El Defensor del Pueblo ha reclamado la concesión de autorizaciones para trabajar a los menores extranjeros no acompañados con 16 años que hay en España, al tiempo que ha criticado la "negativa" de la Secretaría de Estado de Migraciones a dársela, lo que, a su juicio, supone "una discriminación y una diferencia de trato" con respecto al resto de menores.

Así consta en el Informe Anual 2018, entregado este martes por el dirigente en funciones de esta institución, Francisco Fernández Marugán, a a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet y al presidente del Senado, Manuel Cruz. El Defensor del Pueblo ha lamentado que la Secretaría de Estado de Migraciones haya rechazado sucesivas recomendaciones sobre la concesión de estas autorizaciones para trabajar a los menores migrantes que se encuentran solos en España.

"La negativa a hacer constar en las tarjetas de identidad de los menores extranjeros no acompañados, mayores de 16 años, que se encuentran autorizados a trabajar, supone una discriminación y una diferencia de trato con el resto de menores, mayores de 16 años, tanto españoles como extranjeros, a los que la normativa autoriza a trabajar, en todos los casos, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional", ha destacado en el documento.

Según ha confesado la institución, "las dificultades para la inserción sociolaboral" de los menores extranjeros solos, mayores de 16 años, le "preocupan". "La principal herramienta para una efectiva integración es la incorporación al mercado laboral de este colectivo", ha reivindicado.

A pesar de que el Defensor del Pueblo "reiteró de nuevo" este consejo y "solicitó" a Migraciones que "tuviera en cuenta las graves consecuencias para estos menores", la Secretaría de Estado "mantiene" su negativa en este asunto que "preocupa" a la institución, según sostiene en el informe.

Por otro lado, el Defensor del Pueblo ha reiterado su preocupación ante "la inexactitud de los datos contenidos" en el registro central de menores extranjeros no acompañados en España. "El citado registro constituye uno de los instrumentos más eficaces para la protección del interés superior de los menores, por lo que resulta imprescindible abordar sin más demora su revisión profunda", ha declarado.

Tal y como se expone en el documento, otra de las cuestiones que "sigue suscitando numerosas quejas" entre los ciudadanos se refiere a la situación de irregularidad documental en la que quedan estos menores al alcanzar la mayoría de edad de los 18 años.

Otras quejas recibidas se refieren "a la escasez de recursos existentes" para estos jóvenes extutelados por la Comunidad de Madrid. "Se afirma que son derivados al Samur Social, donde se les asigna, en el mejor de los casos, una plaza temporal en centros de adultos para personas sin hogar, si bien en otros casos quedan en situación de calle", ha apostillado.