La subasta del Cortijo de Botafuegos queda desierta

Las 549 hectáreas del Cortijo Botafuegos siguen en manos públicas, por el momento. La subasta convocada ayer por el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied) quedó desierta y el organismo dependiente del Ministerio de Defensa tendrá que decidir ahora si convoca una nueva subasta o pasa a la venta directa. El Ayuntamiento de Algeciras obtiene así un plazo extra para reclamar las 140 hectáreas de Majadal Alto que están incluidas en la finca que el Gobierno quiere vender a pesar de que el Consistorio considera que deben ser revertidas al patrimonio municipal.

El litigio parte de 2009, cuando el Ministerio de Defensa subastó por primera vez la finca, que también en esa ocasión quedó sin ofertas. El Ayuntamiento socialista denunció entonces que 140 hectáreas dentro de ese terreno deberían ser incorporadas de nuevo al patrimonio municipal al haberse extinguido el uso militar para el que fueron expropiadas en 1970.

Defensa rechazó la queja del Consistorio y fue finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que paralizó el procedimiento. En 2013, el Ministerio volvió a ponerlo a la venta. Y ayer se formalizaba la subasta, que partía de un precio de salida de 4 millones (3,7 en segunda ronda) y que quedaba de nuevo desierta. En esta segunda ocasión, el Ayuntamiento (ahora popular) también anunció que intentaría negociar la separación de esas 140 hectáreas y acudiría a los tribunales en caso necesario, pero aún no ha concretado qué medidas ha adoptado. De hecho, el PSOE denunciaba el martes que el delegado de Patrimonio había ordenado el mismo lunes, dos días antes de la subasta, que se presentara una medida cautelar.

La finca que sale a subasta presenta grandes restricciones. Se trata de 549 hectáreas que ya aparecían como suelo no urbanizable de especial protección en el PGOU de Algeciras y que hace un mes eran incluidas dentro del Parque Natural de Los Alcornocales. La mayor parte de ellas se incluyen dentro de la denominada zona de regulación especial del Plan de Ordenación del parque, que marca los usos posibles para este suelo protegido. Y esa regulación especial significa que el objetivo principal es la conservación de los ecosistemas existentes, de los servicios que proporcionan y de la fauna y flora asociada a los mismos. "Esto requiere la conservación y regeneración de las formaciones forestales presentes y el desarrollo equilibrado del uso científico, el uso público y recreativo y las actividades primarias", puntualiza el plan. Eso se traduce, por ejemplo, en que se prohíbe pasar el terreno forestal a cultivo agrícola.

El documento establece unas limitaciones para la inmensa mayoría de la zona a la venta que afectarán a la propiedad, marcando prohibiciones y obligaciones en relación a actividades y aprovechamientos forestales, reintroducción de especies de flora autóctona, trabajos selvícolas, apertura de vías para permitir el acceso de maquinaria, usos y aprovechamientos en terrenos forestales, aterrazamientos, eliminación de residuos, actividades agrícolas, uso público, turismo, actividades deportivas, circulación de vehículos... Así, se prohíbe "la instalación de aeropuertos y aeródromos, la ubicación de vertederos de residuos de plantas de tratamiento, la construcción de pozos ciegos, la ubicación de parques de maquinaria o la instalación de centrales térmicas y nucleares".