Campo de Gibraltar

España alerta a la Comisión Europea del avance implacable del alga invasora

  • El Gobierno solicita a Europa la inclusión de la ‘Rugulopterix’ en la lista de especies invasoras

  • Pide que se haga efectivo el Convenio Internacional del agua de lastre para contenerla

  • El Ministerio de Transición Ecológica asegura que "se desconocen métodos de control efectivo"

El alga parda se acumula en Tarifa. El alga parda se acumula en Tarifa.

El alga parda se acumula en Tarifa. / Erasmo Fenoy

El Gobierno de España ha alertado a la Comisión Europea (CE) de que la propagación del alga parda (Rugulopterix okamurae) desde el Estrecho de Gibraltar ha generado un impacto económico millonario que amenaza con “aumentar exponencialmente” conforme crezca el área colonizada, algo que sucederá puesto que “se desconocen métodos de control efectivos que pueden aplicarse en la etapa actual de invasión”.

Así se refleja en el análisis de riesgos remitido por el Ministerio para la Transición Ecológica como parte de su solicitud para la inclusión en la lista de especies exóticas invasoras de la Unión Europea, lo que permitiría a España acceder a los recursos comunitarios, no solo económicos, para combatir la invasión.

“La acción más importante y con mayor probabilidad de éxito es, sin ninguna duda, evitar la introducción y propagación de esta especie. Además, se deben considerar acciones para el manejo de las poblaciones establecidas a fin de minimizar el impacto que causan”, se lee en el documento, de 54 páginas, que la CE se encuentra evaluando para determinar si señala a la Rugulopterix okamurae como especie invasora.

España explica que, aunque ha sido identificada también en Francia, “solo ha mostrado agresividad en el Estrecho” desde donde podría establecerse y volverse invasiva en otros puntos de España, así como Francia, Portugal, Italia, Grecia, Croacia, Eslovenia, Chipre y Malta. En la actualidad su proliferación amenaza al entorno ecológico de la costa atlántica de Andalucía, el área mediterránea y el mar Negro.

La Universidad de Málaga, encargada por el Ministerio de Transición Ecológica de España en octubre de 2019, realizó una evaluación rápida del riesgo que describió al alga parda como una especie invasora a todos los efectos, porque desde su detección en Ceuta en 2016, su expansión a lo largo de la costa andaluza ha sido exponencial. “Esto, junto con la cantidad de biomasa recuperada de los lugares invadidos, representa una presión ecológica significativa para los ecosistemas nativos y afecta las economías locales”, subraya.

El alga llegó del océano Pacífico noroccidental (de Corea, Japón, China, Taiwán y Filipinas) y se estableció en la laguna de Thau en Francia, cerca de Montpellier, asociada con las importaciones de ostras. De allí pasó a las costas atlánticas y mediterráneas del sur de España: Ceuta, Cádiz, Málaga y las islas Chafarinas. También se encontraron arribazones de la especie en Huelva, Granada y Almería.

Las redes cargadas de algas del barco de Gregorio Lindes en Valdevaqueros.

“Está produciendo importantes impactos ecológicos, como alteraciones del hábitat marino, pérdida de biodiversidad y afección a las especies y áreas protegidas incluidas en la Red Natura 2000”, explica el Ministerio, que alerta de la “pérdida de biodiversidad marina y la alteración de la estructura de las comunidades, provocando el desplazamiento físico del resto de las especies debido a la ocupación del sustrato y evitando la fijación de larvas o propágulos de otras especies”.

Aunque no existen beneficios socioeconómicos de la Rugulopterix okamurae, España entiende que podría tener interés para la industria debido a algunos compuestos que generan. “Se ha demostrado que sus compuestos poseen actividad inhibidora de una enzima que regula los procesos de síntesis y la cantidad de glucoproteínas y glucolípidos. Estos dos últimos están involucrados en enfermedades como la diabetes, ciertas formas de hiperlipoproteinemia y obesidad”, subraya el documento, que habla de que “otras actividades biológicas de los compuestos del alga son antifúngicas, antibióticas, antiinflamatorias, insecticidas y antivirales”. “Se ha demostrado una alta eficacia contra cánceres como la leucemia. Finalmente, un uso muy interesante de los terpenos es su capacidad antiincrustante, por lo que son buenos candidatos para ser incluidos como componentes en las pinturas utilizadas para recubrir los barcos, teniendo en cuenta que también son menos tóxicos que otros compuestos sintéticos”, apostilla.

El documento que estudia la CE señala el transporte marítimo como “uno de los principales vectores de introducción de especies exóticas en el medio marino”, en referencia a la incrustación (en los cascos de los buques) y las aguas de lastre, que estabilizan las embarcaciones. Esto explicaría “la introducción del alga parda en el Estrecho de Gibraltar desde sus áreas nativas en el Pacífico, teniendo en cuenta el intenso tráfico marítimo en esta mayoría de las especies de macroalgas son capaces de adherirse a los cascos de los barcos. Ribera (2003) menciona 39 especies de macroalgas exóticas que se han introducido en nuevas regiones de esta manera”.

El Ministerio cita un estudio que identificó hasta 15 especies diferentes a partir de muestras de agua de lastre de 12 embarcaciones que hicieron rutas a través del Mediterráneo, con diferentes orígenes. “La importancia de este vector en el transporte de propágulos de macroalgas aún no se conoce bien, pero se sabe que las condiciones durante el transporte en aguas de lastre pueden inducir la formación de esporas y propágulos y que las etapas microscópicas de macroalgas puede soportar largos períodos de oscuridad y posteriormente desarrollarse cuando las condiciones mejoran”, argumenta.

“Dada la alta capacidad de Rugulopterix okamurae para producir propágulos vegetativos y monosporas asexuales y la presencia de dos grandes puertos comerciales en el Estrecho de Gibraltar (Algeciras y Tanger Med), se sospecha que las aguas de lastre pueden ser un vector importante de introducción de las especies, especialmente en esta región.

“Aunque no hay evidencia de que la Rugulopterix haya llegado a las costas del Mediterráneo occidental adherida a los cascos de los barcos, se observó que la especie es capaz de adherirse a superficies de muy diversa naturaleza y composición, como vidrio, hierro, caucho o cerámica. Sin embargo, las condiciones cambiantes asociadas con este tipo de transporte, especialmente las relacionadas con la temperatura y la salinidad, así como el efecto de la fricción causada por la velocidad de cruce y el oleaje, y la presencia de sustancias antiincrustantes, hacen que el transporte por este vector sea una prueba dura para aquellas especies que la utilizan para ingresar a nuevas regiones geográficas”, manifiesta.

El Ministerio entiende que “si se implementaran sistemas adecuados para el control del agua de lastre, la probabilidad de entrada de la especie se reduciría considerablemente”.

Pero al margen de la llegada de alga, el documento señala a la pesca artesanal como una posible causa de la dispersión. “Los pescadores de las zonas afectadas informan de que sufren una disminución de sus capturas y un deterioro de sus redes debido a que las especies están atrapadas en grandes cantidades. Estas redes en muchos casos son arrastradas y/o limpiadas dentro del mar, lo que favorece la dispersión de las especies. Del mismo modo, otras artes de pesca pueden estar favoreciendo la dispersión de la especie sin querer. Otros posibles vectores pueden ser anclas o sistemas de anclaje de botes, tanto de pesca como recreativos, equipos de buceo o basura marina”, relata.

El análisis de riesgos resalta que el impacto económico asociado con las actividades pesqueras y la gestión de playas en el sur de España, “se ha estimado masivo en poco tiempo, llegando a casi un millón y trescientos mil euros en nueve meses”.

Alga invasora en la playa de Getares. Alga invasora en la playa de Getares.

Alga invasora en la playa de Getares. / Erasmo Fenoy

Como indicador del impacto económico en el sector pesquero, se estima que las pérdidas por las capturas de las asociaciones pesqueras de las provincias de Huelva, Cádiz y Málaga fue en nueve meses de casi novecientos mil euros. La disminución de la pesca de trece especies de peces va del 20 al 48%. “También se debe considerar el daño a las artes de la pesca (principalmente redes)”, prosigue el estudio, que resalta el impacto económico derivado de la limpieza de las playas. “En un período de nueve meses, se ha retirado un total de 11 mil toneladas de restos en el litoral de las localidades afectadas, con gastos que ascienden a casi cuatrocientos mil euros”.

“La gestión de esta biomasa significa un gran problema para las administraciones locales y un gran impacto público”, continúa. “Está produciendo altos costes económicos, asociados con el manejo de la acumulación masiva de biomasa en la costa, así como su impacto en el turismo cuando las playas están cubiertas por estas algas hasta que puedan ser retiradas. Además, la limpieza de las redes de pesca produce importantes impactos económicos en términos de salarios y bienes afectados. La administración regional en Andalucía está asignando recursos económicos y humanos cortos en el monitoreo de la especie, pero no se hace nada para gestionar la prevención, el contenido o el control (erradicación) en estos momentos”, narra.

La Rugulopteryx okamurae ha mostrado un desarrollo explosivo, colonizando la mayoría de los sustratos del fondo marino donde la especie está presente. Además de los impactos relacionados con el sector turístico y pesquero, la expansión está causando un impacto ambiental significativo en las comunidades bentónicas nativas (los organismos que habitan el fondo de los ecosistemas acuáticos), “reflejado de inmediato en una pérdida muy importante de biodiversidad como la primera y más obvia consecuencia y en el largo plazo en un cambio en la estructura y composición de las especies”. “La cobertura actual de la especie no se ha estimado, pero el valor será de más de cientos de hectáreas, incluidas las áreas marinas protegidas”, explica.

“Es necesario hacer efectivo el Convenio internacional para el control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos de los barcos, hecho en Londres el 13 de febrero de 2004 y ratificado por el Jefe de Estado en 2016, para su entrada en vigor en España en septiembre 8 de 2017 (BOE 282 del 22 de noviembre de 2016). Esto es especialmente importante en regiones como el Estrecho de Gibraltar, que resisten el intenso tráfico marítimo comercial en forma de grandes comerciantes y cruceros turísticos”, reclama.

La mala noticia es que “no hay experiencias de control previas que puedan servir como referencia. Entre las posibles acciones asociadas con el control de la especie, la inclusión en la lista europea se considera muy positiva para ayudar a identificar los vectores de introducción y dispersión de las actividades humanas (agua de lastre, cultivos marinos, cascos de barcos, así como los relacionados con la pesca actividades), evitar nuevas introducciones para evitar la propagación de la especie, especialmente en algún espacio o hábitat de interés comunitario”, resume el documento, donde España llama a alertar a otros países expuestos sobre esta nueva especie invasora, “para que puedan implementar mecanismos de gestión de prevención para evitar la invasión en sus aguas”.

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