La Comisión Europea ha autorizado este martes la apertura de negociaciones para un acuerdo entre la UE y el Reino Unido sobre Gibraltar, con una serie de directrices en las que incluye medidas sobre dos de los aspectos más controvertidos: el establecimiento de "unas condiciones de competencia equitativas", especialmente en materia fiscal, y el control por parte de España de las fronteras exteriores, es decir del aeropuerto y el puerto del Peñón, con "la asistencia" de Frontex.

"La Recomendación de hoy se basa en el acuerdo político que España y el Reino Unido alcanzaron el 31 de diciembre del año pasado. Se entiende sin perjuicio de las cuestiones de soberanía y jurisdicción y se centra en la cooperación en la región", expresa la CE en un comunicado de prensa hecho público a primera hora de esta tarde, en el que cada palabra está medida al milímetro para marcar de forma nítida las posiciones de los 27 sin cerrar por ello puertas al diálogo.

"En lo que se refiere al control de las fronteras exteriores", señala la CE en su comunicado, "en circunstancias en las que sea necesario un mayor apoyo técnico y operativo, cualquier Estado miembro, incluida España, podrá solicitar la asistencia de Frontex en el cumplimiento de sus obligaciones. La Comisión reconoce que España ya ha manifestado su plena intención de solicitar asistencia a Frontex". 

Es decir, "las obligaciones" de España pasan por controlar las fronteras exteriores, pero quedaría bajo su criterio solicitar el apoyo de Frontex, la agencia europea de fronteras, en "circunstancias" por concretar. La CE viene a respaldar así la posición mantenida hasta ahora por el Gobierno español, que contrasta con la de Gibraltar, que entiende que la vigilancia futura de las fronteras debe quedar en sus manos y en las de Frontex. 

El otro asunto más peliagudo es acabar con el dumping fiscal que Gibraltar viene ejerciendo desde hace décadas, con niveles impositivos a todos los niveles muy inferiores a los de España y, por tanto, a los existentes en el Campo de Gibraltar. La referencia a ello en el comunicado se hace de pasada en referencia a la búsqueda de "unas condiciones de competencia equitativas", aunque queda recogida de manera expresa.

"Las directrices de negociación propuestas presentan soluciones para eliminar las comprobaciones y controles físicos de personas y mercancías en la frontera terrestre entre España y Gibraltar, y garantizan a la vez la integridad del espacio Schengen y del mercado único. Las propuestas incluyen normas que establecen la responsabilidad en materia de asilo, retornos, visados, permisos de residencia, cooperación policial operativa e intercambio de información. Se incluyen otras medidas en diferentes ámbitos, como el transporte terrestre y aéreo, los derechos de los trabajadores transfronterizos, el medio ambiente, el apoyo financiero y el establecimiento de unas condiciones de competencia equitativas", indica la CE.

El comunicado subraya la existencia de "un sólido mecanismo de gobernanza, que incluye una revisión de la aplicación del acuerdo al cabo de cuatro años, la posibilidad de que ambas partes rescindan el acuerdo en cualquier momento y la opción de suspender unilateralmente la aplicación del acuerdo en determinadas circunstancias".

España, papel protagonista

"España, al ser el Estado miembro de Schengen vecino y el Estado miembro al que se encomendarán la aplicación y la ejecución de determinadas disposiciones del futuro acuerdo, se verá especialmente afectada por este último", indica el comunicado. "Por consiguiente -añade-la Comisión mantendrá estrechos contactos con las autoridades españolas a lo largo de las negociaciones y posteriormente, teniendo debidamente en cuenta sus opiniones".

La CE recuerda que el Acuerdo de Comercio y Cooperación entre el Reino Unido y la UE para articular el Brexit excluyó a Gibraltar de su ámbito de aplicación territorial (artículo 774, apartado 3) y que el 31 de diciembre de 2020, España y Reino Unido firmaron un principio de acuerdo sobre Gibraltar que ahora deberá concretarse.

El vicepresidente Maroš Šefčovič, copresidente por parte de la UE del Comité Mixto y del Consejo de Asociación, ha declarado respecto al mandato aprobado que con él "estamos cumpliendo el compromiso político contraído con España de iniciar las negociaciones de un acuerdo separado entre la UE y el Reino Unido sobre Gibraltar".

"Se trata de un mandato detallado, cuyo objetivo es generar consecuencias positivas para quienes viven y trabajan a ambos lados de la frontera entre España y Gibraltar, al tiempo que se protege la integridad del espacio Schengen y del mercado único", ha añadido Šefčovič.