Macrojuicio por tráfico de drogas

El Castaña Antonio Tejón evita la cárcel tras ser condenado a seis años y medio de prisión

Antonio Tejón Carrasco entra este jueves en la sede de la Audiencia de Cádiz, en Algeciras, junto a su abogado, Gonzalo Boye, y otros condenados.

Antonio Tejón Carrasco entra este jueves en la sede de la Audiencia de Cádiz, en Algeciras, junto a su abogado, Gonzalo Boye, y otros condenados. / Jorge del Águila

Antonio Tejón Carrasco, jefe del clan de los Castañas, continuará en libertad provisional bajo fianza a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) resuelva el recurso de apelación presentado por su defensa contra la condena de seis años y medio de prisión que le impuso la Sección Séptima de la Audiencia de Cádiz, con sede en Algeciras. 

El líder de la red y otros cuatro condenados han comparecido en la mañana de este jueves ante la Audiencia, que ha resuelto que todos ellos sigan en libertad provisional hasta que los recursos presentados no se resuelvan.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que, si los condenados han cumplido ya la mitad su condena en situación de prisión provisional -como es el caso- quedarán eximidos de ser internados nuevamente mientras la sentencia no sea firme. Tejón, en concreto, ingresó en prisión en septiembre de 2020 y quedó en libertad bajo fianza de 400.000 euros, tres años más tarde, en agosto de 2023.

La Audiencia de Cádiz condenó a Antonio Tejón el pasado 18 de enero junto a otras 96 personas tras el mayor juicio celebrado hasta la fecha contra un clan de la droga. Además de los seis años y medio de prisión, fue sentenciado al pago de una multa de 2 millones de euros como autor de los delitos contra la salud pública -en la modalidad de tráfico de drogas y concurriendo la circunstancia agravante de reincidencia- y pertenencia a grupo criminal, aunque se le absolvió de receptación y de contrabando. La Fiscalía Antidrogas, en el caso de Tejón, había pedido 15 años y medio de reclusión, en tanto que las penas propuestas para todos los acusados sumaban 2.000 años de cárcel y 16.000 millones de euros en multas, si bien esas cifras se vieron rebajadas en el fallo.

Gonzalo Boye, su defensor

Tejón ha llegado poco antes de las 10:00 a la sede algecireña de la Audiencia de Cádiz junto a varios de los condenados que recurrieron sus penas y al abogado Gonzalo Boye, quien también defiende al ex presidente de la Generalitat catalana, el prófugo Carles Puigdemont.

Durante el juicio, la Fiscalía Antidrogas expuso los hechos investigados por el Organismo de Coordinación del Narcotráfico (OCON-Sur) de la Guardia Civil entre los días 26 de junio y 27 de agosto de 2020 en las provincias de Cádiz, Sevilla, Huelva y Málaga, donde se constataron varias operaciones de los Castañas vinculadas al narcotráfico.

“Se constata la existencia de un grupo de personas perfectamente organizadas que se dedican a la introducción de importantes cantidades de hachís por las costas del Campo de Gibraltar, procedente de Marruecos, todas ellas desempeñando una función necesaria e imprescindible que iba dirigida a tal fin delictivo”, subrayó la Fiscalía.

La investigación se centró inicialmente en la zona conocida como la Vega de Ringo Rango y en la calle Almadraba, en la barriada de Palmones, en Los Barrios, “donde los acusados desarrollan una incesante actividad de preparación de embarcaciones semirrígidas, gasolina, víveres y el resto avituallamiento necesario, como son GPS, teléfonos satelitales, trajes de neopreno, así como lugares de guardería tanto de las sustancias estupefacientes como de los vehículos y las embarcaciones semirrígidas”.

Tejón, líder desde la cárcel

Antonio Tejón, según la sentencia, dirigía toda esa estructura criminal desde la cárcel, donde se hallaba en esos momentos en prisión preventiva por asuntos relacionados con el tráfico de drogas. A través de un lugarteniente, A.C.J., daba las instrucciones a su equipo de confianza, formado por quince personas.

Todos ellos “ejercían claras funciones de dirección, siendo los encargados de llevar a cabo todas las gestiones para la introducción de grandes cantidades de hachís, procedente de Marruecos, por vía marítima, usando embarcaciones de alta velocidad, de las consideradas como género prohibido, conforme a la Ley de Contrabando.

Eran estos acusados quienes se encargaban de coordinar todas las tareas de intendencia de la red: gestionar los acuerdos con los proveedores marroquíes para la adquisición de la droga, arrendar las naves y fincas donde primero ocultaban, acondicionaban y botaban las lanchas, fichar a las personas que se encargaban del avituallamiento de la gasolina y víveres de las embarcaciones, conseguir a lo pilotos, a las personas que servían como puntos de vigilancia, a las que conseguían los vehículos de carga -en muchas ocasiones, sustraídos- así como a los conductores y, finalmente, a las personas que descargaban la droga y guardarla.

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