La Fiscalía Especial Antidroga ha remitido un escrito de acusación contra José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, y más de cincuenta investigados en el mismo procedimiento por su presunta pertenencia a una organización a la que se atribuyen delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales, entre otros, según los datos a los que ha tenido acceso Europa Sur. Entre los acusados figura el abogado Gonzalo Boye, letrado, a su vez, de Francisco Tejón Carrasco, líder junto a su hermano Antonio del clan de los Castaña.

El escrito de la Fiscalía, con fecha de 28 de noviembre, describe de forma pormenorizada cómo entre 2016 y 2018, pese a que Sito Miñanco se encontraba cumpliendo condena en la cárcel de Botafuegos, en Algeciras, su actividad principal continuaba siendo la introducción y distribución de sustancias estupefacientes en España por cuanto que mantenía sus contactos y la confianza de las organizaciones suministradoras de la droga en Sudamérica, además de disponer de la logística para ese fin. El escrito de la Fiscalía que comanda Rosa Ana Morán ha sido dirigido al Juzgado Central de Instrucción n.º 3 de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Sito Miñanco, detenido en 2018 en Algeciras, contaba con una infraestructura formada por “una pléyade de individuos, que, en muchos casos, ya habían acumulado una experiencia criminal significativa en el negocio del narcotráfico, dispuestos a participar en estas operaciones ejecutando de forma casi reverencial cualquier actividad que él demandara”. En esa nómina de colaboradores de máxima confianza, según la Fiscalía, aparecen Luis Enrique García Arango y Juan Antonio Fernández Fernández, condenados en febrero 2006 junto a su jefe por narcotráfico.

Un concesionario de coches en Marbella

El grupo disponía de distintos inmuebles y numerosos vehículos que utilizaban indistintamente para evitar ser detectados por la Policía. Entre los enclaves determinantes para preparar estas operaciones criminales destacaban varios inmuebles localizados en la provincia de Pontevedra, como la sede de los Astilleros Facho SL (hoy cerrados y localizados en la localidad de Cambados), propiedad de Sito Miñanco, un domicilio en Baiona como núcleo para facilitar las comunicaciones durante la operación de narcotráfico, y un inmueble sito en Vilagarcía de Arousa, que amparaba los encuentros del jefe del clan con los miembros de su organización de forma segura cuando se desplazaba a Galicia.

Junto a ello, según la Fiscalía, la organización también utilizaba el concesionario de vehículos Mercedes Costa del Sol, en Marbella, que brindaba sus servicios a Sito Miñanco -tanto para facilitarle el uso de coches como para distribuir la droga y ocultar los beneficios de su venta-, un inmueble de seguridad en Benalmádena (Málaga) y una nave en Collado Mediano (Madrid), sede de la empresa Complutun Seguridad Internacional, a través de la cual se ocultaba el dinero producto de la venta de la droga.

Fruto de la investigación realizada se identificaron dos importantes operaciones a través de las cuales Sito Miñanco y el entramado que lideraba pretendía introducir enormes cantidades de cocaína en España. Una de ellas fue la correspondiente al buque Thorán, abordado en octubre de 2017 cuando transportaba 3,3 toneladas de cocaína, con la detención de sus siete tripulantes; la otra operación fue la aprehensión de un contenedor de cocaína en Holanda, que ocultaba 615 kilos de la misma sustancia en noviembre del mismo año.

Según subraya la Fiscalía Antidroga, pese al indudable revés que supusieron para la organización de Sito Miñanco estas dos aprehensiones de droga, “evidenciando una determinación criminal inquebrantable, continuó manteniendo distintos canales abiertos para perseverar en las operaciones de introducción de sustancia estupefaciente en España, al mismo tiempo que se implicaba personalmente en distintos desplazamientos para recoger y transportar el dinero procedente de otras organizaciones, que permitiera co-financiar todas las operaciones de introducción de narcotráfico que continuaba preparando”.

El Centro Penitenciario de Botafuegos, en Algeciras, donde Sito Miñanco cumplía condena.

Al mismo tiempo que dirigía todas estas operaciones para introducir la droga en España, con el propósito de ocultar los beneficios obtenidos como consecuencia de su distribución y venta, Sito Miñanco disponía de la infraestructura encaminada a la posterior recogida y almacenamiento de los beneficios, así como a su ulterior ocultación, blanqueándolos a través de distintos sistemas en el mercado financiero para enmascarar su origen ilícito. De hecho, Sito Miñanco fue condenado por la Audiencia Provincial de Pontevedra en enero de 2019 por un delito de blanqueo de capitales.

Para favorecer la ocultación de estos beneficios, el jefe del clan “disponía de un entramado societario constituido por empresas de las que él era en última instancia el titular efectivo como los citados Astilleros Facho SL o la Inmobiliaria San Saturnino (Cambados, Pontevedra), además de los servicios que le ofrecían empresas de terceros, como Mercedes Costa del Sol o Complutun Seguridad Internacional, entre otras.

Junto a esta amalgama societaria, Sito Miñanco, a través de Luis Enrique García Arango, habría orquestado, de forma simultánea a los preparativos para introducir cocaína en España, innumerables transportes de dinero, bien a través de los propios miembros de su organización, como una actividad instrumental para alimentar los ingresos de sus empresas y ocultar así el origen del dinero, bien a través de individuos coordinados por Manuel Puentes Saavedra con el fin último de ocultar el dinero en Colombia, haciendo uso de correos humanos.

Envío de dinero a Colombia

Entre estos transportes de efectivo, el 21 de diciembre de 2017, Sito Miñanco requirió la colaboración de una de sus personas de máxima confianza, el citado Juan Antonio Fernández Fernández, por cuanto que la cantidad de dinero a transportar rondaba los 1,8 millones de euros. “Como quiera que el vehículo en cuya caleta transportaba el dinero tuvo un accidente en Portugal, Sito Miñanco desplegó a distintos miembros de su organización para recuperar el vehículo siniestrado, transportarlo a un inmueble de seguridad en Baiona y rescatar así el dinero, operación que se desarrolló con éxito los días siguientes", indica la Fiscalía.

Respecto a los transportes de dinero para ocultarlo en Colombia, García Arango se había coordinado con Puentes Saavedra para efectuar distintas entregas de dinero, con importantes medidas de seguridad, haciendo uso de vehículos en función de lanzadera, hasta su ulterior ocultación en Colombia empleando a correos humanos que disimulaban el dinero en dobles fondos en sus maletas. “En este contexto, el 6 de febrero de 2017, González Rubio y otros cinco investigados fueron detenidos en el aeropuerto de Barajas cuando transportaban ocultos 889.620 euros. Ante esta aprehensión, García Arango y Puentes Saavedra comenzaron desde ese mismo día a acometer las acciones necesarias para recuperar el dinero, que pertenecía a Sito Miñanco”, relata Antidroga.

Siempre según la versión de la Fiscalía, con el propósito de acreditar el origen lícito del dinero intervenido, dirigidos y asesorados por el abogado Gonzalo Boye Tuset, quien en ese momento defendía a Miñanco en otra causa -con la colaboración de otros abogados como Jesús Morán Castro y Alejandro Guerra Medina (ambos procesados en otros procedimientos relacionados con Miñanco)- confeccionaron unos contratos de compraventa de unas letras de cambio de acuerdo con los cuales, González Rubo las habría vendido a terceros unos días antes de la aprehensión del dinero.

El pretendido negocio no presentaba lógica comercial alguna por cuanto que, en muchos casos, los préstamos que habían dado origen a las letras estaban incluso cancelados porque se había satisfecho la deuda en la fecha en que supuestamente González Rubio había realizado las ventas.

El escrito de la Fiscalía Antidroga subraya cómo el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, al desestimar las alegaciones de Gonzalo Boye, apreció la falta de coherencia de estas operaciones, que las mismas letras se vendían y compraban varias veces por las mismas personas, y cómo dichas letras se habían presentado en un expediente sancionador anterior.

Pese a ello, Boye -junto a García Arango y Puentes Saavedra, los abogados mencionados y otros investigados como David Pérez Lago- confeccionó otra documentación adicional presentándola con nuevas alegaciones, sin participarlo a González Rubio, quien supuestamente había vendido dichas letras.

Expedientes del Tesoro por blanqueo

Pese a todas estas maniobras urdidas por los investigados, el 17 de octubre de 2017, la Secretaría General del Tesoro dictó una resolución acordando imponer a González Rubio y a cada uno de los demás investigados en sus respectivos expedientes sancionadores una multa como autores de una infracción grave tipificada en la Ley de Prevención del blanqueo de capitales, desestimando así las alegaciones presentadas en atención a la cuantía del movimiento efectuado, la falta de acreditación del origen de los medios de pago, la falta de actividad económica coherente con dichas cantidades y la ocultación del dinero.

En el momento de la detención de los investigados se intervinieron importantes sumas de dinero en sus domicilios. En el caso de Sito Miñanco, más de 375.000 euros, junto a documentación relativa a la contabilidad y ocultación del dinero, así como al pago de las acciones realizadas por los investigados para recuperar el dinero intervenido en Barajas.

Tiroteo con dos agentes heridos

El 5 de febrero de 2018, en el curso de la detención de González Rubio, este, con el ánimo de evitar su detención y al mismo tiempo, movido exclusivamente por la intención de acabar con la vida de los agentes, haciendo uso de una pistola HK calibre 45, disparó al menos en 9 ocasiones a los funcionarios actuantes, quienes repelieron la agresión. En el intercambio de los disparos, resultaron alcanzados los agentes 107.869 y 97.382 así como González Rubio, quien únicamente cesó en su acción cuando se acabó la munición del arma con la que disparaba, por lo que es acusado de dos delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones y atentado.

El escrito de la Fiscalía solicita la disolución de las sociedades utilizadas para el blanqueo y el decomiso y recuperación de bienes incautados y una ingente cantidad de fincas e inmuebles cuyo importe una vez realizados serán utilizados por el Estado para continuar su plan contra las drogas.