Campo de Gibraltar

El ducado de Medinaceli pide 7 millones a Castellar por la ocupación de sus terrenos

  • La empresa Delta Chapatal solicita la devolución de los suelos con una sentencia de 2008 que prevé pagos si hay edificaciones

El Ayuntamiento de Castellar de la Frontera.

El Ayuntamiento de Castellar de la Frontera. / e. fenoy

Un jarro de agua fría para el Ayuntamiento de Castellar. La empresa Delta Chapatal, que representa al ducado de Medinaceli, ha solicitado la ejecución de la sentencia del año 2008 que obliga al Ayuntamiento de Castellar a devolver hasta 40,3 hectáreas de terrenos del delta del Chapatal al ducado o pagar una compensación en el caso de que los suelos estén ocupados, como es el caso de la zona donde se levanta el Hotel Castellar.

El alcalde, Juan Casanova, estima que la reclamación por los suelos ocupados asciende a 7 millones de euros, prácticamente el doble del presupuesto anual del Ayuntamiento. Casanova calificó la recepción de la notificación del juzgado como una noticia "agria".

Parte de la finca está ocupada por un hotel, por lo que debe compensarse con dinero

Las 40,3 hectáreas fueron expropiadas en varias fases al ducado de Medinaceli desde los años 70 del siglo pasado por el Estado y la Junta y a continuación cedidos al Ayuntamiento para fines agrícolas y la expansión del municipio. La sociedad que representa a los intereses del ducado de Medinaceli denunció en su día por entender que en parte de los terrenos se estaban realizando actividades amparadas por el municipio ajenas al fin de la expropiación: una cantera y un campo de tiro que ocupaban 17,6 hectáreas del total. La empresa ganó en los tribunales y desde 2008 cuenta con una sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que reconoce el derecho de reversión de los terrenos, tanto del polígono de tiro como de la cantera. Pero también otras 22,7 hectáreas que el IARA (Instituto Andaluz de Reforma Agraria) acordó revertir en 2002 por una resolución administrativa.

El Ayuntamiento de Castellar solicitó en 2012 a la Consejería de Agricultura asesoramiento para afrontar la situación, principalmente para delimitar los terrenos que debían devolverse. El pasado diciembre, el Ayuntamiento volvió a solicitar ayuda a la Junta ante indicios de que la empresa iba a pedir la ejecución judicial.

"Es una muy mala noticia. Nos reclaman siete millones de euros y devolver los terrenos donde no haya construcciones. Estamos haciendo lo que está en nuestra mano para que la Junta de Andalucía asuma su parte. La cantera se hizo con pemisos de la Junta, y es una de las causas por las que se le dio la razón a la empresa en los juzgados", valoró Casanova.

El Consistorio preveía levantar 300 viviendas protegidas en parte de estos suelos. El regidor apuntó que ya se están buscando parcelas alternativas e incluso preparando los trámites urbanísticos. "Nos preocupa el caso. Esperamos ser capaces de afrontar la situación sin hipotecar al pueblo durante 20 o 30 años", resaltó Casanova.

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