Las fiscalías provinciales están recibiendo la documentación sobre el posible fraude cometido por cientos de empresas andaluzas con las ayudas a la creación de empleo concedidas por la Unión Europea. De este modo, la Fiscalía Superior de Andalucía remitió ayer a la Fiscalía de Sevilla toda la documentación y las diligencias incoadas sobre la presunta estafa, que el Ministerio Público procederá a estudiar en los próximos días antes de tomar una decisión al respecto.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ya señaló la pasada semana que este supuesto "fraude", que ha sido investigado por la Guardia Civil y la Fiscalía Superior de Andalucía, afecta a empresas particulares de todas las provincias andaluzas, excepto Huelva. Según Conde-Pumpido, la irregularidad se producía cuando estas empresas recibían subvenciones por la creación de puestos de trabajo que debían mantener durante cuatro años, pero despedían a los trabajadores pasados unas pocas semanas e, incluso, días.

El consejero de Empleo, Manuel Recio, aclaró la semana pasada que su Consejería está colaborando en la investigación debido a que la Junta colaboraba con el Ministerio de Trabajo "en la gestión y el control" de estas ayudas. Aunque aún se desconoce el montante final del fraude, se estima que puede acercarse a los 24 millones de euros y estar implicadas más de 1.500 firmas andaluzas.