El próximo lunes, día 18, la sede de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz celebrará la primera de las nueve sesiones previstas del juicio contra los hermanos Francisco (Isco) y Antonio Tejón Carrasco, presuntos jefes del clan de los Castañas, en el que la Fiscalía Antidroga solicita para ambos condenas que suman 20 años de prisión por la presunta comisión de los delitos de tráfico de drogas, tenencia de armas y receptación.

El ministerio público pide, además, once años de cárcel por delitos de tráfico de drogas y receptación para quince supuestos miembros de su organización, incluidos tres policías nacionales, apartados ahora del servicio y que en el momento de sus detenciones estaban adscritos a la Comisaría de La Línea de la Concepción, según consta en el escrito de acusación del que se hizo eco Europa Sur en enero pasado.

Algunos de los abogados de los 17 acusados, según fuentes judiciales, han llevado a cabo en los últimos meses una estrategia coordinada y destinada a lograr un aplazamiento de la celebración de la vista oral a fin de prolongar la situación de libertad provisional de la que disfrutan algunos de sus clientes y para dilatar el procedimiento, un hecho que puede servir de justificación a la hora de instar en el futuro una rebaja de las posibles condenas.

Entre las peticiones presentadas por las defensas y desestimadas figura la recusación ante el TSJA de la presidenta de la sala que juzgará la causa -por entender que había participado previamente en el caso- y un conflicto de competencia bajo el argumento de que el juicio corresponde llevarlo a cabo en la Audiencia Nacional, ya que en la investigación de la Policía Nacional se apunta a que la adquisición de la droga se realizó por uno de los acusados, Isco Tejón, en un tercer país: Marruecos.

La vista oral tendrá lugar, finalmente, en las fechas previstas desde un inicio: los días 18 y 22 de abril; 3, 4, 5 y 6 de mayo y 3, 20 y 21 de junio.

Gonzalo Boye.

Las claves de las líneas de defensa de los acusados están en su mayoría en manos de conocidos bufetes, especializados algunos de ellos en causas de narcotráfico, a los que se ha unido en los últimos meses como representante legal de Isco Tejón el controvertido abogado Gonzalo Boye Tuset.

El currículum profesional de Boye cuenta con clientes tan significativos como los ex presidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Quim Torra o el ex diputado de Podemos Alberto Rodríguez (condenado por inhabilitación), pero también personajes de relevancia ligados al narcotráfico a gran escala, caso del gallego José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, detenido por última vez en Algeciras en febrero de 2018.

Boye, editor fundador de la revista satírica Mongolia, también es el defensor del periodista español Pablo González, colaborador de La Sexta y Público y detenido a finales de febrero pasado en Polonia, cerca de la frontera con Ucrania, bajo la acusación de espiar para las autoridades de Rusia.

Cómo se ha convertido Boye en abogado de Isco Tejón es una incógnita. "Quizá haya sido por el boca a boca entre los acusados o por verlo en la tele, esto funciona así en el mundo del narco", asegura una fuente que mantiene contacto con el letrado y al que define como un individuo "trabajador, minucioso y brillante". "Hay que tener cuidado con él", apunta otra persona menos condescendiente con los métodos del abogado.

Es muy posible que Boye no acuda el lunes a la primera sesión del juicio contra los Castañas debido a que tiene señalada una vista previa en la Audiencia Nacional, si bien pidió por esta causa aplazar la vista en Algeciras. La solicitud le fue rechazada.

La misma suerte corrió la petición de aplazamiento de una de las abogadas, que lleva la defensa de tres de los acusados, por estar en un tratamiento médico por enfermedad grave. Uno de los abogados de la defensa asegura que la Audiencia de Cádiz rechazó dicha solicitud "sin motivar la no suspensión" y que asignó a los tres encausados hace dos semanas una letrada de oficio que, apunta, "apenas ha tenido tiempo de estudiar los 30 tomos de las diligencias".

Secuestro de Revilla y proceso por blanqueo

La trayectoria vital de Boye es aún más polémica que la profesional. Ligado al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de Chile -país en el que nació y cuya nacionalidad posee junto a la alemana- fue condenado por la Audiencia Nacional en 1996 a 14 años y ocho meses de prisión por el delito de detención ilegal, en relación con el secuestro en 1988 del empresario Emiliano Revilla a manos de ETA.

Fue durante su estancia en la cárcel, en la que permaneció seis años, cuando logró su licenciatura en Derecho. Pasados 26 años y según lo publicado por diversos medios, aún debe abonar a la víctima de aquel secuestro 1,2 millones de euros en concepto de responsabilidad civil solidaria.

Entre las noticias más recientes sobre Boye aparece, según dio cuenta en junio pasado eldiario.es (medio del que era entonces asesor legal) su procesamiento por “blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal, procedente del narcotráfico, en concurso con un delito continuado de falsificación de documento oficial”. 

El presunto cerebro de dicha operación era Sito Miñanco, quien figuraba como “procesado por su presunta participación en dos operaciones para introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína y por la creación de un entramado criminal para blanquear el dinero obtenido de la droga”, en una cantidad que rondaba los 900.000 euros.

Más recientemente, el pasado mes de noviembre, se conoció que el Juzgado de lo Mercantil 16 de Madrid ordenó el cierre del despacho profesional de Boye por "insuficiencia de masa activa". Su pareja había solicitado el concurso de acreedores el 28 de septiembre, pero el juez consideró que ese procedimiento no era viable y ordenó el cierre del bufete sin prejuzgar "la posibilidad de deducir contra los administradores de la sociedad las acciones de responsabilidad que cualquier acreedor pueda considerar procedentes en Derecho".

Los Castañas, jefes del Estrecho

Según el escrito de acusación que servirá de guion en el juicio que se inicia el lunes, redactado por la fiscal jefe Antidroga de Algeciras, Macarena Arroyo, los Castañas han sido durante años uno de los principales clanes de la droga del estrecho de Gibraltar, asentado de forma especial en La Línea. Desde allí se han dedicado, principalmente, al tráfico de hachís desde Marruecos, donde tenían contacto directo con las mafias locales.

La Fiscalía solicita para Isco y Antonio Tejón penas de quince años de prisión y una multa de 4 millones de euros para cada uno como “jefes y encargados del delito contra la salud pública", es decir, tráfico de drogas; tres años más de cárcel por tenencia de armas y dos por delito de receptación. Isco se encuentra en la actualidad en libertad provisional bajo fianza, mientras que Antonio permanece interno en prisión provisional por su presunta relación con la Operación Dismantle.

Para el resto de procesados, las penas pedidas por la Fiscalía son, para cada uno de ellos, de 9 años de prisión y multa de 4 millones de euros por tráfico de drogas, y dos años más por delito de receptación.

El relato acusatorio de la Fiscalía deja constancia de que, fruto de la investigación desarrollada desde 2015 en la zona de La Línea de la Concepción por la Unidad de Crimen Organización (Udyco) de la Policía Nacional, se tuvo conocimiento de la existencia de un grupo de personas lideradas por los hermanos Tejón, “conocidos como jefes del clan de Los Castañas", que se dedicaba presuntamente "a la introducción de sustancias estupefacientes procedentes de las costas marroquíes, con uso de embarcaciones de gran potencia, con estabilidad en el tiempo”.

Tres topos en la Policía Nacional

La acusación contra los tres agentes de la Policía Nacional acusados queda descrita de forma nítida: “También como integrantes dentro de la organización están los procesados L.B. B., M.B.B. y J.Z.B., los cuales como miembros del Cuerpo Nacional de Policía estarían favoreciendo a la organización marcando la vía libre para poder introducir las sustancias en las costas españolas, marcando los servicios de los agentes de la autoridad, así como informando a la organización de controles y de las actividad de la Policía, con el fin de facilitar y dar cobertura para que el alijo se pudiera realizar”.