Los días 13 y 14 de diciembre se celebrará en Cádiz la VI Conferencia ministerial del diálogo euroafricano sobre migración y desarrollo, el conocido como Proceso de Rabat. A la cita acudirán los ministros encargados de las cuestiones de migración y desarrollo de los países asociados en el Proceso de Rabat, entre ellos José Manuel Albares, ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

El objetivo de la conferencia es aprobar una declaración política y el que será el Plan de acción de Cádiz. Este programa de cooperación plurianual establecerá objetivos estratégicos que orientarán las actividades del Proceso de Rabat y sus asociados para el período 2023-2027. En este contexto, los participantes examinarán los principales desafíos a los que se enfrenta en política migratoria y determinarán soluciones comunes. 

El Plan de Acción de Cádiz se basará en el anterior marco estratégico plurianual del Proceso de Rabat, el Plan de Acción de Marrakech, adoptado en la anterior Conferencia Ministerial en 2018, y el Plan de Acción Conjunto de La Valette. El Plan de Acción de Cádiz tendrá en cuenta la evolución del contexto internacional desde 2018 y abordará los nuevos desafíos que han surgido desde entonces.

Temas que se abordan

Entre los asuntos que se abordarán figuran los beneficios de la migración para el desarrollo, la lucha contra las causas de la migración irregular, los desplazamientos internos, la migración regular y movilidad, los derechos de protección y asilo, la prevención y reducción efectiva de la migración irregular, la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, el retorno, readmisión y reintegración de las personas. El final será el Traspaso de la presidencia del Proceso de Rabat a Marruecos.

Plan de Acción de Marrakech

La 5ª Conferencia Ministerial Euro-Africana sobre Migración y Desarrollo, celebrada el 2 de mayo de 2018, definió el programa de cooperación plurianual actual del Proceso de Rabat en la Declaración política y el Plan de acción de Marrakech.

Este marco de cooperación no vinculante ayuda a coordinar los esfuerzos nacionales en la esfera de la gestión de las migraciones y define la orientación y las prioridades del diálogo.