Los "contratos fantasma" de Umax El dueño de Umax niega que contratara a los "amigos" de Guerrero

  • Ulpiano Cuadrado reconoce un "contrato verbal" con Guerrero para las contrataciones de personal externo en la dirección general de Trabajo

  • El propietario reitera que la Junta le adeuda 1,5 millones

Los seis acusados, al inicio del juicio por los contratos fantasma de Umax Los seis acusados, al inicio del juicio por los contratos fantasma de Umax

Los seis acusados, al inicio del juicio por los contratos fantasma de Umax / José Ángel García

El dueño de la empresa Umax Informática y Consultoría, Ulpiano Cuadrado, ha negado este jueves en el juicio que se sigue en la Audiencia de Sevilla que contratara a 44 trabajadores del “círculo de amigos y familiares” del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero, aunque ha reconocido que llegó a un "contrato verbal" con el ex alto cargo para las contrataciones.

Ulpiano Cuadrado se enfrenta a una petición de la Fiscalía de ocho años y medio de cárcel y al pago de una multa de 7.500 euros por delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad, y en su declaración en el juicio ha afirmado que él "no cogía a nadie porque fuera amigo de nadie, sino porque trabajaban bien y hoy siguen en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)", dado que tras ser despedidos pasaron a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y de ahí se integraron en el SAE.

A preguntas del tribunal, el acusado ha explicado que los términos concretos de ese "contrato verbal" al que llegó con Guerrero fue el siguiente: Guerrero le dijo "vamos a necesitar unas personas para unos trabajos puntuales, ¿Umax puede hacerse cargo?", y a partir de ahí pactaron una comisión del 20% de beneficio para la empresa.

Guerrero "no me dijo que contratara a nadie"

El abogado Rafael Ramírez García del Junco, que defiende a Javier Guerrero, le ha preguntado al dueño de Umax si el entonces director de Trabajo "sacaba algo" con estas contrataciones, a lo que el acusado ha respondido "usted no conoce a Guerrero, si le llevo un bolígrafo en Navidad hubiera tenido un problema". El acusado también ha negado que le diera indicaciones o instrucciones para que contratara a nadie. "A mí no me dijo que contratara a nadie, aunque le puede haber dicho a alguien que enviara su curriculum a Umax, y si cuela, cuela", ha expresado el procesado.

La abogada de la Junta, que ejerce la acusación particular le ha preguntado por la contratación de un sobrino de la mujer del ex director de Trabajo Juan Márquez -que sucedió a Guerrero- y el acusado ha señalado que fue contratado porque les envió su curriculum y lo seleccionaron porque "ya conocía la Administración pública" y es después cuando tiene conocimiento de la relación de parentesco con el director general.

Ulpiano Cuadrado también ha defendido la capacidad de trabajo de Javier Guerrero, del que se quedaba muchas noches en la oficina, hasta el punto de que bromeaban diciendo que "se creía que iba a heredar la Junta". Javier Guerrero, ha continuado, "hoy es lo peor en Andalucía, España y el mundo, pero era un trabajador incansable y con una capacidad de liderazgo tremenda".

El propietario de Umax ha rechazado igualmente que "Umax se creara para hacer enredos con la Dirección General de Trabajo" y ha indicado que hay cinco empresas que trabajaban igual que Umax con la Junta que no han sido enjuiciadas y la única diferencia con ellas es que él reclamó que le pagaran la deuda.

La investigación de este caso se inició precisamente tras recibir la Junta dos escritos de 9 de marzo y 6 de agosto de 2012 por parte del administrador de Umax, en el que solicitaba la “convalidación del gasto, reconocimiento extrajudicial del crédito y reconocimiento de deuda por importe de 1.550.114,67 euros”.

El acusado ha reconocido que esta reclamación no se fundamenta "en ningún contrato", dado que todo surgió a través de un "contrato verbal" con Guerrero, y ha añadido que entre 2003 y 2006 recibió los pagos, aunque no todo el dinero, y la reclamación de la supuesta deuda se refiere al periodo comprendido entre 2007 y 2010.

Sobre la documentación que consta en la causa, ha señalado que las facturas "no existen" y se deben a un "fallo" que tuvo su anterior abogado, al que le dio "un supuesto" de cómo facturaba y "por error el abogado la metió en una de las reclamaciones".

Con respecto al también acusado Daniel Alberto Rivera, director general de Trabajo que sucedió a Juan Márquez, el acusado ha afirmado que cuando le explicó en torno a junio de 2010 que no le pagaban, "se quedó helado, se asustó y dijo que esto no podía seguir así, que tenía que dar de baja a los trabajadores", en una conversación en la que también estaba presente la secretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina, también procesada. El acusado ha dicho que Rivera y Lourdes Medina le dijeron que eso "no era correcto y que mañana mismo están fuera" esos trabajadores.

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