La Fiscalía propone incrementar las penas para los delitos de fraude eléctrico

La Fiscalía de Andalucía propone elevar las penas por el delito de defraudación del suministro eléctrico, así como a los delitos de logística del narcotráfico en el material del combustible. Así lo expresa el Ministerio Público en su memoria de 2024, en el que destaca que, en el cultivo de marihuana, "persisten las mismas circunstancias y la elevada delincuencia de años anteriores, con los mismos problemas relacionados con las actividades paralelas de obtención ilegal de energía eléctrica, violencia asociada y destrucción de plantas".

Apunta la memoria que todos los fiscales delegados dan cuenta del número elevado de plantaciones indoor principalmente, siendo Granada la localidad en la que esa criminalidad es más alta, en la zona norte, y relacionada con las personas que adquieren y transportan la sustancia, que son de distintas nacionalidades: Ucrania, Italia, Francia, Holanda, Inglaterra, Alemania y Albania". Estas organizaciones de narcotraficantes encuentran en Granada "a los principales proveedores de esta droga".

Por ello, insiste en que debe haber reformas penales para incrementar las penas del delito de defraudación del fluido eléctrico, asociado al cultivo ilegal de marihuana. Actualmente, las penas por el robo de electricidad son multas que varían según el valor de lo defraudado: de uno a tres meses para importes inferiores a 400 euros, y de tres a doce meses para importes superiores a esta cantidad. Estas sanciones están recogidas en el artículo 255 del Código Penal y se aplican cuando se usan mecanismos fraudulentos, se alteran contadores o se emplean otros medios clandestinos para el consumo. Si no es posible conocer la cifra defraudada, la ley establece que la cantidad a facturar corresponderá al 100% de la potencia eléctrica contratada durante seis horas al día en el último año.

Las penas por este delito en Europa son muy superiores a las de España y tienen un carácter disuasorio. En Alemania se castiga con hasta cinco años de cárcel, en Italia se equipara al delito de hurto, con penas de entre seis meses y tres años de prisión y en Francia se asimila al robo, con una pena privativa de libertad de tres años y una multa de 45.000 euros.

La Fiscalía también propone que se incluya como delito en el Código Penal el conocido como petaqueo, es decir, el abastecimiento de gasolina a las narcolanchas que transportan hachís y cocaína desde el norte de África o desde alta mar hasta las costas andaluzas o ríos como el Guadalquivir.

En ambas prácticas se vuelve a poner de relieve el uso de personas armadas y bandas organizadas en este tipo de actividades. "Persiste una evolución sostenida o continuada de estas formas de criminalidad en todas sus manifestaciones", sostiene la memoria. La Fiscalía provincial de Málaga refleja un incremento global próximo al 10%, mientras que la de Sevilla apunta un descenso próximo al 7.

"No obstante, y desde una perspectiva cualitativa, destacan varias fiscalías el incremento elevado del número de plantaciones de marihuana tanto en viviendas y parcelas como en invernaderos, normalmente con enganches ilegales de electricidad". Como señala el fiscal de Almería, "lo más preocupante es que habitualmente se custodian estas plantaciones por personas armadas, que pertenecen a las bandas organizadas que vienen dedicándose a esta actividad.

La memoría de la Fiscalía General del Estado, por su parte, introduce por primera vez una propuesta concreta de subtipo agravado del delito de defraudación de energía eléctrica, en base a una justificación novedosa, incluyendo penas de prisión cuando vayan unidad al cultivo de marihuana por grupos u organizaciones criminales. Esta institución constata que Andalucía sufre, "más allá de la entrada de cocaína a través de los puertos, el incremento incesante de grupos y organizaciones transnacionales dedicadas al cultivo y exportación de marihuana".

En Sevilla, el fiscal delegado llama la atención sobre el intenso crecimiento de la actividad de plantación de marihuana indoor en la capital, acompañadas de ocupaciones ilegales, "con el peligro que representa el uso de enganches eléctricos ilegales que producen incendios frecuentes". La delegada de Huelva refleja el fenómeno en los siguientes términos: "ahora se planta marihuana para tener unos ingresos estables en el tiempo, y luego se alija cocaína o hachís, según la fórmula riesgo/ganancia (...) Hemos pasado de una o ninguna causa con armas de guerra a que, en casi todas las desarticulaciones de organizaciones criminales, aparezcan éstas y sus municiones".

Las fiscalías de Almería y Granada siguen refiriendo el incremento y extensión del cultivo indoor de esta sustancia. "Es destacable el crecimiento de un 20,07% de las diligencias por delitos de tráfico de droga en Granada, ya que el número de diligencias, que se acerca a las 1.000, era ya muy alto en 2023". En Granada, el tradicional cultivo de interior se venía realizando por "clanes familiares de origen granadino, que producían y vendían la sustancia, que en parte están siendo sustituidos por organizaciones extranjeras (albanesas, lituanas, holandesas), lo que determina un cambio de paradigma que se refleja en un crecimiento en la intervención de armas utilizadas para la protección de las plantaciones".