regular. Estamos trabajando sobre el problema con las policías locales para impulsar la vía administrativa y valorando con precaución los asuntos penales”, explica Andrés.

Es decir, los agentes de la Policía Local de cada municipio pueden sancionar infracciones básicas del reglamento de circulación como harían con un ciclista que, por ejemplo, circulara en sentido contrario por la calzada o se saltase un semáforo basándose en la instrucción de la DGT. “Estos vehículos no tienen la definición de ciclomotor a nivel penal. En el fondo, aunque falta concreción en la norma, desde el punto de vista administrativo se puede actuar perfectamente”, insiste Aurora Andrés.

Aurora Andrés: "Falta concreción en la norma, pero se puede actuar perfectamente por la vía administrativa"

La Fiscalía de Cádiz alertó la semana pasada de la falta de regulación para atender los casos penales. Estos vehículos, aunque no encajen en el código penal en los delitos contra la seguridad vial, sí pueden derivar en delitos de lesiones por imprudencia.

En su última memoria de siniestralidad vial, el Ministerio Público explica que hasta la fecha el efecto en el trabajo de la Fiscalía ha sido poco significativo, pero adelanta que la irrupción en las vías de los vehículos de movilidad personal, como patinetes, patinetes con sillín o segway (vehículo con dos ruedas laterales y una plataforma para ir de pie) está llamada a tener una incidencia creciente en la seguridad vial. Hasta el momento, en la sección de Algeciras hay dos asuntos penales en los que se han visto involucrados estos vehículos, en fase de diligencias previas.