Las autoridades gibraltareñas han puesto especial celo en las últimas horas en asegurarse de que el confinamiento para evitar que siga expandiéndose el letal coronavirus sea llevado a efecto por sus ciudadanos. Los controles son tan numerosos como rigurosos y este domingo la Policía, desplegada por sus calles, comprobaba que aquellas personas que circulaban, tanto a pie como en sus vehículos, tuviesen motivos justificados para hacerlo. El Gobierno ha declarado el Covid-19 como “incidente grave” de acuerdo a la legislación de contingencias civiles, lo que no hace sino reforzar las medidas tomadas en la última semana.
El ejecutivo que encabeza Fabian Picardo decretó el pasado 23 de marzo el cese de la actividad en la Roca durante 30 días. En un comunicado Covent Place hablaba de la entrada en vigor “de unas normas de distanciamiento social que van a suponer un confinamiento general de la población para luchar contra el coronavirus”.
De facto, un cierre patronal mayúsculo, en el que no está permitido ni siquiera la apertura de ese comercio minorista tan visitado por los turistas cuando no existían las medidas de excepción. Están exentas de estas ordenadas las tiendas de alimentación y las farmacias, algo muy similar a lo que ocurrirá en España desde este lunes.
El gobierno local tomó la medida de asegurar el salario mínimo interprofesional (1.150 libras, es decir 1.260 euros) de todos trabajadores –incluidos los de los muchísimos españoles que cruzan cada día la Verja- que se veían abocados a quedarse en casa. Una medida muy aplaudida desde este lado de la frontera. La realidad es que después de echar del cierre el paso de personas por la aduana se redujo en un noventa por ciento.
Pero el Gobierno de Gibraltar quiere que semejante esfuerzo humano y económico tenga reflejo inmediato en las cifras de afectados por el coronavirus. Este domingo la cifra ya se había elevado a 65 positivos, de los que 41 se mantenían activos, cuatro de ellos hospitalizados. De ahí que las autoridades declararon “que la pandemia del Covid-19 en Gibraltar es un Incidente Grave, denominada así en la legislación de contingencias civiles”.
Esta declaración “actúa oficialmente como factor desencadenante para que todos los organismos adopten formalmente una disposición de respuesta reforzada”.
La estructura de emergencia “está bien ensayada”, asegura el gobierno en una nota de prensa. “A lo largo del año se realizan ensayos para eventualidades de este tipo y diferentes escenarios para asegurar que todos los equipos de respuesta a emergencias estén preparados para reaccionar en tales eventualidades”.
El Ministro Principal, Fabián Picardo, dejo claro que esta medida “simplemente formaliza muchas de las estructuras de mando que han sido tan efectivas en las últimas semanas”, un periodo en el que el ejecutivo ha mantenido contacto frecuente con el Gobernador local y el Ministerio de Defensa británico.
LOS CONTROLES SE MULTIPLICAN
Como consecuencia de tales disposiciones no es difícil encontrarse con un control policial en cualquier calle (casi sería mejor decir en cada rotonda) de Gibraltar, con el objetivo de que sus vecinos respeten la cuarentena, aunque también afecta a los escasos trabajadores españoles, mayoritariamente de La Línea, que aún tienen que acudir a cumplir sus obligaciones laborales, principalmente en los hospitales civil o militar, residencias de mayores o cuidados domiciliarios.
“En cuanto hemos llegado a la parte gibraltareña de la frontera nos han parado, nos han preguntado qué íbamos a hacer allí y nos han recordado que está todo cerrado y que solo se puede salir por causa de fuerza mayor”, explica uno de ellos. “Les hemos enseñado los documentos de nuestras empresas y nos han permitido seguir”.
“ Hay policía por todas partes y está todo cerrado, dan un poco como de miedo”, agrega.
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